Las lenguas cooficiales, una caja de Pandora que Europa tiene pocas ganas de abrir

El intento del Gobierno español por incluir el catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales en las instituciones de la Unión Europea, una propuesta que ha lanzado como parte de su negociación con los partidos independentistas catalanes y vascos para la investidura de Pedro Sánchez, no va a ser fácil. La UE ya es una torre de Babel con 24 idiomas oficiales de 27 Estados miembros, idiomas a los que hay que traducir cada texto legal antes de que pueda entrar en vigor, igual que se requieren intérpretes de cada lengua en sesiones como las del Parlamento Europeo. Un enorme esfuerzo político y económico que aumenta con cada nuevo idioma que se incorpora, en un momento en el que la UE trata de controlar sus gastos e incluso, en lo que a la sección de idiomas se refiere, reducirlos.

Todo ello, cuando en la cola para ingresar en el club europeo hay todavía ocho países candidatos (Albania, Bosnia-Herzegovina, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia, Turquía y Ucrania), varios de ellos con un idioma oficial diferente a los ya institucionalizados en Bruselas —y que, por tanto, es previsible que quieran también incorporarlos a la UE—, así como otros dos “candidatos potenciales”: Georgia y Kosovo.

Bruselas se limita a responder estos días que será el Consejo de la UE quien decida —tiene que hacerlo por unanimidad— sobre la petición del Gobierno de Pedro Sánchez, que empezará a debatirse en septiembre. Es un tema “sensible”, reconocen diversas fuentes y, sobre todo, una cuestión de “voluntad política”. Todo depende, dicen, de que España logre “convencer” a sus 26 socios.

La cuestión lingüística, en una Europa donde hay unos 60 idiomas regionales y muchas susceptibilidades y conflictos internos locales, es un asunto muy delicado —una especie de caja de Pandora, advierten expertos y fuentes políticas europeas consultadas— que muchos países, como la centralista Francia, son reticentes a abrir. Por otra parte, las 24 lenguas que ahora sí son reconocidas como oficiales en las instituciones de la UE son todas oficiales en el conjunto de sus respectivos Estados, a diferencia del catalán, el euskera y el gallego, que solo son oficiales en determinadas comunidades autónomas españolas, no en el conjunto del Estado.

“Aunque el multilingüismo es un principio fundamental del orden constitucional de la UE, hay límites claros tanto en materia política como práctica que desalientan el reconocimiento de más idiomas”, dice Alberto Alemanno, profesor de Derecho y Política de la Unión Europea en la HEC Paris, para quien el Gobierno español ha hecho una promesa “que no puede cumplir”. Alemanno subraya que hay una “falta de precedentes” respecto al reconocimiento de un idioma oficial de la UE “sin que dicho idioma sea reconocido previamente como idioma oficial nacional” en todo su territorio.

El propio ministro español de Exteriores, que es quien ahora ha tramitado la solicitud, asumió ese límite en el Congreso en septiembre de 2021, recordando lo que ocurrió en 2005, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando se produjo el primer intento español de que hubiera un reconocimiento europeo de las lenguas cooficiales. “El Consejo de la Unión ya señaló entonces que los tratados actualmente vigentes no lo permiten y que las lenguas cooficiales del Estado español no pueden, por tanto, ser en este momento lenguas oficiales de la Unión Europea, porque conseguir su oficialidad conllevaría una reforma de dichos tratados”, replicó Albares a una pregunta de la diputada de ERC Marta Rosique.

En 2005, los 27 sí dieron su visto bueno a que el irlandés o gaélico se incorporara como idioma oficial de la UE (aunque en Bruselas se considera que fue sobre todo una decisión “política”, también es cierto que en su Constitución está fijado como el “primer idioma oficial”, por delante del inglés, y era un idioma de los tratados desde su ingreso en el bloque en 1973). Para el caso español, sin embargo, se acabó acordando que España podría, como ha hecho desde entonces, entre otros con la Comisión, el Consejo, la Defensora del Pueblo europea o el Tribunal Europeo de Justicia, cerrar acuerdos administrativos para el uso de una de las lenguas cooficiales, con unos costos que asumiría España. Durante una visita a Bruselas en noviembre del año pasado, Albares también instó a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, a “avanzar decididamente” en el uso del catalán, gallego y euskera en la Eurocámara, que hasta ahora lo ha rechazado. No ha habido aún una respuesta.

“Ya está bastante recogida en el acuerdo de 2005 la posibilidad del uso de las lenguas regionales”, por lo que la nueva maniobra “es un sinsentido que lo único que hace es dividirnos más como país y sociedad”, lamenta el eurodiputado de Ciudadanos Adrián Vázquez. Su formación está haciendo circular una carta “informativa” entre las representaciones permanentes de los Veintisiete en Bruselas, en la que considera “prudente que el Consejo se abstenga de convertirse en una plataforma para deliberar sobre asuntos intrínsecos a la política interna española”.

En su misiva, Cs también hace referencia a los fuertes gastos que supone la traducción (más de 2,5 millones de páginas cada año) e interpretación en 24 lenguas. Cita cifras de la Comisión Europea que estimaban ya en 2013 —el año en que se incorporó el último idioma oficial, el croata— el costo total en “alrededor de 1.000 millones al año”. Claro que, indicaba a la vez ese informe, eso es “menos del 1% del presupuesto de la UE o solo 2 euros por ciudadano” europeo.

En cualquier caso, agrega Vázquez, no es solo una cuestión de dinero, sino de tiempos. “Muchas veces, los paquetes legislativos, que en ocasiones son de urgencia, tardan porque no puedes iniciar una negociación hasta que no tengas todo traducido a las 24 lenguas oficiales. Siempre nos estamos quejando de que las instituciones europeas son lentas, y la mayoría de las veces es por las traducciones”, afirma.

Para la analista del Centro para la Reforma Europea (CRE) de Bruselas, Camino Mortera, se trata, sobre todo, de una cuestión de prioridades. “Tenemos un montón de discusiones en las que meternos ahora, temas existenciales para el proyecto de la UE para los que va a haber que negociar mucho, sobre la ampliación, China, reglas fiscales, inmigración… Y estamos en un momento en el que los equilibrios de la UE están cambiando”, recuerda. En esta coyuntura, y sobre todo ahora que España ejerce la presidencia de turno de la UE, lo que le permite priorizar algunos asuntos, se pregunta, “¿es este tema [de las lenguas cooficiales] de verdad tan importante para España como para insistir en una cuestión que requiere unanimidad y, quizás, tener que negociar —porque siempre hay un quid pro quo— para ello en otros temas estratégicamente más importantes?”