Canarias, pendiente del PP para el reparto obligatorio de menores inmigrantes entre autonomías

El sol cae implacable sobre el arbolado Parque San Telmo de Las Palmas de Gran Canaria. Es uno de los puntos neurálgicos de la ciudad, rodeado por la estación de guaguas (autobuses), la Capitanía Militar y la calle Triana, una de sus zonas comerciales más exclusivas. Este es el lugar que frecuentan diariamente decenas de los casi 6.000 menores migrantes no acompañados tutelados por el Gobierno de Canarias en los centros de acogida de la comunidad. “Nos gusta aquí”, responde en lento castellano uno de ellos. Asegura tener 15 años. ”Antes estábamos arriba, en el campo. Ahí no había nada que hacer”. Aquí, admite, también se limita a ver pasar los días. “Pero al menos es la ciudad”.

Estos niños aseguran percibir la desconfianza que genera su presencia en las islas. “Todos nos miran”, lamenta. Ignoran, sin embargo, que buena parte de su futuro se juega este martes a 1.740 kilómetros del parque. El Congreso de los Diputados vota la toma en consideración de la propuesta para obligar a todas las comunidades autónomas a repartir la acogida de menores migrantes no acompañados cuando los territorios de llegada, principalmente Canarias, Ceuta y Melilla, se encuentren sobrepasados. La proposición prevé una reforma de la Ley de Extranjería que regulará esta distribución por toda España ―hasta ahora ha sido voluntaria y está lejos de haber funcionado― y ha sido elaborada en los últimos meses por los equipos del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres (PSOE), y su sucesor en la presidencia canaria, Fernando Clavijo, (CC).

La reforma se ha convertido en la última excusa para la batalla política nacional. Ha provocado incluso antes de debatirse que Vox rompa los pactos de Gobierno en cinco comunidades con el PP y que amenace con romper en los ayuntamientos que cooperen con la inmigración. En Canarias, sin embargo, la cuestión va más allá. El archipiélago lleva años desbordado por el desembarco de menores que viajan solos en los cayucos. Solo durante este fin de semana, al menos, 780 migrantes han alcanzado las costas españolas. La mayoría de las pateras se dirigían a Canarias y todos los inmigrantes fueron rescatados, a excepción de dos personas, cuyos cadáveres fueron lanzados al mar por sus compañeros de travesía. Desde el viernes, también ha habido llegadas de embarcaciones a diferentes puntos de Andalucía y hasta a la isla de Cabrera, en Baleares.

Pero ya desde octubre pasado los servicios de acogida están colapsados: “Estamos en emergencia”, “pedimos auxilio para atender a los niños y niñas” o “somos incapaces de preservar los derechos de los niños” son algunas de las descripciones empleadas por el propio Fernando Clavijo en el último mes para referirse a la situación en las islas.

Postura clave

La clave de la votación de este martes la tiene el Partido Popular. No solo porque es la principal fuerza parlamentaria y gobierna en 11 de las 17 comunidades autónomas ―que son las que finalmente han de aplicar el acuerdo―, sino porque su voto resulta decisivo a la vista de que Junts, uno de los socios del Gobierno en el Congreso, ha anunciado que votará en contra.

El PP ve con recelo el acuerdo entre el Gobierno de Madrid y el de Canarias. En los últimos días, los populares parecían no cerrarse del todo a una hipotética abstención, siempre que el Ejecutivo hiciera alguna cesión previa a la votación, como la declaración de emergencia migratoria en todo el territorio nacional, la intervención de la Fiscalía para garantizar que no se confundan menores de edad con mayores, la presentación de un plan de política migratoria o un compromiso financiero que cubra la acogida de los menores hasta su emancipación, que puede ir más allá de los 18 años. Este domingo, sin embargo, el PP despejó las dudas y dejó claro su rechazo.

Entre el 1 de enero y el 15 de julio han llegado a Canarias por vía marítima 19.793 personas, lo que supone un incremento del 160% respecto al mismo periodo de 2023, según el balance del Ministerio del Interior. Este aumento, con todo, se debe fundamentalmente al repunte de llegadas que hubo a principios de año: solo entre enero y febrero se registraron 11.932 migrantes. Desde entonces, el ritmo ha bajado: 1.183 en marzo, 2.800 en abril, 1.135 en mayo, 2.140 en junio y 536 en la primera mitad de julio.

A diferencia de lo que sucedió a principios de la década, cuando la pandemia de la covid campaba por el mundo, las derivaciones a la península de los adultos han sido ágiles. Cuestión distinta es la de los menores que llegan sin tutor ―7.398 solo en 2023―. Su tutela pasa entonces a ser de las comunidades autónomas. “Las competencias en materia de infancia no se pensaron para gestionar una situación tan compleja como esta”, se quejó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, a sus homólogos en la conferencia sectorial celebrada en Tenerife el pasado día 10.

La situación ha obligado al Ejecutivo canario a desplegar, según sus datos, 50 centros en lo que va de legislatura hasta llegar a los 80 actuales. Asegura gastar 13,5 millones de euros mensuales, a razón de 90 euros por día y menor, y tener dificultades tanto para encontrar espacios adecuados donde abrir nuevas instalaciones como para contratar personal requerido. Muchos de los dispositivos están lejos de ser aceptables para que en ellos residan niños y adolescentes. Algunos son macrocentros en los que se hacinan en literas. Otros, como la Casa del Mar en Lanzarote o el Acorán en Gran Canaria, presentan condiciones “pésimas”, “lamentables” y en “alarmante estado de deterioro”, según los calificativos de un grupo de abogadas y de la Fiscalía.

Tensiones

El colapso amenaza incluso con crear tensiones entre islas. “Estamos ante una situación desequilibrada, desproporcionada e injusta”, afirmó recientemente el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales. Según sus datos, del total de menores migrantes no acompañados acogidos en el archipiélago, la isla alberga a más 3.500, es decir, casi un 67%.

Esta situación llevó a Coalición Canaria a imponer al PSOE como condición para la investidura de Pedro Sánchez ―entre otras exigencias― una modificación legal para lograr la derivación obligatoria de los menores migrantes no acompañados. Este acuerdo se plasmó en un texto entre el Gobierno central y el canario que sellaron a mediados de junio, que recoge un mecanismo que se activará cada vez que una comunidad autónoma supere en un 150% su capacidad de acogida. La reubicación en otras comunidades se hará teniendo en cuenta una combinación de criterios como la renta, el desempleo y el número de menores ya acogidos, un modelo que ya habían aprobado las comunidades autónomas para repartos voluntarios y reducidos.

Tanto Torres como Clavijo advirtieron desde el momento mismo de anunciar su acuerdo que era imprescindible el concurso de las demás fuerzas parlamentarias. Sobre todo la del Partido Popular, socio de Gobierno de Coalición Canaria en el archipiélago, y clave en la votación que ha de abrir la derivación de menores migrantes no acompañados. Esta es la situación a la que se llega ante el examen parlamentario de este martes. Un trasiego político desconocido para tres de estos menores, que pasan otra tarde más en el Parque San Telmo a la espera de un futuro mejor. “Da igual el sitio”, sentencia lacónicamente el portavoz del trío. “Aquí o España, da igual. Queremos estudiar y trabajar”.