El presidente de Canarias: “Será un fracaso de país si no garantizamos los derechos de los menores migrantes”

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (San Cristóbal de La Laguna, Tenerife, 52 años), ha dedicado el martes y el miércoles de esta semana a reunirse con los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados para recabar sus opiniones sobre la reforma de la ley de extranjería que el Gobierno de las islas ha pactado con el Ejecutivo central. El objetivo es fijar por ley que las comunidades autónomas asuman de forma obligatoria la acogida de menores extranjeros no acompañados cada vez que un territorio se vea sobrepasado por las llegadas. El líder de Coalición Canaria ha acudido a estas citas acompañado de su antecesor en el cargo, el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, el socialista Ángel Víctor Torres, con quien ha elaborado este borrador de reforma.

La entrevista, realizada por teléfono, se produce después de su reunión con el PSOE, Vox y el PP, socio de CC en el Ejecutivo canario. El grupo popular no ha cerrado su postura tras la reunión. Las comunidades que gobierna el PP fijarán su posición la semana que viene en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se celebrará en Canarias. Vox ha sido el único grupo que ha mostrado su rechazo tajante, y está por ver la posición que adopta en las cinco comunidades en las que gobierna junto a los populares.

Pregunta. ¿Se está proporcionando la atención adecuada a los menores que llegan a Canarias sin sus progenitores?

Respuesta. Tenemos 5.966 menores. Evidentemente, con ese volumen es imposible que podamos garantizar la calidad en la asistencia. Estamos teniendo dificultades para atenderlos. Empezamos el año con 60 recursos de acogida; vamos por 80. Y ya no tenemos dónde habilitar nuevos. Le hemos pedido al Ministerio de Defensa que nos ceda instalaciones y lo ha rechazado. Por ello, estamos planificando carpas y literas en los puertos, porque no hay otro espacio físico. Estamos en una situación de emergencia.

P. ¿Cómo valora el recibimiento de los grupos parlamentarios de la propuesta de reforma de la Ley de Extranjería?

R. La mayoría no solo son conscientes de la situación sino que se han mostrado colaboradores. Le han hecho algunas matizaciones al texto que hemos pactado los dos gobiernos [central y canario]. Algunas de ellas son positivas y lo han enriquecido. Hemos acordado que, una vez que tengamos culminado el documento, lo llevemos a la Conferencia Sectorial que se celebrará en los primeros días de julio en Canarias. Esta es una cuestión importante, dado que de nada sirve tener una modificación legislativa si luego las comunidades no están dispuestas a aplicarla, lo que puede terminar convirtiéndose en un foco de contenciosos.

P. ¿Cree que el grupo parlamentario popular en el Congreso ha cedido a las comunidades autónomas que gobierna la toma de decisión sobre su postura?

R. No. Son cosas distintas. Dado que las comunidades son los principales actores a la hora de aplicar esta ley, creo que el procedimiento adecuado es que este texto se cierre en consenso con ellas. En eso estamos de acuerdo. Otro tema distinto es que quien tiene que aprobar la ley es el Congreso. ¿Qué es lo que ha preferido el PP? Que busquemos el consenso en las comunidades porque así va a ser más fácil que los grupos [parlamentarios] lo apoyen. Vamos a buscar ese consenso [en la Conferencia Sectorial]. Si no se consigue, entonces veremos qué ocurre cuando lo llevemos a la votación. En todo caso, sería un fracaso como país y un fracaso como clase política si somos incapaces de ponernos de acuerdo en un procedimiento que lo único que busca es garantizar los derechos de la infancia y del menor. Porque lo que está persiguiendo el nuevo texto es que los niños y las niñas que llegan huyendo del hambre, de la muerte y de las violaciones tengan preservados sus derechos.

P. Ha recalcado que el texto legislativo está consensuado con el PP canario porque es parte del Gobierno de Canarias…

R. No con el PP canario, sino con todas las fuerzas políticas canarias, salvo Vox.

P. Si la postura de las comunidades gobernadas por el PP imposibilitase ese consenso en la Conferencia Sectorial, ¿quedaría en riesgo el pacto del Gobierno en el archipiélago?

R. Yo no voy a especular con escenarios que no sé si existen o no. Tenemos que descontaminar políticamente este proceso. Este documento es un documento del Gobierno de Canarias en su integridad, y de Canarias en su integridad, salvo Vox. Y este es un documento que ha asumido el Gobierno de España en su integridad y es el que estamos poniendo sobre la mesa. Queremos que se acuerde con consenso.

P. Una preocupación común de los grupos y las comunidades es la financiación. ¿Queda suficientemente garantizada?

R. Es una de las cosas que se va a mejorar. Entendemos que en la exposición de motivos y en uno de los puntos del texto queda recogido y se hablaba de la suficiencia financiera, que es el término técnico. Pero algunos grupos han dicho que este punto podría ser más explícito, más concreto, más claro, y será una de las cuestiones que se mejorarán en estos próximos días. Pero, en todo caso, está clara la voluntad del Estado, porque es su obligación garantizar la financiación o la ficha financiera de todo este tratamiento, no solo del menor cuando llega y es ubicado en otra comunidad autónoma, sino también durante todo el periodo mientras el menor es menor.

P. ¿Mantiene su intención de que esta reforma se apruebe en uno de los plenos antes de las vacaciones?

R. Pretendemos introducir las mejoras que algunos grupos nos han hecho llegar, y las que nos llegarán en los próximos días, y que el texto esté listo para llevarlo a la Conferencia Sectorial y que, inmediatamente después, se pueda registrar como proposición de ley o lo pueda asumir el Gobierno de España como decreto ley para que pueda ser convalidado en el último pleno de julio. Hemos recalcado que, en el caso de que se lleve a cabo como proposición de ley, sea declarada urgencia para que se pueda aprobar el 23 de julio y esté en vigor los primeros días de agosto. La ventaja del decreto ley es que entra en vigor inmediatamente después de su publicación, con lo cual podríamos empezar a atender sobre todo a los menores que llegan y van a seguir llegando.