Sánchez convocará el Congreso Federal del PSOE en noviembre para activar la renovación del partido

El PSOE llegará al próximo verano con sus liderazgos territoriales renovados. Pedro Sánchez disponía hasta otoño de 2025 para convocar el 41º Congreso Federal pero ha decidido acelerar los plazos y que la gran cumbre de los socialistas sea en noviembre, según confirman a EL PAÍS distintas fuentes socialistas, que apuntan a que la ciudad elegida será Sevilla. El ejecutiva federal aprobará el lunes la celebración del comité federal, máximo órgano del partido entre congresos, el sábado 7 de septiembre con un objetivo: rearmar al partido, ganando un año sobre el calendario máximo previsto —el anterior Congreso Federal fue en octubre de 2021 en Valencia—, con vistas al próximo ciclo electoral. Las prisas del PSOE se deben sobre todo a que las elecciones en Andalucía, donde Juan Espadas tiene una gran contestación interna, serán como muy tarde en junio de 2026.

El adelanto del Congreso Federal le permitirá a Sánchez acometer una renovación de la ejecutiva actual donde, sin cónclave de por medio, se han producido cambios tan relevantes como la renuncia de Adriana Lastra, quien fuera la número dos de Sánchez, y su relevo por María Jesús Montero. Tanto los incondicionales como críticos internos con Sánchez coinciden en que la dirección actual es muy numerosa, con medio centenar de miembros, y por tanto ineficaz. El Gobierno y el PSOE ya profundizaron en enero, en la Convención Política de A Coruña, en la fusión por la que Sánchez apostó en Valencia con las incorporaciones de los ministros Óscar Puente, Elma Saiz, Jordi Hereu y Ana Redondo. Pero solo un Congreso Federal justificaría una remodelación formal y a conciencia de la dirección socialista. Su celebración será la primera estación de la hoja de ruta que tienen pensada en el cuartel general del PSOE. La mirada es a larga distancia: activar la renovación de toda la estructura del partido. Y eso solo lo garantiza un Congreso Federal: los estatutos del partido establecen que los meses siguientes tendrían lugar, en cascada, los congresos regionales, comarcales y locales. Siete de los 17 líderes territoriales llevan tres años en el cargo. Los más veteranos son García-Page, Lambán y Francina Armengol, la expresidenta balear y actual presidenta del Congreso, al timón de sus federaciones desde 2012. La presidenta navarra, María Chivite, dirige su federación desde 2014, como Luis Tudanca en Castilla y León. El presidente asturiano, Adrián Barbón, fue elegido secretario general de la FSA en 2017, como Pablo Zuloaga en Cantabria y Ángel Víctor Torres en Canarias.

Los secretarios generales distanciados de Sánchez hacen otra lectura más: el Congreso Federal amortiguará el malestar interno con el último pacto con los independentistas y su impacto electoral en el resto de España. Además se producirá en un otoño en los que Junts aclarará su liderazgo en el congreso en octubre y ERC en noviembre. Un panorama imprevisible en el que el Gobierno tiene el reto de aprobar los Presupuestos Generales de 2025. Su prórroga, que sería la segunda consecutiva y la sexta en una década, está sobre la mesa. Sin olvidar la crisis de Gobierno que Sánchez deberá acometer si la vicepresidenta tercera Teresa Ribera es finalmente comisaria europea. Otro ministro, José Luis Escrivá, tiene papeletas para ser gobernador del Banco de España. El Gobierno debe nombrar a la persona elegida antes del 10 de septiembre. Nadie en el PSOE ni en el Ejecutivo se atreve a descartar más cambios: la última palabra la tendrá Sánchez.

En medio de tanta incertidumbre, la necesidad de dar un revulsivo a Andalucía es uno de los factores claves que han propiciado que Sánchez se decante por no esperar a la primavera para celebrar el cónclave federal y activar el calendario. A pesar de la progresiva recuperación en la federación andaluza, los números no salen en La Moncloa y Ferraz, donde son conscientes de que el músculo de Salvador Illa en Cataluña no es suficiente para retener el Gobierno en las siguientes elecciones generales y por eso necesitan mejorar los resultados en el resto del país. Una remontada muy ardua tras el desgaste acumulado por la ley de amnistía el último año y desde hace un mes por la financiación singular para Cataluña, que ERC y los barones críticos consideran un concierto económico similar al de Euskadi.

La comunidad más poblada de España no es la única preocupación del PSOE, que en las elecciones municipales y autonómicas de 2023 perdió casi todo su poder territorial. El movimiento de Sánchez tiene una explicación añadida: Javier Lambán, expresidente maño y secretario general de la federación de Aragón, ha anunciado que no se presentará a la reelección pero ha dejado claro que no convocará un congreso extraordinario para adelantar el debate sobre su sucesión. Lambán es, junto al presidente de Castilla-La Mancha, el crítico más ferviente en público de la estrategia de distensión de Sánchez para Cataluña. La ejecutiva aragonesa rechazó el jueves, con la ausencia de los integrantes de la provincia de Huesca, el acuerdo fiscal para Cataluña al considerarlo “lesivo” para los intereses de la comunidad. Otra expresidenta, la riojana Concha Andreu, de la cuerda de Sánchez, también ha comunicado que no seguirá al frente de su federación, pero no ha convocado un congreso. Extremadura, la Comunidad Valenciana y Galicia han resuelto sus relevos en procesos extraordinarios en los últimos meses.

El presidente urgió a “consolidar” los liderazgos en las comunidades autónomas tras el varapalo de las elecciones gallegas de febrero. Los socialistas fueron arrollados por el BNG y obtuvieron su peor resultado. La reflexión de Sánchez era que debían buscarse perfiles “que incluso trasciendan la marca” del PSOE, es decir que aportaran a las siglas y atrajeran a los votantes menos ideologizados. El líder aseguró entonces que el debate nacional, marcado por la amnistía a los encausados del procés, no había influido en el revés gallego. Las vascas dieron un respiro en abril, con un PSE-EE reforzado, y en las catalanas de mayo se logró un éxito que ha valido el primer president socialista en década y media. Un mes más tarde, Sánchez transmitió en su análisis de las europeas con la cúpula del PSOE su preocupación por el resultado obtenido en Madrid y Andalucía. El PP duplicó la distancia de votos que le sacó a los socialistas en en las generales del 23-J, pasando a 700.000 y con cuatro puntos de diferencia. El PP aventajó en 350.000 votos al PSOE en su bastión de Madrid. En el caso de Andalucía, el PP se impuso por más margen que la media nacional, con una diferencia a favor de 166.000 votos y 5,7 puntos. Unas diferencias que, añadidas a la crisis de Sumar y la división del espacio a la izquierda del PSOE, pueden costar La Moncloa.