Doce menores migrantes denuncian malos tratos y tocamientos en un centro de acogida

Doce menores migrantes que llegaron sin la compañía de adultos a las islas Canarias han denunciado ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas haber sufrido malos tratos por parte de los educadores del centro Acorán, situado en pleno campo, en un barrio residencial a las afueras de Las Palmas de Gran Canaria. En su escrito, adelantado por el diario La Provincia y al que ha accedido EL PAÍS, los chicos denuncian agresiones, forcejeos, amenazas e incluso tocamientos por parte de los trabajadores del centro, gestionado por la fundación Respuesta Social Siglo XXI. Esta entidad ya está siendo investigada por otro juzgado por desviar presuntamente el dinero público que recibió del Gobierno de Canarias entre 2020 y 2022 para atender y formar a miles de menores migrantes. La Dirección General de la Infancia del Gobierno de Canarias ha encargado un informe técnico tras visitar el centro ayer domingo.

Según el relato de los menores, los malos tratos en el centro surgieron a partir de la llegada de una serie de trabajadores procedentes de otro centro de la fundación, situado en El Tablero (sur de Gran Canaria, cerca de la playa de Maspalomas). En este centro, según exempleados entrevistados por la SER, llegaron a convivir 14 niños en una sola habitación.

Según la denuncia, el pasado miércoles uno de los trabajadores propinó una “brutal agresión” a uno de los menores, hechos que fueron denunciados y que motivaron la visita de la Policía. Uno de los chicos recibió presuntamente “golpes fuertes” por parte del director del centro, O. M. B., mientras lo sujetaba otro empleado. Los denunciantes relatan que otros internos “escucharon los gritos y el llanto y rompieron la puerta” para acceder a la habitación. Los responsables del centro, aseguran, les amenazaron al día siguiente con llevarlos a la cárcel si revelaban lo sucedido. Finalmente, el viernes, 23 menores se escaparon y se dirigieron a pie a una comisaria en la ciudad para presentar una denuncia, un trayecto que por carreteras secundarias supone unas tres horas.

Los menores sostienen en su escrito que los agentes “no les creyeron” y no les tomaron declaración. En ese momento decidieron regresar, y 11 de ellos reingresaron en el centro para evitar pasar la noche en la calle. El resto de menores, cuya tutela corresponde al Gobierno de Canarias, llevan tres noches fuera de la casa de acogida. Estos 12 chicos, asesorados por una asociación de protección de la infancia y una traductora, acudieron al día siguiente al juzgado de guardia para presentar la denuncia. En ella, además de las agresiones físicas y las amenazas verbales, uno de los adolescentes denuncia que a principios de noviembre se produjeron “posibles tocamientos y gestos sexuales en el despacho del director”.

Este periódico ha tratado, sin éxito, de ponerse en contacto tanto con la Fundación Respuesta Social Siglo XXI como con el director del centro de acogida.

Fiscalía Anticorrupción

No es la primera vez que surgen sospechas tanto sobre el centro como sobre la fundación que lo gestiona. En junio, un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria admitió a trámite una querella de la Fiscalía Anticorrupción que acusa a Respuesta Social Siglo XXI de desviar supuestamente el dinero público que recibió del Gobierno de Canarias entre 2020 y 2022 para atender y formar a los miles de menores migrantes no acompañados llegados durante aquel periodo de constantes desembarcos. Esta fundación, además, era la responsable del dispositivo en los apartamentos Puerto Bello, en Puerto Rico (sureste de Gran Canaria). Sus internos denunciaron tratos vejatorios en el recurso, un lugar que “ni reunía unas condiciones óptimas para residir, ni el personal educativo se encuentra cualificado ni preparado para atender a los menores”, según la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción. Ese dispositivo se cerró en junio de 2021. Un año después, la Fiscalía se querelló contra sus responsables por abandono de familia, omisión del deber de perseguir delitos y lesiones leves.

El centro del que escaparon los 12 menores denunciantes se encontraba, según la denuncia de la Fiscalía presentada en junio, en un estado “deficitario” y no era apto para acoger a menores.

Tras la reactivación de la ruta migratoria a las islas en 2020, el Ejecutivo canario encomendó la gestión de los centros de acogida a seis organizaciones sin ánimo de lucro: Mundo Nuevo, Samu, Quorum, Coliseo y Oportunidades de Vida y la citada Respuesta Social Siglo XXI.

Canarias acoge actualmente a 4.461 menores extranjeros no acompañados, su mayor desafío ante la llegada de pateras y cayucos a las islas. Solo en la última semana, han arribado al archipiélago unos 250 niños y adolescentes, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, aseguró en este sentido el pasado viernes que espera que el nuevo ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, tome conciencia y hable con él sobre inmigración, lo cual ha dicho que no hizo su predecesora en el cargo, Ione Belarra. “Seguimos teniendo un grave problema con los menores no acompañados”, lamentó Clavijo, quien cree que se podría integrar a un “volumen razonable” en el sistema educativo y formarlos para trabajar.