Sin abogados para los que llegan en cayuco a Canarias

Este reportaje empieza con una pregunta que se le podría hacer a cualquier detenido.

— ¿Has visto a un abogado?

La respuesta que dan a EL PAÍS más de una veintena de senegaleses, menores y adultos, llegados en cayuco a El Hierro o Tenerife durante las últimas tres semanas, es siempre la misma. Sin titubeos. “No”.

Los migrantes y refugiados que están llegando a las islas Canarias pasan a disposición policial en el momento en el que desembarcan y tienen condición de detenidos un máximo de 72 horas. En ese tiempo, los agentes los identifican, los entrevistan para indagar sobre posibles delitos relacionados con la inmigración irregular o el tráfico de personas y emiten contra ellos una orden de devolución que puede llevarlos de vuelta a su país. Como cualquier detenido, los extranjeros también tienen derecho a un abogado que defienda sus intereses, pero en las islas, la emergencia —con la llegada de más de 10.500 personas en lo que va de octubre— vuelve a justificar que se ignore un derecho fundamental.

Hace al menos dos semanas que en Tenerife los migrantes ni siquiera ven a un abogado, porque la policía directamente no los convoca, según ha denunciado la vicedecana del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, Mila Pacheco. En otras islas, se moviliza al turno el oficio, pero es una escena habitual que los letrados lleguen, firmen los papeles y se marchen. Sin hablar con sus clientes, sin recurrir las órdenes de devolución, sin informarles sobre su derecho a pedir asilo, sin preguntarles sobre sus familiares en Europa, sin dejarles su tarjeta de contacto.

El Defensor del Pueblo lleva años advirtiendo de las deficiencias de la asistencia letrada en las llegadas irregulares a las costas. En su penúltima referencia al asunto, en 2021, la institución afirmaba: “Las carencias detectadas en la asistencia letrada y de intérpretes vuelve a ser justificada en la urgencia y en la necesidad de agilizar los procedimientos. El Defensor del Pueblo ha vuelto a constatar en sus visitas que las dificultades para llevar a cabo una asistencia letrada individualizada con intérprete y el resto de las mínimas garantías, lo que acaba convirtiendo este trámite, en demasiadas ocasiones, en un mero formalismo”.

Los abogados de oficio cobran 300 euros por atender a seis migrantes en cada turno. Es una tarifa muy ajustada para quienes se implican en cada uno de los casos y recurren las devoluciones, pero los siete letrados consultados para este reportaje coinciden en que es un regalo para los compañeros que se limitan a estampar una firma.

Irma Ferrer, abogada en Lanzarote, es muy crítica con algunos de sus colegas. “Muchos abogados han aceptado el discurso xenófobo y confunden su ejercicio profesional con su ideología. Políticamente, puedes pensar lo que quieras, que hay que echarlos a todos, incluso, pero cuando vas a asistir a una persona tienes que garantizar sus derechos”, reclama. “Se ve un sentimiento de repudio al atenderles”, asegura la abogada Loueila Mint El Mamy. “Vienen con su mascarilla, firman y se van. El otro día éramos 15 letrados en una asistencia y solo tres nos quedamos a entrevistarnos con nuestros clientes”, lamenta.

Aun si la asistencia letrada fuese irreprochable, los abogados se encontrarían con que no pueden comunicarse bien con sus clientes porque no hay intérpretes suficientes. Las comunicaciones entre los letrados y los migrantes se han llegado a hacer con un teléfono conectado a un altavoz. “La escena era surrealista”, describe Loueila Mint El Mamy sobre una asistencia en Fuerteventura el 5 de octubre. “Los chicos no se enteraban, tenían que pegarse al altavoz, mientras la agente agarraba el móvil y todo el mundo la rodeaba. Nadie sabía lo que estaba firmando”, explica.

El número de intérpretes disponibles en las islas es un misterio que Interior no resuelve. En 2021, cuando era también habitual la escena del teléfono y el altavoz, EL PAÍS solicitó por el portal de Transparencia cuántos traductores trabajaban en el archipiélago asistiendo a los ocupantes de las pateras, pero la Policía Nacional respondió con datos incompletos.

