El Gobierno busca con urgencia terrenos militares en la Península para acoger a miles de migrantes llegados a Canarias

Las islas Canarias, que solo en lo que va de octubre han recibido en pateras y cayucos a más de 8.500 personas, vuelven a imponerse en la agenda del Gobierno, ahora en funciones. Este martes, antes del Consejo de Ministros, los titulares de las carteras de Interior, Migraciones, Defensa, Transportes, Política Territorial, Exteriores y Presidencia se reunieron para abordar un escenario récord de llegadas que no se vivía desde 2006. De la breve reunión salió el encargo de abrir unas 10.000 nuevas plazas de acogida en la Península para evitar el colapso del sistema, según han contado a EL PAÍS fuentes conocedoras del encuentro. Se trata de garantizar una acogida básica y temporal a los miles de recién llegados y, evitar, entre otras cosas, que puedan acabar viviendo en la calle.

La búsqueda, siempre compleja, está en manos de Migraciones y, una vez más, se ha pedido a Defensa que facilite terrenos donde alojarlos. Esto ya ocurrió en la crisis de 2020, cuando se reactivó la ruta migratoria hacia las islas. Defensa acabó cediendo al menos cinco recintos en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, pero las negociaciones con Interior y Migraciones no fueron del todo amistosas.

El departamento que dirige José Luis Escrivá ha activado todos los resortes para ampliar sus capacidades de acogida humanitaria y tiene sobre la mesa “varios planes de contingencia” ante los distintos escenarios de llegada, según una portavoz del ministerio de Migraciones. Estos planes se resumen en la búsqueda desesperada de nuevos espacios. Públicos, militares, privados, en uso, en desuso... Mientras ya se ha encargado a las ONG que encuentren más recursos donde improvisar centros de acogida, el equipo del ministerio está visitando emplazamientos que puedan servir para atender a los recién llegados.

Migraciones ha puesto sus ojos en los antiguos terrenos militares del barrio de Campamento, en el suroeste de Madrid. Personal del ministerio, técnicos de Tragsa (la empresa pública especializada en obras de emergencia) y Cruz Roja, con larga experiencia en la atención a inmigrantes, visitaron hace pocos días los antiguos cuarteles militares sitos junto a la carretera de Extremadura (Nacional-V) para estudiar la posible instalación de carpas y contenedores donde alojar temporalmente a entre 2.000 y 5.000 personas.

Fuentes de Defensa indican que se advirtió al departamento de José Luis Escrivá de que esos terrenos están destinados a la construcción de 12.000 viviendas, el 60% de ellas de protección social, dentro de un plan para promover el alquiler asequible que anunció el presidente Pedro Sánchez en el debate del Estado de la Nación de julio de 2022. El día 3 de este mismo mes, el Consejo de Ministros autorizó al Invied (Instituto de la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa) a vender 1,63 millones de metros cuadrados de la zona de Campamento al Sepes, la entidad pública empresarial del suelo, por 272 millones de euros para poner en marcha esa operación inmobiliaria. La transacción es inminente.

Migraciones replicó a Defensa que el alojamiento para inmigrantes solo estaría abierto seis meses, por lo que se desmontaría antes de que se iniciarán las obras de construcción de las viviendas, según las fuentes consultadas. Oficialmente, el departamento de José Luis Escrivá asegura que Campamento no está entre los espacios prioritarios y que la elección de unos u otros dependerá “de los diferentes escenarios de llegada”. Campamento, sin embargo, ha sido el primer emplazamiento que han visitado los técnicos de Tragsa y Cruz Roja, aunque Defensa ha ofrecido otros cuarteles en desuso en Madrid o Sevilla.

Tiendas de campaña y literas

El Ejército también aportaría tiendas de campaña y literas para el futuro dispositivo de acogida, pero lo primero es disponer de un terreno donde instalarlo que, a diferencia de anteriores ocasiones, ya no se busca en Canarias —donde volvería a producirse el efecto embudo que ya ocurrió en la crisis de 2020— sino en la Península.

La concentración de desembarcos en el archipiélago en los últimos meses —más de 19.000 personas desde junio— ha vuelto a poner a prueba la capacidad de reacción del Ejecutivo ante los ya recurrentes repuntes migratorios. Aunque la red de acogida, tanto en Canarias como en la Península, está mucho más reforzada, la incesante llegada de cayucos en las últimas semanas ha puesto al límite cualquier previsión. La respuesta ante este nuevo escenario ha sido la de derivar con rapidez a los migrantes a islas con mayor capacidad de acogida y, en pocos días, trasladarlos a recursos de la Península para evitar que colapsen las instalaciones de las islas.

“Ya pasamos por una situación muy complicada en 2020, pero los números superan los de entonces”, ha explicado el ministro José Luis Escrivá este jueves en El Hierro, la isla que registra el mayor número de desembarcos. “Estamos mejor preparados que entonces y eso está permitiendo que, en una situación complicada como esta, estemos pudiendo cumplir el compromiso de que, por muchos inmigrantes que lleguen, el número de adultos que habrá en las islas no superará los 6.000″, ha añadido el ministro. Escrivá se ha referido también a la agilidad de las derivaciones de migrantes a la Península, una fórmula que hoy se aplica con normalidad, pero que en el pasado fue motivo de constantes choques con el Ministerio del Interior, que se resistía a llevarlas a cabo. “Durante los periodos que hemos tenido llegadas más livianas, [los migrantes] han estado un periodo medio de mes y medio en las islas. En una situación como esta, con unas 4.000 llegadas semanales, estamos hablando de [que se quedan] semana y media”, ha remarcado.

Ante la alta probabilidad de que el ritmo de llegadas siga en aumento, Migraciones declaró el pasado viernes la situación de emergencia, una medida administrativa que permitirá aprobar partidas de gastos o contratación de recursos de forma exprés. Esta fórmula ya se adoptó tras la llegada de decenas de miles de refugiados por la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022. Entonces, el departamento de Escrivá desplegó en apenas tres semanas más de 20.000 camas, sobre todo en hoteles, para acogerlos.