Cucarachas, baños sucios y comida “pésima”: la realidad del centro de menores de Lanzarote

La atención de los menores migrantes no acompañados en Canarias se adentra en la vulneración de los derechos fundamentales. Un informe elaborado por dos abogadas ha puesto de manifiesto el “pésimo estado” en el que viven 55 menores migrantes no acompañados en la Casa del Mar, en la isla de Lanzarote, un centro está gestionado por la Fundación Suma, según ha adelantado La SER. El dosier facilitado por las letradas Irma Ferrer y Loueila Sid Ahmed Ndiaye, miembros de la Red Ciudadana de Solidaridad con las Personas Migrantes en Lanzarote, contiene testimonios, grabaciones de audio, escritos y fotografías y ponen de manifiesto que las 20 habitaciones en las que residen los niños “se encuentran en pésimo estado sin reunir las mínimas condiciones de habitabilidad”. La fiscal delegada de Extranjería, Inmigración y Trata de Seres Humanos, Teseida García, ha explicado a EL PAÍS que este espacio fue inspeccionado el 6 de mayo. Posteriormente, se hicieron constar las deficiencias y manifestaron que el cierre iba a ser inminente en 15 días, por lo que las instalaciones deberían haber tenido que estar cerradas a finales de mayo.

La directora general de Protección a la Infancia, Juana de la Rosa, ha confirmado a EL PAÍS este extremo. “De hecho, nosotros comunicamos a la Fiscalía que en mayo se había tomado la decisión de cerrar este centro”, ha explicado. “¿Qué ocurre? Pues sencillamente que no tenemos infraestructuras. Tenemos una gran dificultad para encontrar nuevos dispositivos, sobre todo en la isla de Lanzarote”. Ha explicado en este sentido que ha reclamado instalaciones en desuso al Ministerio de Defensa, si bien esta petición ha sido rechazada. “Queremos cerrar el centro en la mayor brevedad posible. De hecho, esta tarde se trasladará a la isla un equipo de la consejería para verificar también el estado del centro”.

El informe y las fotografías aportadas ya han sido remitidas tanto a la Fiscalía como al Defensor del Pueblo y a la Diputada del Común (el equivalente al Defensor del Pueblo en Canarias). El documento describe un escenario tenebroso en este centro, abierto en octubre: Hay “unos espacios muy sucios, descuidados, con cables sueltos por todas partes, pinturas escamadas, sofás viejos y rotos”. Las 20 habitaciones se encuentran “en pésimo estado sin reunir las mínimas condiciones de habitabilidad”. En la cocina (en desuso, dado que la comida, “cuya calidad es pésima, según relatan los usuarios”) la sirve un el catering Boanva Canarias), se ven “unos fregaderos muy sucios, con hormigas y se reporta también la presencia de cucarachas”. Los baños “no cuentan con mantenimiento ni limpieza. No están aptos para el uso, mucho menos para menores”. La lavadora del centro “no funciona desde hace mucho tiempo. No tienen sábanas, la ropa no se limpia”. Las educadoras, de hecho, han mencionado a las abogadas “que alguna vez han visto la situación tan extrema que se han llevado a sus propias casas sábanas y ropa de los menores para lavar”.

En las paredes, se ven pintadas o inscripciones como “comida mala” o “SAMU por favor dame papeles”. Todos los extintores se encuentran debajo de una mesa en una misma sala, la cual está cerrada con llave y una sola persona dispone de esta llave. “No se sabe si estos extintores están en condiciones de funcionar adecuadamente en caso de incendio”. De hecho, las abogadas sostienen que el 14 se produjo un incendio en un pasillo. Usuarios y trabajadores tuvieron que quedarse en el exterior, “sin poder moverse durante horas, pasando frío y hambre. Cuando se fueron los bomberos, relata el documento, les indicaron que nadie tenía que pernoctar en la zona incendiada por los humos tóxicos aún presentes “y, aun así, varios usuarios pasaron la noche en esta zona”.

El personal, además del director, consta, según las abogadas, de un trabajador social, tres educadores, cuatro auxiliares, cinco mediadores. No hay personal de limpieza ni de mantenimiento. “Muchos miembros del personal no tienen formaciones específicas correspondientes a sus puestos de trabajo. Varias personas están siendo contratadas sin la cualificación adecuada” y no es infrecuente que “está generalizado por parte del equipo tratar a los adolescentes con desprecio”.

