Los expedientes para determinar la edad de menores migrantes que han llegado solos a Santa Cruz de Tenerife se multiplican por 10 en un año

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha abierto en lo que llevamos de año (con datos actualizados hasta el 22 de octubre) 1.809 expedientes para determinar la edad de menores migrantes que han llegado solos a Canarias, un dato que multiplica por más de 10 el número de actuaciones realizadas en todo el año pasado (175) y que da cuenta de la envergadura del repunte de llegadas al archipiélago. En lo que va de mes han desembarcado más de 13.000 personas en cayuco las Islas y ya son unas 30.000 en lo que va de año. La cifra de expedientes abiertos en Santa Cruz de Tenerife es la más alta de la que tiene constancia la Fiscalía y supera con mucho a la más alta registrada hasta ahora (750 casos incoados en 2021) en esta provincia. Si bien es cierto que, en la crisis de 2020 y 2021 el embudo en estas pruebas se produjo en la de Las Palmas, las cifras de este año en Santa Cruz de Tenerife superan a los registrados en Las Palmas hasta ahora. Fuentes fiscales cifran en 1.523 los expedientes de determinación de edad abiertos en las Palmas en 2020; 1.388 en 2021; 1021 en 2022; y 785 en lo que llevamos de 2023.

El dato lo ha hecho público este viernes la Fiscalía, en medio de la escalada de acusaciones vertidas por líderes del PP hacia la política migratoria del Gobierno después de que se haya iniciado el traslado a la Península de miles de migrantes llegados en las últimas semanas en cayucos para evitar así el colapso de acogida canaria. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado esta mañana al Ejecutivo de estar desentendiéndose de los migrantes y “meterlos en aviones y dejarlos en paradas de autobús”, unas declaraciones que llegan un día después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dijera que el Gobierno trata a los inmigrantes “como fardos” y se quejara de que los migrantes sean trasladados desde Canarias a otras comunidades “en un momento de máximo temor por la seguridad nacional”.

En este contexto, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presidido una reunión para coordinar la actuación de la Fiscalía en materia de migración en relación con el incremento de llegadas de cayucos a las islas. En una nota difundida este mediodía, el ministerio público subraya como objetivo fundamental del encuentro “garantizar el principio de unidad de actuación del Ministerio Fiscal para proteger los derechos de las personas migrantes, especialmente las menores de edad”. La actuación de la Fiscalía en esta materia se centra, fundamentalmente, en los expedientes de determinación de la edad, una serie de pruebas médicas —cuestionadas por su inexactitud— que se practican en España para establecer si una persona es o no mayor de edad. La acogida de los menores que llegan solos es competencia de las comunidades autónomas y en la actualidad el Gobierno canario tutela en torno a 4.400 niños migrantes, según los últimos datos facilitados por la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado.

El Ministerio de Asuntos Sociales puso en marcha hace dos años un plan para aplicar la solidaridad entre territorios y que menores llegados a Canarias pudieran ser acogidos en otras comunidades, pero entre 2021 y 2022 apenas se trasladaron desde el archipiélago 348 menores de los casi 540 previstos, y el cupo para 2023 es de otros 400 niños. Un número “insuficiente”, según ha dicho el propio presidente canario, Fernando Clavijo.

Ante esta situación, fuentes fiscales señalan que el ministerio público va a poner en marcha un plan de choque para agilizar los expedientes de determinación de edad en El Hierro, la isla que está viviendo un mayor repunte de llegadas de cayucos y en la que los recursos desplegados hasta ahora por la Fiscalía eran muy limitados. Los fiscales se van a desplazar directamente a los centros y va a haber un fiscal en el Hierro de forma permanente y por turno rotatorio. Además, el ministerio público y el Gobierno de Canarias han acordado incorporar equipos portátiles para realizar las pruebas de determinación de la edad, siempre con presencia de un forense, en el momento en el que se hace la reseña. Además, en julio se nombró a una fiscal delegada de Extranjería, Teseida García, para coordinar esta materia Canarias.

En la reunión presidida por García Ortiz han participado la fiscal de sala Jefa de la Unidad de Apoyo, Esmeralda Rasillo; la fiscal de sala coordinadora de la Unidad de Trata de Personas y Extranjería, Beatriz Sánchez Álvarez; el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Diego Villafañe Díez; la fiscal superior de Canarias, María Farnés; la fiscal delegada autonómica de Extranjería, Teseida García; y los jefes del ministerio público de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, Beatriz Sánchez Carreras y José Luis Sánchez-Jáuregui, respectivamente.

En la última memoria de la Fiscalía General del Estado, los fiscales de Canarias lamentaban los “retrasos” que se producen en as determinaciones de edad, especialmente en Lanzarote y Fuerteventura. Según el documento, estas demoras se deben a “una combinación de factores”, como “déficits y dificultades en el primer filtro policial a la llegada de las pateras para discriminar a menores y mayores”, “interés” de los propios migrantes en ocultar su verdadera edad, ausencia de medios técnicos para la práctica de las pruebas diagnósticas, falta de un médico forense permanente, insuficiencia de plazas en los centros de acogida de menores y “dificultades administrativas y competenciales (entre el Gobierno autónomo y los cabildos insulares) en la gestión de los centros y para trasladar a los migrantes desde las islas menos habitadas a otras del archipiélago con mejores condiciones.