Bruselas cifra en 132 millones al año el coste de implantar en la UE el catalán, el gallego y el euskera

Implantar como lenguas oficiales en la Unión Europea el catalán, el euskera y el gallego, como ha reclamado España, costaría al menos 132 millones de euros al año. Es la estimación que hace la Comisión Europea en un informe preliminar solicitado por el Gobierno de Pedro Sánchez para impulsar en el club comunitario las lenguas cooficiales españolas. El documento de análisis, al que ha tenido acceso EL PAÍS, cifra en 44 millones anuales por cada una de las tres lenguas el impacto económico derivado de contratar a traductores e intérpretes, adaptar las bases de datos y de los sistemas técnicos. El Ejecutivo de Sánchez, que en agosto se comprometió con los partidos independentistas catalanes a trabajar en la UE para sumar las lenguas cooficiales al régimen lingüístico de la Unión, ha asegurado que asumirá el coste si su petición prospera. La medida, no obstante, debe recibir aún el apoyo unánime de los países miembros. Y eso no está garantizado.

El Ejecutivo comunitario ha tomado como referencia para hacer sus cálculos para el caso que propone España el antecedente de Irlanda con el gaélico, según explica en su informe. Los Estados miembros analizarán el documento previsiblemente el martes, en una reunión del Consejo de Asuntos Generales en Bruselas, donde se verán los ministros de Asuntos Europeos.

Conocer el coste económico y el impacto técnico es una condición fundamental para algunos de los socios, que no han querido ahondar hasta ahora en la discusión sobre la propuesta española sin tener sobre la mesa los datos que ahora ha puesto negro sobre blanco la Comisión, liderada por Ursula von der Leyen. El documento, sin embargo, advierte de que si el Consejo Europeo avanza hacia la oficialidad de las tres lenguas sería necesario hacer otro informe más completo.

La asunción del catalán, el gallego y el euskera como lenguas oficiales de las instituciones de la UE es un asunto complicado. Además de sus connotaciones eminentemente políticas por ser una exigencia de los partidos independentistas que sostienen al Gobierno de Pedro Sánchez (algo que los socios comunitarios ya han captado), choca con ciertas reticencias: no solo de aquellos que plantean dudas técnicas y económicas sino sobre todo de algunos Estados miembros que no ven ninguna necesidad de discutir el asunto y de otros que no quieren abrir el debate por sus propias realidades internas con lenguas minoritarias.

De ahí que el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, haya intentado presentar su solicitud como una propuesta hecha a medida para las lenguas cooficiales españolas, basada en sus características especiales. Un traje en el que, según sostiene España, no cabrían otras lenguas, como el bretón o el corso (o incluso el ruso), y que, por tanto, no daría lugar a un precedente. Aun así, varios socios se han mostrado reacios a cualquier cambio.

Actualmente hay 24 idiomas oficiales en la UE, y todos son oficiales en el conjunto de sus respectivos países (algo que no ocurre con las tres lenguas cooficiales españolas, que, aunque están reconocidas en la Constitución, solo son cooficiales en algunas comunidades autónomas, no en el conjunto de España). El gaélico fue la última lengua en entrar de manera completa en las oficiales europeas, que tuvo un tiempo de transición gradual hasta convertirse en lengua de trabajo completo, según destaca Bruselas en el informe preparado para España. El documento estima que en las instituciones europeas se traducen unas 70.000 páginas de documentos al año, y calcula que se necesitaría más de una veintena de traductores-juristas y cuatro intérpretes externos para las tres nuevas lenguas. El Gobierno de Sánchez, por ejemplo, propone algo similar a ese periodo gradual que ha habido con el gaélico al determinar que priorizará el catalán —que tiene un mayor número de hablantes y para el que hay más facilidad logística— si consigue que su plan salga adelante.

El análisis del Ejecutivo comunitario remarca que para hacer una estimación más precisa habría que tener en cuenta otros elementos, como que los costes de agregar un idioma oficial dependen en gran medida de la facilidad de contratación de personal para la traducción, interpretación, revisión legal y publicaciones. También hace hincapié en el impacto de que haya o no bases de datos de terminología para alimentar la traducción automática.

Bruselas asume que, de salir adelante la medida, habría un “periodo de introducción gradual” para la logística (organización de concursos, contratación) antes de llegar a un régimen lingüístico completo. “Este régimen de introducción gradual mitigaría algunos de los costes durante el tiempo que dure”, dice el informe.

El gaélico o irlandés, que la Comisión emplea como caso de ejemplo para hacer sus cálculos en el informe, ha sido lengua de los tratados comunitarios desde 1973, cuando Irlanda se sumó. En 2007, el reclamo de ese país de convertir el gaélico en lengua oficial y de trabajo de la UE se hizo realidad. No obstante, la falta de personal de traducción y la limitación de recursos llevó a que se introdujese una excepción especial (concedida por el Consejo) y se determinó que se traduciría un número de documentos limitado. Esa excepción se ha ido eliminando gradualmente desde 2015 hasta el 1 de enero de 2022.