La Fiscalía constata que “cerca de 200 menores migrantes” fueron mezclados con adultos en centros de acogida de Canarias este otoño

La fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez (Santa Coloma de Farnés, Girona, 64 años) echa la vista atrás de lo sucedido en Canarias tras el verano. En estos cuatro meses finales del año se ha producido la mayor cantidad de llegadas de embarcaciones con migrantes de la historia de Canarias, que han hecho de 2023 el año récord en la ruta canaria (37.187 personas hasta el 15 de diciembre, el 140,4% más que en 2022) y han dejado en las islas a más de 4.500 menores migrantes no acompañados. “Los centros de menores no pueden convertirse en lugares donde lo único que se hace es ver pasar el tiempo”, afirma la fiscal, que pide “dar un futuro” a estos chavales y señala que la institución tiene constancia de que “cerca de 200 menores” fueron enviados por error a centros de acogida de adultos antes de que se detectara el fallo en la determinación de su edad. A la vuelta de Navidades, Farnés convocará una cumbre con todas las administraciones implicadas para abordar cambios en el protocolo de actuación.

Pregunta. ¿Cómo ha vivido desde su cargo la crisis migratoria sucedida después del verano?

Respuesta. En octubre llegaron a Canarias un número muy elevado de personas migrantes en cayucos y pateras, sobre todo a la isla de El Hierro, como nunca antes había ocurrido con tal intensidad y en tan poco tiempo. La isla no estaba preparada para asumir semejante volumen de personas, lo que motivó que tuvieran que ser derivadas, fundamentalmente, a la isla de Tenerife. El Gobierno de Canarias fue habilitando centros de urgencia donde poder acoger a los presuntos menores no acompañados. Centros improvisados, pero necesarios para poder atender la emergencia humanitaria. Era esto o la calle; no había más alternativas.

Pregunta. ¿Cómo se abordó, en su opinión, la atención a los menores no acompañados?

Respuesta. La Fiscalía de Tenerife se enfrentó a la incoación de unos 1.900 expedientes de determinación de edad, algo inédito. Hasta entonces, en Tenerife se estaban practicando apenas 20 pruebas radiológicas semanales. Además, en la Fiscalía había una gran preocupación ante la posibilidad de que en los centros de acogida estuvieran mezclados mayores con menores de edad, por lo que el fiscal general del Estado se puso en contacto con nosotros para dotarnos de los medios necesarios. Se creó una Comisión Fiscal y a finales de octubre se desplazaron a Tenerife agentes del servicio de criminalística de la Guardia Civil. Este equipo aportó sus propios medios materiales para poder hacer las pruebas radiológicas de la mano y de la muñeca. Además, se destinaron cinco fiscales de refuerzo, así como médicos forenses. La Dirección General de Justicia del Gobierno de Canarias proporcionó medios materiales, funcionarios y personal auxiliar (traductores) para poder tramitar los expedientes. Y el Servicio Canario de Salud incrementó el número de centros sanitarios donde poder llevar a cabo las pruebas médicas y cedió parte del Hospital del Sur. Este operativo empezó a primeros de noviembre y finalizo el 15 de diciembre. En ese lapso se resolvieron más de 1.000 expedientes de determinación de edad. En estos momentos quedan pendientes de resolver unos 300 expedientes, sin perjuicio de que en la actualidad siguen llegando a nuestras costas más pateras y cayucos.

P. Se han producido casos de menores que han sido mezclados con mayores en los centros.

R. Sí. Por una parte, al practicar las pruebas radiológicas se constató la existencia de un gran número de personas mayores de edad que se habían considerado menores inicialmente. Por otra parte, a raíz de algunas visitas a los centros de acogida, los fiscales constataron que había menores. Los centros de acogida han comunicado a la Fiscalía cerca de 200 casos que habían sido considerados como mayores de edad en un primer cribado y que después, o bien por la documentación que exhibían o bien por las dudas de los propios trabajadores, pudieran ser menores. Algunos expedientes ya concluidos han tenido que ser reabiertos.

P. ¿Cuál ha sido el papel de la Fiscalía que dirige?

R. Ha sido una labor de coordinación de todos los equipos, personas y administraciones implicados en hacer frente a la crisis humanitaria. Por un lado, si la Policía no reseñaba al presunto menor con la toma de huellas y asignación de un NIE, no era posible que la Dirección General de Protección del Menor se desplazase al centro habilitado para la práctica de las pruebas por los especialistas y, por tanto, el fiscal no podía dictar el decreto de determinación de edad. Por otro lado, ante la evidencia de que había menores mezclados con mayores de edad en los centros, la Fiscalía dictó una instrucción instando a se adoptaran las medidas oportunas para evitar el contacto entre esos dos grupos. Una vez determinada la edad, resulta fundamental proporcionar documentación a dichos menores, a fin de que puedan ser escolarizados, tener un oficio, jugar una liga de fútbol, entre otras cosas. Los centros de menores no pueden convertirse en lugares donde lo único que se hace es ver pasar el tiempo, pues, asumida la tutela de estas personas, hay que intentar darles un futuro, un oficio, una educación… En definitiva, que puedan acceder a una vida plena.

P. ¿Qué lecciones extrae de esta crisis?

R. Esta crisis humanitaria nos ha enseñado varias lecciones: la primera es que dejar pasar el tiempo sin afrontarla debidamente es la peor de las soluciones. La segunda es que para afrontarla con éxito es imprescindible, desde el primer momento, la organización y coordinación de todas las administraciones. Y la tercera es que no es un hecho aislado, sino que se está produciendo de forma recurrente y, por tanto, debemos contar con instalaciones adecuadas y permanentes para poder acoger a los menores que lleguen, se debe dotar a los Institutos de Medicina Legal de los aparatos radiológicos para realizar las pruebas, y se debe contar de forma permanente con intérpretes adecuados, entre otras medidas.

P. Nos hemos encontrado ahora en una situación parecida a la de la crisis de 2020. ¿Cree que lo sucedido a partir de octubre va a servir para crisis futuras?

R. Esta no es la primera crisis migratoria que ha afrontado el archipiélago, aunque es la primera que ha afectado fundamentalmente a la isla de El Hierro. Y es la primera en la que han arribado un muy elevado número de personas en un espacio de tiempo muy corto, con el consiguiente desbordamiento de todas las instituciones. Indudablemente, puede y debe servir de ejemplo para afrontar crisis futuras. Y con esa finalidad, después de Navidades, la Fiscalía convocará a todas las administraciones implicadas para poder establecer un protocolo de actuación y de medios. La situación vivida es un drama humano que hay que afrontar en los respectivos países de origen, pero, mientras sigamos recibiendo en las islas la llegada masiva de estas personas en estas condiciones, debemos procurarles la mejor atención posible.