España asegura a los Veintisiete que su propuesta para oficializar el catalán, gallego y euskera en la UE no servirá para otras lenguas minoritarias

España ha reiterado este martes a los Veintisiete, por medio de una carta firmada por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que su propuesta para hacer del catalán, euskera y gallego lenguas oficiales de la Unión Europea (UE) es un traje tan a medida que resulta prácticamente imposible que pueda servirle a otra lengua regional europea que aspire a que se reconozca su oficialidad. Esa posible aplicación a otros idiomas es una de las principales inquietudes manifestadas desde el comienzo por los socios europeos ante una iniciativa que, aunque sigue su curso en Bruselas, no tiene visos aún de ser sometida a votación, que, además, requerirá de unanimidad.

Según fuentes diplomáticas, nunca se dio por seguro que se consiguiera la oficialidad antes de que concluyera la presidencia de turno española del Consejo de la UE, en poco más de dos semanas y ante la inquietud creciente del independentismo catalán, que ha considerado los pasos hacia el reconocimiento del catalán “positivos” pero “insuficientes”.

El ministro Albares ha enviado una carta a sus pares europeos, fechada este lunes, en la que les asegura que los requisitos que propone España “establecerían un marco claro con normas exigentes para cualquier reforma futura” del Reglamento 1/1958, que fija los idiomas oficiales de la Unión.

Carles Puigdemont, que puso el reconocimiento del catalán en la UE como condición indispensable para que su formación, Junts, apoyara la investidura de Pedro Sánchez, ha reconocido que su plan inicial “no ha sido posible”, pero pide “más tiempo” para lograrlo. El expresidente catalán ha evitado cargar las culpas en el PSOE y ha señalado a los “obstáculos” que ha sembrado el PP.

En la carta, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, se explica que los requisitos propuestos por España son, “al menos” que el idioma que pretende su oficialidad tenga su origen en un Estado miembro de la UE, cuente ya con reconocimiento constitucional en ese país y que constituya una lengua de trabajo en el Parlamento nacional. Además, también se exige que se haya traducido ya una copia de los Tratados europeos a dicha lengua o lenguas y que esa versión se haya “depositado en los archivos del Consejo de conformidad con el artículo 55.2 del Tratado de la Unión Europea”. El último de los requisitos de momento —la propuesta española está abierta a ajustes—, tiene que ser iniciativa de un Estado miembro el solicitar su reconocimiento ante la UE y “haberse comprometido a asumir todos los costes derivados de su uso en las Instituciones de la Unión”, como ha hecho España.

Un informe preliminar de la Comisión Europea, adelantado por este diario la semana pasada, cifra en al menos 132 millones de euros anuales —44 millones por idioma— el impacto económico derivado de contratar a traductores e intérpretes, adaptar las bases de datos y de los sistemas técnicos. Un coste, según fuentes diplomáticas, “asumible” sin problemas por España para el catalán, el gallego y el euskera.

El objetivo, adelantó Albares este lunes a los periodistas, es ir adaptando la propuesta española a los comentarios de los socios europeos, “de forma que lo que es la propuesta española un día sea la propuesta de los Veintisiete” y pueda ser adoptada sin problemas, como espera España. La propuesta ya fue ajustada el mes pasado y remitida a las capitales europeas, tras constatar, explica ahora Albares, que “para varios Estados miembros era importante disponer de un marco jurídico claro que estableciera los requisitos que debía cumplir una lengua para ser incluida en el Reglamento.

Este martes, el secretario de Estado de la UE, Pascual Navarro, que ha viajado a Bruselas para asistir al Consejo de Asuntos Generales, ha explicado que la misiva tiene por objeto explicar “cuestiones sobre la propuesta española” y sobre las posibilidades de que siente o no —como confía el Gobierno— un precedente para auspiciar peticiones de otras lenguas minoritarias de otros países europeos.

Es la cuarta cita en la que se trata el tema de las lenguas cooficiales españolas desde que España la presentara formalmente el 19 de septiembre. En la reunión, el tema ocupó una media hora de los ministros europeos, que según fuentes comunitarias mantuvieron una “posición constructiva en general”.

Antes de entrar a las reuniones, el ministro finlandés de Asuntos Europeos, Anders Adlercreutz, había dejado claro que, para algunos países, todavía quedan bastantes cuestiones por aclarar antes de lanzarse a un voto sobre la propuesta española. “Todavía hay alguna cosa por aclarar, en líneas generales, vemos la diversidad de leguas como algo bueno que debería ser avanzado”, pero “queremos ver los detalles y ver a qué podría llevar en el futuro”, dijo. “La delegación española ha estado trabajando con los servicios del Consejo para encontrar, y lo ha explicado hoy una vez más, una solución que sea jurídicamente aceptable”, ha explicado Navarro al finalizar el consejo.

Exigencia de Junts

El reconocimiento del uso oficial del catalán en las instituciones de la Unión Europea (UE) fue una condición que Carles Puigdemont presentó como fundamental para que Junts per Catalunya avalara la reelección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. La presidencia española del Consejo de la UE podía desbloquear, según alegó Puigdemont, la aceptación formal del catalán en las instancias comunitarias.

Esta semana se cumple un mes de la investidura de Sánchez, y el reconocimiento del catalán en Europa sigue sin ser una realidad. Carles Puigdemont ha reconocido este martes que su plan “no ha sido posible”, pero pide “más tiempo”. En un escrito en las redes sociales, el expresidente catalán admite que el escenario actual supone “un incumplimiento de lo que se nos había dicho que sería posible”. El frenazo a la oficialidad del catalán en Europa supone un revés para Junts y Puigdemont, que han hecho bandera de sus supuestas dotes negociadoras. El eurodiputado instalado en Bélgica, que abandonó España en 2017 para evitar ser juzgado, indica que el camino para subir de estatus al catalán topa con varios obstáculos: “El Estado español ha tenido que deshacer en muy poco tiempo una estrategia de bloqueo que venía de muy lejos y de muchos gobiernos, tanto del PP como del PSOE”.

Puigdemont valora el compromiso adoptado por Albares, que “ha explicado las razones por las cuales nuestra lengua tiene que ser oficial en la UE, de una forma coherente con nuestros argumentos. Es un hecho inédito y positivo, pero insuficiente”. De manera paralela, el expresidente carga contra el PP: “Desde el primer día ha tenido interés en hacer descarrilar una propuesta que formaba parte de los acuerdos políticos que podían facilitar un Gobierno del PSOE y Sumar”. El argumento de Puigdemont es que el proceso es más lento de lo planeado, pero “irreversible”. “La oficialidad del catalán sigue en la agenda y es una exigencia que tiene un recorrido al que no podemos negociar”, razona el líder de Junts.

Fuentes diplomáticas españolas han insistido en que el proceso es el que es —Albares siempre recuerda el caso de referencia, el gaélico, que le llevó a Irlanda más de dos años hasta conseguir que fuera aceptado como idioma oficial de la UE— y que, en ningún caso, España piensa meter en el cajón la propuesta, ni una vez conseguida la investidura de Sánchez ni cuando acabe su presidencia europea de turno. El tema pasará a manos de la presidencia belga, bajo cuyo mandato “continuarán los trabajos”, ha asegurado Pascual Navarro.