Los testimonios recabados, prosigue el texto, alertan sobre la salud mental de los niños, sobre adicciones que no están siendo tomadas en cuenta ni mucho menos tratadas como deberían. Dicen detectar cuadros de depresiones agudas y es habitual el consumo de ansiolíticos como diazepam y Rivotril, y se han encontrado envases del analgésico opioide Tramadol. Uno de los usuarios, Ibrahima Camara, falleció en febrero víctima de un atropello. Según las abogadas, sus compañeros no recibieron ninguna asistencia psicológica después tras el suceso, ni acompañamiento alguno en su proceso de duelo. Los menores, de hecho, se enteraron por la prensa, y aunque estuvieron muy afectados por el suceso, ‘’se ignoraron sus síntomas depresivos”.

La conclusión de las abogadas es igualmente demoledora. “Según los diferentes relatos, en este centro se incumple sistemática la normativa de protección a la infancia. No se respetan sus creencias religiosas, limitándoles cualquier manifestación de sus orígenes. Se cercena su identidad. Tampoco se les brinda ningún apoyo psicológico y, según los testimonios, no se sienten en un lugar seguro donde puedan expresarse, donde se responde a sus necesidades más básicas y en el que se les ofrece formaciones y ocio para ir desarrollándose y prepararse para la vida adulta”.

Reparto de menores

Esta denuncia se produce en un momento de extrema tensión en torno a la atención a los menores migrantes no acompañados. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, explicó a este periódico el miércoles que el archipiélago está “en un estado de emergencia” por las llegadas de menores no acompañados en cayucos. El Ejecutivo autonómico tutela a casi 6.000 niños y adolescentes. Según Clavijo, “con ese volumen es imposible” poder “garantizar la calidad en la asistencia”. Canarias cuenta con 80 recursos, y planea abrir carpas para poder albergar a los menores debido a la saturación. Buena parte de las esperanzas del Gobierno autonómico están puestas en la reforma de la Ley de Extranjería elaborada conjuntamente con el equipo del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Esta modificación deberá permitir que las comunidades autónomas asuman de forma obligatoria la acogida de menores extranjeros no acompañados cada vez que un territorio se vea sobrepasado por las llegadas. Esta reforma se ha encontrado con la oposición frontal de Junts y de Vox, que amaga con romper sus acuerdos de Gobierno con el PP si esta última formación apoya la reforma.

Esta no es la primera ocasión en que se denuncia el estado de los centros de acogida de menores migrantes. A finales del pasado año, un extrabajador de la Fundación Samu en la isla de Gran Canaria relataba a EL PAÍS la situación en la que se encontraba el dispositivo en el que trabajaba. “Los centros están masificados, no tenemos recursos para que salgan de aquí con una formación específica, ni con los valores éticos ni morales necesarios”. Entonces, denunció que en el centro donde trabajaba hay apenas tres duchas para más de 60 niños, y el agua caliente solo da para diez. Este viernes, ha asegurado respecto a la denuncia en el centro de Lanzarote que este no es un caso aislado. “Todo lo que refleja la denuncia en Lanzarote es lo mismo que sucedía y sucede en el centro donde yo estaba. Las condiciones en las que las fundaciones privadas están acogiendo a estos chavales es un escándalo, con la connivencia de la administración pública. Una auténtica vergüenza”.

En abril, además, el Cabildo de Lanzarote clausuró el albergue de La Santa, un macrocentro que tampoco ofrecía las condiciones mínimas. Buena parte de los escándalos, en todo caso, se han centrado en la Fundación Siglo XXI, otra de las entidades, al igual que Suma, a las que contrata el Gobierno de Canarias para gestionar los recursos. En 2022, la Fiscalía se querelló contra esta organización por abandono de familia, omisión del deber de perseguir delitos y lesiones leves en un centro ya clausurado en un complejo turístico de Gran Canaria. Un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria admitió a trámite en junio una querella de la Fiscalía Anticorrupción en la que acusa a Siglo XXI de desviar supuestamente parte de los 12,5 millones de dinero público. Anticorrupción sostiene en su denuncia que los menores malvivían en centros que presentaban un “lamentable” y “alarmante estado de deterioro”. El último episodio se produjo a finales de noviembre, cuando 12 menores denunciaron ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas haber sufrido malos tratos por parte de los educadores en otro de sus centros en la isla de Gran Canaria. Rehusaron volver a las instalaciones, y Save the Children los acogió hasta que se les asignó otro hogar.