Montero rechaza que el acuerdo con ERC sea un concierto económico: “Quien diga lo contrario, miente”

La vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha negado este miércoles que la financiación singular pactada entre el PSC y ERC en Cataluña para investir a Salvador Illa se traduzca en un concierto económico para la comunidad. “Ni es un concierto económico ni es una reforma al uso del sistema de financiación”, ha afirmado la también ministra de Hacienda en una visita al municipio de Rota (Cádiz). “Y cualquiera que diga otra cosa, miente”, ha zanjado, rompiendo el silencio que ha mantenido durante semanas, como la plana mayor del PSOE, durante las negociaciones del PSC con ERC para salvaguardar el acceso de Salvador Illa a la presidencia del Govern. ERC ha amenazado horas después a Montero con tumbar los Presupuestos de 2025 —sus siete escaños y los otros siete de Junts son necesarios— si los socialistas se desentienden “de su palabra con la financiación singular u otras medidas incluidas en el acuerdo” que convirtió a Illa en president. Tras la advertencia de sus socios, fuentes gubernamentales han insistido en que “más allá de los debates nominales, la vicepresidenta primera y el Gobierno reiteran el compromiso de cumplirlo el acuerdo entre PSC y ERC de la a a la zeta” pero al mismo tiempo han reiterado que el pacto suscrito “es muy potente y relevante pero no es como el concierto vasco”.

Montero, muy consciente del malestar no solo de los presidentes autonómicos del PP sino también de los barones socialistas por la falta de concreción y las dudas que suscita el acuerdo con los republicanos, basado en el compromiso de “impulsar un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal” de Cataluña, ha sostenido que la nueva relación fiscal que tendrá esta comunidad con el resto del Estado tiene como “núcleo” la “solidaridad” necesaria para hacer que la prestación de los servicios básicos en todo el territorio sea “homologable”. La número dos del Ejecutivo y del principal partido del Gobierno ha recordado que la fórmula del concierto se ciñe solo al País Vasco y Navarra y ha acusado al PP de volver a usar la “confrontación con Cataluña” con el único propósito de hacer oposición al Gobierno. Desde el Partido Popular, el vicesecretario de Economía, Juan Bravo, ha ironizado a través de X con las palabras de la vicepresidenta primera: “Si la sra. Montero dice que no habrá concierto y que el acuerdo será bueno para España, solo hay dos certezas: que seguro que habrá concierto y que seguro que no va a ser bueno para España”.

El PSOE se ha dado casi un mes de margen para empezar a hacer en público la pedagogía que le demandaban sus líderes territoriales para defender el acuerdo con Esquerra en el resto del país. Montero ha querido lanzar a la vuelta de vacaciones un mensaje de “tranquilidad” para todos los territorios. En las últimas semanas, las comunidades del PP han atacado al Gobierno por los acuerdos alcanzados en Cataluña para sellar una financiación singular y desde Génova se ha anunciado una cumbre de presidentes del partido para hacer un frente común contra esos pactos el próximo 6 de septiembre. El malestar, sin embargo, también se ha expresado en distinto grado en las autonomías socialistas de Castilla-La Mancha y Asturias y lo comparten referentes socialistas como Josep Borrell, alto representante de la UE, que ha tildado como “confederal” y una victoria “post mortem del procés” el modelo de financiación pactado, en una entrevista con EL PAÍS.

Frente a las críticas de unos y otros, especialmente a las de sus propias filas, Montero ha intentado lanzar un mensaje de calma. “Tiene haber una tranquilidad en todos los territorios sobre lo que el Gobierno impulse para hacer viable esa aspiración [de la Generalitat]; va a ser bueno para el conjunto del Estado español”, ha afirmado Montero, quien ha acusado al PP de no tener “ninguna propuesta” para reformar el modelo de financiación. Y también ha lanzado un recado a Borrell: “Todos sabemos su relación peculiar con Cataluña y con todo lo que implicó, algo que pertenece al pasado, como el procés. El Gobierno trabaja para el futuro (...) No aporta una solución, pero respeto la opinión de Borrell. Ha hecho un trabajo magnífico con Ucrania y Palestina definiendo la postura europea”.

Si bien es cierto que el acuerdo no habla de un concierto económico, desde ERC sí se consideró que se había pactado esa fórmula con el PSC, aunque con la diferencia de que se incluía una cuota para la solidaridad con el resto de territorios. De las palabras de Montero se desprende que ahí estará el meollo, puesto que ha garantizado que esa aportación garantizará que se prestarán los servicios públicos en igualdad de condiciones en todas las comunidades autónomas. Pero ha negado que se trate que el modelo catalán pase por la vía vasca o navarra. “Siempre los nuevos acuerdos han consistido en una mayor autonomía fiscal pero han estado presididos por la solidaridad para asegurar la homologación de los servicios públicos”, ha insistido.

