El caos en la acogida de menores migrantes en Canarias: “Estamos poniendo en la calle a chavales inadaptados”

“Estamos poniendo en la calle a chavales completamente inadaptados”, explica por teléfono Samuel, un empleado de un centro de menores en Gran Canaria. Samuel pide no revelar su nombre real, ni el de la empresa en la que trabaja, por miedo a represalias, pero asegura desde su experiencia que la situación no invita al optimismo: “Los centros están masificados, no tenemos recursos para que salgan de aquí con una formación específica, ni con los valores éticos ni morales necesarios”. Samuel denuncia que en el centro donde trabaja hay apenas tres duchas para más de 60 niños, y el agua caliente solo da para diez. “La alimentación es lamentable porque se recurre siempre a la oferta más baja: nadie en su sano juicio daría esta comida a sus hijos. Esto vuelve irascibles a los chavales”, lamenta.

El relato de este trabajador revela las grietas en la atención a menores migrantes no acompañados que se ensanchan cada vez que las islas viven un repunte migratorio. En 2023 han llegado a las islas casi 40.000 personas, un aumento del 154% respecto a 2022, y, una vez más, el Gobierno de Canarias se ha visto desbordado en la acogida de menores, que es su competencia. Actualmente, Canarias acoge casi 4.400 niños y adolescentes que llegaron solos a las islas. “La ruta migratoria se abrió en 1994. Pero seguimos en la improvisación”, sentencia el senegalés Mame Cheikh Mbaye, presidente de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias (FAAC).

El primer tapón que provocó el repunte de otoño se produjo en las pruebas de determinación de edad, necesarias para aquellos casos en los que no resulta clara la minoría de edad. “Aquello nos desbordó a todos”, recuerda la fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez. “De repente, nos encontramos en Tenerife con la incoación de unos 1.900 expedientes de determinación de edad, como no había ocurrido nunca. Y nos dimos cuenta de que apenas había infraestructura para 20 pruebas semanales”. La magistrada explica que hubo que echar mano de una solución de urgencia, facilitada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz: entre ellas, desplazar a Tenerife agentes del servicio de criminalística de la Guardia Civil, destinar cinco fiscales, médicos forenses, funcionarios y traductores para poder tramitar los expedientes. Las pruebas, en cualquier caso, según ha denunciado el Defensor del Pueblo y ONG de atención a la infancia, están encargándose masivamente incluso en los casos en los que la jurisprudencia dicta que no es necesario (cuando el afectado es indubitablemente menor o porta documentación que lo demuestre).

Pero el problema de las pruebas es solo una de las cuestiones a resolver. Otra es cómo se ha normalizado que menores y adultos convivan en los mismos espacios hasta que se determine oficialmente la minoría de edad de los más pequeños. El problema se ha detectado en Canarias, pero muchos de esos casos se han identificado una vez estaban en la Península, adonde llegaron derivados como adultos, un hecho que suscitó “una gran preocupación” en el seno de la Fiscalía, según admite Martínez. El ministerio ha contabilizado solo en Canarias al menos unos 200 posibles menores registrados como mayores de edad. Según han explicado fuentes de la ONG Accem a este periódico, al menos otras 210 personas han manifestado ser menores de edad en los campamentos de Alcalá de Henares y Cartagena.

Ante este nuevo repunte, que ha traído miles de menores solos en cayuco, el Ejecutivo autonómico comenzó a improvisar dispositivos de emergencia. Ha echado mano de las Casas del Mar (una suerte de hoteles públicos para marinos) e, incluso, de naves industriales en polígonos. “Ya sé que una nave en Salinetas [localidad del municipio de Telde, en Gran Canaria] no es el lugar adecuado”, admitía a este periódico la fiscal superior de Canarias. “Pero es que en esos momentos era o eso o el puerto”.

En la actualidad, Canarias cuenta con 64 centros de menores, 24 de ellos abiertos desde octubre, detalla en conversación telefónica la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado (Coalición Canaria). “Seguimos en una situación de emergencia, por mucho que las llegadas hayan disminuido”, afirma. El Ejecutivo autonómico delega la gestión de los centros en fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, que cobran unos 95 euros al día por cada migrante atendido. La factura asciende a nueve millones de euros al mes, según el presidente canario, Fernando Clavijo (Coalición Canaria).

La organización que más menores acoge es Quorum 77, fundada en las islas en 2008 por la sevillana Delia García. Cuida a 1.990 niños y adolescentes en 26 centros repartidos entre Tenerife, Gran Canaria, El Hierro y Fuerteventura. “Aquí tenemos perfiles de niños con mayor complejidad comportamental”, relata en el despacho de La Fortaleza, un complejo ubicado en el municipio de Santa Brígida (Gran Canaria), rodeado de exclusivos chalés.

