El tortuoso camino de la financiación autonómica

El proyecto de Estatuto propone, a grandes rasgos, gestionar y recaudar todos los impuestos soportados en Cataluña a través de una Agencia Tributaria que colabore con la estatal. Y posteriormente hacer dos aportaciones al Estado: una para financiar sus servicios y una segunda para la solidaridad interterritorial. No se trata propiamente de un modelo -no fija porcentajes de participación en los impuestos estatales ni establece el mecanismo de solidaridad-, pero modifica sustancialmente el esquema actual: ahora es el Estado quien recauda todos los impuestos y liquida a las comunidades.

La fórmula que aparece en el proyecto de Estatuto no exige una reforma de la Constitución sino sólo de la ley orgánica de financiación de las comunidades (LOFCA) -como ha ocurrido cada vez que se ha revisado el sistema-, y es "técnicamente generalizable y sostenible económicamente", según ha reiterado el consejero catalán de Economía, Antoni Castells. Hay quien no opina lo mismo.

"El proyecto desprende una música clara: Cataluña quiere pagar menos y equiparar los resultados a los de los territorios forales. La generalización es factible, pero muy negativa: en el caso límite, Extremadura tendría tres veces menos financiación por habitante que Madrid", asegura Ángel de la Fuente, del Instituto de Análisis Económico del CSIC. "Con el Estado traspasando competencias hacia Bruselas y las comunidades reclamando más ingresos, ¿qué le queda a la Hacienda estatal?", se pregunta.

Núria Bosch, catedrática de Hacienda Pública de la UB, sostiene que el sistema que consagra el proyecto de Estatuto "es totalmente generalizable" y no impone que Cataluña salga del régimen común, a diferencia del modelo vasco: "No fija los porcentajes de los impuestos cedidos parcialmente. Por lo tanto, el Estado tendrá recursos suficientes en función de lo que se pacte". Bosch asegura que no hay que sacar de quicio la referencia al Cupo: "Se basa en una aproximación suave -de resultados, y no de modelo- y a medio plazo". "El esfuerzo fiscal de Cataluña en términos de IRPF supera en más del 20% la media estatal, mientras que los recursos per cápita que recibe la comunidad no llegan a la media. Lo normal es que Cataluña quiera elevar esa cifra. A la vez, lo ideal sería que las comunidades forales contribuyeran a la solidaridad, en aras de una mayor convergencia de resultados".

La propuesta catalana no es el Cupo vasco. Así lo defiende el tripartito y así lo ven también los expertos. Aunque hay alguna similitud: la agencia catalana recauda todos los impuestos, aunque en este caso a título de cedidos. Sin embargo, el Cupo es una cantidad a tanto alzado, mientras que la aportación al Estado de la propuesta catalana es un porcentaje de una cesta de impuestos. Además, "hay una aportación a la solidaridad que ojalá existiera en las comunidades forales, y la agencia tributaria, a diferencia de lo que ocurre en el País Vasco y Navarra, colabora con la estatal", dice Bosch. De la Fuente defiende también que, "técnicamente, no es un cupo", pero critica "la referencia a la equiparación de resultados" y añade otro elemento polémico: "La balanza se decanta peligrosamente hacia una mayor bilateralidad. El sistema actual ya tiene elementos bilaterales, pero el proyecto eleva demasiado el listón".

¿Debe una comunidad autónoma rica fijar criterios de solidaridad? "El Estatuto sólo enuncia principios generales, deja claro que la solidaridad se pactará de forma multilateral", dice Bosch. Para el investigador del CSIC, por vagas que sean, las referencias a la solidaridad "chocan con el artículo 138.1 de la Constitución, aunque muchos de los principios que enumera introducen más eficiencia".

Hay otros aspectos controvertidos. En el caso del impuesto de sociedades -el único no cedido actualmente-, Bosch entiende "las reticencias del Estado a ceder más poder", pero explica que hay fórmulas "para respetar la unidad de mercado, el argumento más utilizado para rechazar la cesión".

La proliferación de agencias tributarias supone una pérdida de eficiencia, según los críticos. "Eso se evita con las fórmulas de colaboración previstas", dice Bosch, que al igual que De la Fuente rechaza la situación actual, "en la que las comunidades no tienen información sobre la recaudación y las liquidaciones llegan con dos años de retraso". La llave de la caja también preocupa. "La situación actual es anómala, pero es preferible que el Estado tenga la llave a que haya 17 llaves. Lo ideal sería una sola agencia en la que participen las autonomías", señala De la Fuente. Para Bosch, la fórmula catalana es compatible con esa solución. "Es una cuestión de interpretación, como en casi todos los aspectos polémicos de la propuesta", remacha.