La veintena de chicos que ha contado a EL PAÍS que desde su llegada a las islas no ha hablado con un abogado, llevaba en sus bolsillos un único papel con membrete de la Policía Nacional. El texto, en francés y en español, certifica que se les comunicaron sus derechos como detenidos. Se leía, entre otras cosas, que debían ser asistidos por un abogado de oficio y un intérprete, pero la mayoría ni siquiera entendía ese papel. Hablan wólof y no francés, como se les presupone. Todos, sin embargo, saben lo que es un abogado e insisten en que nunca han tenido uno.

La asistencia jurídica es un derecho fundamental del detenido y, en algunos casos, además, los abogados pueden cambiar el destino de los recién llegados. Hay situaciones en las que, por ejemplo, la persona tiene un claro perfil de refugiado y es inexpulsable (como ocurre con los malienses), por lo que la policía ni siquiera tendría que abrirle un expediente de devolución. En otros casos, hay menores de por medio, y un letrado diligente podría identificarlos y evitar situaciones como las que se viven diariamente, en las que hay decenas de adolescentes conviviendo con adultos en campamentos de migrantes.

“Tengo 17 años y se lo dije claramente a la Cruz Roja cuando desembarqué”, cuenta Mor Diop, un chico senegalés con cara de niño. Diop explica que en su cayuco, que llegó a Tenerife el 11 de septiembre, había casi una veintena de menores, pero que, tras la reseña policial, los agentes solo separaron a seis de ellos. “La traductora nos metió miedo, así que acabamos diciendo que éramos mayores, pero no lo somos y no queremos estar aquí”, resume Diop en la puerta del campamento para adultos donde están acogidos él y todos los demás menores que iban en su cayuco. “Esta situación no se habría dado nunca si un abogado les hubiese atendido a tiempo y correctamente”, mantiene la activista Isora Mesa.

Sorprendentemente, ninguno de los 20 chicos con los que ha hablado EL PAÍS guarda con él su acuerdo de devolución, la resolución administrativa que determina que un extranjero debe ser repatriado a su país por haber entrado en territorio español de forma irregular. No se les ha entregado ese papel.

La falta de este documento revela que aunque la policía esté incoando estos procedimientos, como asegura el Ministerio del Interior, no se lo está notificando a cientos de migrantes llegados a El Hierro y Tenerife en las últimas semanas. Los agentes están dejando sin concluir el procedimiento porque los constantes desembarcos les obligan a acelerar las puestas en libertad para dejar espacio a los siguientes recién llegados. Cuando se acumula el trabajo se viven escenas como las del fin de semana pasado, cuando la policía acabó desalojando el garaje de la comisaría de Lanzarote para desplegar esterillas de yoga e instalar ahí a decenas de personas. Escena parecida se ha repetido en una comisaría de Tenerife.

La ausencia del papel físico no quiere decir que si, en un futuro, un policía identifica al extranjero en la calle no pueda retomar la devolución a su país, pero es una anomalía y reduce las garantías que el migrante tiene para recurrirlo. “Toda llegada irregular conlleva un decreto de devolución y, en los pocos casos en los que no se notifica, queda grabado en la base de datos policial y es ejecutable”, mantienen fuentes de Interior, que no han respondido a las preguntas sobre la presencialidad de los letrados o el número de intérpretes disponibles. En cualquier caso, España no está expulsando a senegaleses, la principal nacionalidad de los que llegan, porque las autoridades de Dakar se resisten a aceptar de vuelta a sus nacionales.

En este contexto, además, la Policía Nacional está interpretando que, si no notifica la devolución, no es necesaria la asistencia jurídica y, por eso, hace ya dos semanas que en Tenerife ni siquiera se llama a los abogados para atender a los recién llegados. “La situación está totalmente desbordada”, mantiene la vicedecana del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, Mila Pacheco. “El abogado tiene que asistirles porque están detenidos, hay una orden de devolución y luego una puesta en libertad, pero no nos están convocando”, añade.

Pero la lógica que se está siguiendo en Tenerife tiene trampa, advierten veteranos abogados curtidos en las islas. El abogado, señalan, no solo es necesario cuando se notifica una orden de devolución, sino que debe estar con su cliente desde el inicio, como lo haría cualquier letrado con cualquier otro cliente.