La financiación singular para Cataluña reaviva las demandas de las comunidades más castigadas por el sistema

El acuerdo para una financiación singular catalana ha reactivado las demandas del resto de territorios, en particular de los que se consideran más castigados por el actual sistema. Andalucía, la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha han redoblado sus exigencias al Gobierno para que las compense porque reciben menos recursos por habitante que la media. Esa batalla, que anticipa unas duras negociaciones para cambiar el actual sistema, amenaza incluso con complicar todavía más la viabilidad de sacar adelante los Presupuestos de 2025 por las fisuras que provoca también dentro del bloque de investidura. Compromís ya ha avanzado que no apoyará las cuentas si no se produce esa transferencia de esos fondos a la Comunidad Valenciana, que estiman que asciende a unos 1.200 millones, mientras que las dudas sobre el voto de Junts crecen por su beligerancia con el Gobierno de Pedro Sánchez por el pacto entre PSC y ERC para hacer president a Salvador Illa.

La financiación autonómica ha empezado a calentar ya el nuevo curso político. El Partido Popular ha forzado con su mayoría absoluta a que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comparezca en el Senado esta semana para dar cuenta de los pactos para una financiación singular en Cataluña. Antes, la formación de Alberto Núñez Feijóo había intentado que compareciera en el Congreso, pero su demanda no prosperó pese a contar con el apoyo de Vox y Junts. Además de dar explicaciones, Montero también deberá empezar a trabajar en unir las piezas de un rompecabezas, el de la financiación autonómica, que varios expertos consultados creen que solo puede solucionarse de una manera: con más dinero del Estado encima de la mesa. Y eso es lo que ya han empezado a pedir autonomías como la Comunidad Valenciana o Andalucía, que han armado un frente común con Murcia y Castilla-La Mancha. Estas cuatro autonomías piden 3.200 millones para disponer de los mismos recursos que la media para sus servicios públicos.

Si bien las dos comunidades más beligerantes con el cobro de esos fondos están gobernadas por el PP, la cuestión puede estallar de forma inmediata al Gobierno si decide seguir adelante con su plan de llevar unas cuentas al Congreso. El portavoz de Compromís en las Cortes valencianas, Joan Baldoví, advirtió esta semana de que no apoyará ni los Presupuestos de 2025 ni el nuevo modelo de financiación para Cataluña sin esa partida para su comunidad. Fuentes de la coalición estiman que se trata de unos 1.200 millones. El Ministerio de Hacienda declina comentar esa reclamación y sostiene que, en todo caso, todas esas demandas deberán ser negociadas. Dar ese portazo no es fácil, puesto que los acuerdos de Gobierno entre PSOE y Sumar recogen ese compromiso. “Mientras esa reforma [de la financiación] no se produzca, en los Presupuestos Generales del Estado se garantizará a la Generalitat Valenciana y al resto de comunidades autónomas infrafinanciadas la prestación de los servicios públicos al mismo nivel que el resto del Estado”, reza el documento.

Antonio Sanz, consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, explica que su comunidad reclama 1.079 millones anuales hasta que se pacte un nuevo sistema. “Es un punto de partida para equilibrar la negociación a futuro”, sostiene en conversación telefónica con EL PAÍS. “Es el mismo fondo de nivelación transitorio que reclamaba Montero cuando era consejera de Hacienda y que el PP apoyó entonces con un gobierno de Mariano Rajoy”, afirma. Sanz advierte de que la negociación debe producirse desde “la multilateralidad”, dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera. “Los acuerdos por debajo de la mesa suponen un daño irreparable”, apunta en referencia a la financiación singular catalana. Sin embargo, esas negociaciones con todo el tablero autonómico que reivindica Sanz son las que pueden obstaculizar sus aspiraciones, puesto que comunidades de su mismo color político como Castilla y León ya se han manifestado en contra de la creación de ese fondo compensatorio.

Esas diferencias entre barones del PP impedirán que el próximo viernes acudan al cónclave convocado por Alberto Núñez Feijóo con una propuesta común, más allá de denunciar los “privilegios” de la financiación singular de Cataluña. Hasta ahora Montero viene usando la baza de poner de manifiesto que los populares carecen de un modelo alternativo. No obstante, las críticas también llegan desde dentro del bloque de investidura. Compromís, Chunta o BNG han advertido de que solo respaldarán los acuerdos para investir a Salvador Illa si obtienen más fondos para sus comunidades. ERC ha sostenido que el acuerdo está blindado y hay un plan B para sacarlo adelante, pero se antoja muy complicado hacerlo sin abordar el sistema de financiación ni las demandas de todos los socios, que incluyen las quitas de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico.

Montero, que acudirá el miércoles al Senado, se ha limitado a avisar de que el acuerdo catalán no es “ni un concierto ni una reforma al uso del sistema de financiación”. Si bien su ministerio ha matizado que cumplirá con todo lo pactado por PSC y ERC, Junts ha acusado ya a los republicanos de “engañar” a los ciudadanos. El malestar de la formación de Carles Puigdemont no es inocuo: de sus siete votos puede depender que el sistema pueda tener una mayoría parlamentaria. El pacto alcanzado en Cataluña, de hecho, es casi idéntico a la propuesta de 2005 que formuló el tripartito y respaldaron 119 de los 135 diputados del Parlamento catalán —incluida CiU— y al pacto fiscal de Artur Mas aprobado en 2012. Las semejanzas llegan incluso a la fórmula para pagar los servicios prestados por el Estado a través de su participación en los impuestos.

“El principal problema es la retórica”, afirma Javier Loscos, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, quien cree que atender la singularidad catalana no es incompatible con abordar las de la Comunidad Valenciana o Andalucía. La clave de la negociación estará en la cuantía de la cuota para sufragar los servicios prestados por el Estado en Cataluña y la solidaridad interterritorial y ver si esa comunidad autónoma acaba saliendo del régimen común o bien se puede encajar su “singularidad” dentro de este, lo que a su juicio no impide el pacto de PSC y ERC. Cuando se aprobó en 2005, el PSC sostenía que ese modelo era generalizable y financiable, aunque no todo el mundo lo vio así. La otra clave, para Loscos, sería mantener el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales a la hora de reformar el sistema. “Se trata de que se corrijan distorsiones y ninguna comunidad sienta que pierde con el nuevo sistema. Y eso pasa por más recursos que deberá inyectar el Estado”, añade el profesor.