El Gobierno evita hablar de concierto y se afana en defender que no solo Cataluña tendrá una financiación singular

La financiación singular para Cataluña se ha convertido en el último platillo giratorio que el Gobierno tiene que mantener en el aire en medio de las criticas del PP y la incomodidad dentro del PSOE. Las interpretaciones sobre el acuerdo fiscal entre PSC y ERC que hizo president a Salvador Illa dan para todos los gustos, pero para La Moncloa es evidente: el pacto no va en contra de la igualdad entre españoles y permitirá “profundizar en el autogobierno” en Cataluña garantizando “la solidaridad interterritorial”, ha esgrimido Pilar Alegría. Y, sobre todo, Cataluña no sería la única autonomía con un trato singular.

La portavoz del Gobierno, a la que le ha tocado este martes defender en la solemnidad de La Moncloa el acuerdo en el arranque del curso político, ha asegurado que otras comunidades “reciben una financiación también por su singularidad, como el caso por ejemplo de Baleares”. Otro voz autorizada de la dirección del PSOE, el portavoz en el Congreso, Patxi López, ha reforzado esa idea a trazo grueso. “La financiación singular autonómica siempre ha sido así en España y siempre lo va a seguir siendo porque cada comunidad tiene su singularidad y sus necesidades”.

Alegría y López han sido muy cuidadosos y no han hablado en ningún momento de “concierto económico”. Una definición que remite al modelo vigente en Euskadi que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, negó la semana pasada. “Quien diga lo contrario, miente”, sentenció. “Es un concierto”, le replicó el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que en una entrevista en EL PAÍS tildó de “confederal” el nuevo modelo de financiación. El consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha compartido este martes su escepticismo: “Yo no lo llamo un modelo especial, yo lo llamo concierto. Y lo puedo decir yo y lo puede decir la literatura académica. El acuerdo que se ha alcanzado entre el PSC y Esquerra con el respaldo del Gobierno es un concierto, aunque la ministra nos llame mentiroso”, ha afirmado.

El Gobierno, que de momento sigue sin poner fecha para la celebración de un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), ha reiterado su “compromiso con Cataluña y también con el resto de las comunidades autónomas” apelando a las partidas multimillonarias de las entregas a cuenta con las que el Ejecutivo ha regado de millones a los territorios en contraposición a lo que sucedió durante el mandato de Mariano Rajoy, que llegó a La Moncloa con la economía en estado crítico. “El compromiso del Gobierno de España es absoluto en materia de financiación autonómica y para la mejora de los servicios públicos que prestan las comunidades autónomas. Y eso se demuestra con hechos”, ha recalcado Alegría, que ha repetido la cifra de 300.000 millones de euros “que facilitan y posibilitan esa homologación de los servicios públicos” que la Administración central dará a las comunidades entre 2019 y 2025.

La ministra socialista ha reivindicado al Gobierno, e implícitamente al PSOE, como el garante de unos servicios públicos que estén dotados de los recursos necesarios. La alternativa la presentaría el PP, al que ha asociado con los recortes sociales y la rebaja de impuestos a las rentas altas en la que Madrid, que no grava patrimonio y elimina en la práctica el impuesto de sucesiones y donaciones, se ha convertido en el modelo a seguir. “Como no se garantiza la igualdad en nuestro país es a través de recortes o a través de esos dumpings fiscales que algunos pretenden promover”, ha cargado Alegría. “La mayor igualdad entre españoles se garantiza así, con recursos históricos como ha trasladado el Gobierno de España, con una cantidad histórica de 300.000 millones que permite a las comunidades autónomas una mejor sanidad, una mejor educación, una mejor dependencia”, ha apostillado. “A la gente no le importa quién recauda sino qué se hace con lo recaudado”, ha referido López, acerca de uno de los puntos más espinosos del acuerdo entre el PSC y ERC, que establece que “la gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los impuestos en Cataluña corresponden a la Agencia Tributaria de Cataluña, salvo los de naturaleza local”.

Los socialistas se aferran a la falta de una propuesta homogénea para reformar el sistema de financiación del PP, que preside 11 comunidades y las ciudades de Ceuta y Melilla y cogobierna en Canarias, para desviar la atención por las dudas y lecturas diferentes que genera el pacto suscrito con ERC. El PP ha escenificado esta semana un frente común contra la financiación para Cataluña, pero sigue sin poner sobre la mesa un plan de reforma conjunta. Los barones incluso han firmado un manifiesto para mostrar que “no hay ninguna fisura” en “defensa de la igualdad” aunque Génova no ha cerrado la puerta a que puedan aceptar acuerdos bilaterales para la quita de la deuda con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). El Estado asumiría de 50.000 a 72.000 millones de deuda para extender la quita de 15.000 millones a Cataluña a otras autonomías.

Hay otro argumento que el Gobierno esgrime contra el PP: la contradicción en la que incurren los populares, dicen, al no permitir que se apruebe una nueva senda de estabilidad presupuestaria más ventajosa para todas las administraciones, incluidas las comunidades autónomas y ayuntamientos donde gobierna el PP. Según los datos del Ejecutivo, si en julio hubieran prosperado los nuevos objetivos de déficit (los tumbaron PP, Vox y Junts en el Congreso), las comunidades autónomas dispondrían de 6.000 millones más y los ayuntamientos habrían sumado 4.500 millones.

Pese a los intentos de Ferraz y La Moncloa de reorientar el debate, sus argumentos siguen sin convencer a todo el PSOE. La Junta de Castilla-La Mancha ha explicitado por enésima vez su rechazo. Su consejero de Hacienda ha ironizado con que el CPFF ya no va a ser convocado por la ministra de Hacienda sino por la consellera de Hacienda del Govern de Illa, “porque va a ser Cataluña, si se lleva a cabo este acuerdo, quien decida lo que dinero que vamos a disponer a resto de comunidades autónomas”. Ruiz Molina cree que no saldrá adelante “porque es un fragante ataque al principio de igualdad que se reconoce en la Constitución”.