En este recinto reina una paz aparente. Pero esta no es siempre moneda común. El móvil de Delia García, de hecho, suena un par de veces con llamadas de empleados que comunican un incidente en otro dispositivo. “Por supuesto que hay incidentes. El tema del consumo [de estupefacientes] es preocupante. O la comisión de algún tipo de delitos. Pero fíjate el control que hay ahí afuera. Sabemos actuar cuando surgen problemas”. Señala al patio, donde, resguardados de una fuerte lluvia, 30 menores de origen magrebí juegan partidas de parchís. Mientras tanto, en un aula a pocos metros, otros tantos subsaharianos reciben clases de español con la ayuda de un traductor. “No somos más listos que nadie. La clave está en que sus necesidades básicas estén bien atendidas y disponer una ratio de educadores formados de acuerdo a los perfiles de los chavales. Pero no todos lo hacen igual…”.

Las sombras de la gestión

Buena parte de la atención a los menores la ha acaparado, durante los últimos meses, una sola entidad, la Fundación Respuesta Social Siglo XXI. En 2022, la Fiscalía se querelló contra esta organización por abandono de familia, omisión del deber de perseguir delitos y lesiones leves en un centro ya clausurado en un complejo turístico de Gran Canaria. Un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria admitió a trámite en junio una querella de la Fiscalía Anticorrupción en la que acusa a Siglo XXI de desviar supuestamente parte de los 12,5 millones de dinero público. Anticorrupción sostiene en su denuncia que los menores malvivían en centros que presentaban un “lamentable” y “alarmante estado de deterioro”. El último episodio se produjo a finales de noviembre, cuando 12 menores denunciaron ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas haber sufrido malos tratos por parte de los educadores en otro de sus centros. Rehusaron volver a las instalaciones, y Save the Children los acogió hasta que se les asignó otro hogar. Diez de esos menores han recalado precisamente en el centro que gestiona Quorum 77. García rechaza comentar este caso concreto.

La consejera, sin embargo, asegura que no se plantea dejar de trabajar con Siglo XXI hasta que no se pronuncien los tribunales. “Se han elaborado informes y estamos buscando alternativas por previsión. Pero hasta que no se produzca un fallo, hay un contrato en vigor que tenemos que cumplir”. La consejera, a su vez, ha solicitado a la Fiscalía que revise la actuación de Save the Children en la fuga de los 12 menores. “Entendemos que no fue del todo adecuada”.

Pasada la emergencia de otoño, fuentes cercanas a la Fiscalía apuntan que las secciones de menores comenzarán a multiplicar las inspecciones, e incluso que se estudiará la clausura de centros si no están en condiciones. “Primero teníamos que separar mayores y menores y ya lo hemos logrado. Pero es que si hacíamos las inspecciones antes los clausurábamos todos”. Delgado garantiza el cuidado en las aperturas. “Cuando abrimos un centro, se llevan a cabo las inspecciones para verificar que hay personal adecuado, que las instalaciones lo son, y se llevan a cabo con periodicidad una inspección”.

Mientras tanto, el Ejecutivo canario ha multiplicado las llamadas de auxilio apelando a la corresponsabilidad de todas las Administraciones en lo que respecta a los menores. “No puede ser que se determine cuántos menores se derivan en función de lo que cada comunidad decida”, sostiene Delgado. El Gobierno de Canarias lo fía todo a una modificación de la ley, una promesa que el PSOE asumió para asegurarse la investidura de Pedro Sánchez. Canarias ya trabaja en una propuesta que enviará a Madrid, aunque no está claro aún cuál será el cambio legislativo para abordar de una vez la desproporción que existe en la acogida de menores migrantes según el territorio.

“El día que dejemos de improvisar todo irá bien”, afirmó el 18 de diciembre Cheikh Mbaye en una charla ofrecida en Las Palmas de Gran Canaria. “Lo único que se hizo en la crisis anterior fue paliarla”, completa Delia García. “No se generó una estructura preventiva para futuras crisis migratorias, a pesar de que Canarias está en una posición estratégica para que esto suceda eternamente”. Candelaria Delgado asegura que el Ejecutivo ha aprendido la lección. “Si hay algo que tengo claro es que no voy a cerrar centros porque, aparentemente, hayan dejado de ser necesarios. Solicitaremos fondos europeos para crear una red de dispositivos de hasta 150 plazas”.