Montero ha añadido que la existencia de un “modelo singular” para Cataluña no supone “ningún agravio” para el resto de comunidades, como, a su juicio, no lo supone que exista uno para las islas Canarias o Baleares y ha censurado que se plantee como tal cuando la propuesta viene del territorio catalán. “Es muy importante que todo el mundo sepa que cualquier acuerdo estará presidido por una mayor concesión de autogobierno, una mayor federalización del Estado y una garantía de la igualdad y solidaridad que está en el núcleo del acuerdo con ERC y del ideario del PSOE”, ha agregado. Pedro Sánchez recalcó e 31 de julio, en su balance del final del curso político en La Moncloa sobre el acuerdo de investidura de Illa recién conocido, que se estaba “dando un paso en la federalización del Estado”.

El optimismo que el presidente del Gobierno desplegó no fue ni mucho menos unánime a lo largo del PSOE. Varios secretarios generales del federaciones socialistas han solicitado la convocatoria del Consejo de Política Federal, el órgano del que forman parte todos los líderes territoriales, que no se reúne desde septiembre de 2022 en Zaragoza: entonces los socialistas presidían nueve comunidades y cogobernaban en otras dos. El desastre electoral en las autonómicas y municipales de mayo de 2023 redujo enormemente su músculo territorial, limitado a las comunidades de Castilla-La Mancha, Asturias y Navarra. El PSE-EE ha renovado tras las vascas el gobierno de coalición con el PNV en Euskadi en una posición más reforzada, pero el gran cambio desde entonces se ha producido con la incorporación de Cataluña, la segunda comunidad más poblada y con más PIB, a las autonomías socialistas. “Nuestra posición en materia de financiación autonómica está clara, muy definida: nunca vamos a aprobar ni votar a favor de ninguna reforma que perjudique a Asturias”, señaló el lunes el presidente del Principado, Adrián Barbón. “Leo siempre con muchísima atención a Josep Borrell, como no puede ser de otra manera. Siempre está a favor del partido, haciendo campaña como hizo en las elecciones europeas o en las generales”, abundó tras la agitación interna que ha generado su desmarque de los términos económicos del pacto con ERC.

La visita de Montero a Rota, habitual los últimos veranos, ha servido para que su Ministerio y el Ayuntamiento traten la financiación extra que recibe este municipio —de entorno a dos millones de euros— por la presencia de la base militar de uso conjunto con Estados Unidos. Montero ha referido ese reconocimiento como un ejemplo de singularidad que no colisiona con el principio de solidaridad para el resto. “Como esto, existen muchos ejemplos en España. Hoy Cataluña ya tiene una financiación singular, por lo que es compatible con un modelo de financiación que sea justo con el resto del territorio”, ha aseverado. El resto de comunidades autónomas del régimen común —es decir, todas salvo Euskadi y la comunidad foral de Navarra— están en alerta porque el acuerdo con ERC recoge que el establecimiento de un nuevo modelo de financiación para Cataluña estará “basado en la negociación bilateral con el Estado” y se debería formalizar en el primer semestre de 2025. Dentro de los compromisos destaca además que la Agencia Tributaria catalana asumirá las competencias de “recaudación, gestión, liquidación e inspección de todos los tributos generados en Cataluña”. Pese a salir del régimen común, el pacto sostiene que la Generalitat pueda seguir participando en organismos multilaterales, como el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que requiere una mayoría en el Congreso que ahora mismo no se da, es otro de los aspectos polémicos de la hoja de ruta acordada entre socialistas y republicanos.

La vicepresidenta primera ha lamentado también que la reforma del sistema de financiación autonómica, pendiente de renovar desde 2014, apenas haya conseguido avanzar por la “posición de máximos de cada territorio que impide llegar a un denominador común”. “Las comunidades entienden que si ceden de esa posición tendrían problemas electorales, por eso no se bajan”, se ha quejado Montero, que ha invitado a las partes a “cambiar la mirada” para abordar las dos cuestiones que debe contemplar el sistema: “suficiencia de recursos para todos los territorios y la igualdad en la prestación de los servicios públicos”. Ante esa situación, la titular de Hacienda ha ido más allá al pedir a las comunidades que “se inspiren en el acuerdo con ERC para poder explorar otras rutas que permiten satisfacer esas demandas de autogobierno que tienen los territorios sin que ello implique quebrar la solidaridad del conjunto del territorio”.