La Fiscalía se querella contra los responsables de un centro que acogió a menores migrantes en Gran Canaria

La Fiscalía de Las Palmas ha presentado una querella contra seis responsables y trabajadores de un centro de acogida para menores migrantes que el Gobierno canario habilitó de urgencia hace un año y medio en el complejo de apartamentos Puerto Bello, en la localidad turística de Puerto Rico (municipio grancanario de Mogán), en pleno repunte de la llegada de pateras. El Ministerio Público les acusa de abandono de familia, omisión del deber de perseguir delitos y lesiones leves.

El caso se conoció en junio de 2021, tras una denuncia anónima (supuestamente enviada por trabajadores del centro) remitida por carta el 31 de mayo de aquel año tanto a la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias como al Ayuntamiento de Mogán. La alcaldesa del municipio, Onalia Bueno (Ciudadanos por el Cambio), puso los hechos en conocimiento de los juzgados de San Bartolomé de Tirajana. Los autores de la carta sostenían que en las instalaciones de Puerto Bello había internos mayores de edad —un hecho que las autoridades tienen la obligación de impedir— y que estos agredían sexualmente a otros. También contaban que varios de los residentes, “al menos tres”, se habían prostituido, tanto con otros compañeros como con personas de fuera del centro de acogida. La misiva señalaba, además, que la dirección tenía constancia de esos hechos.

Las acusaciones implicaban también a algunos trabajadores del complejo, a los que atribuían “agresiones físicas y maltrato continuado”, así como diversos episodios “negligentes” que eran, según la denuncia, “permitidos y fomentados” por la dirección del centro. Tras tomar declaración al director del complejo de Puerto Bello, gestionado por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, la Fiscalía de Menores decidió incoar diligencias de investigación el 15 de junio de 2021 para determinar la posible comisión de varios delitos de índole sexual. Ahora esas diligencias han dado lugar a una querella de la Fiscalía de Las Palmas. Este periódico ha intentado en vano recabar la versión de la fundación.

El decreto de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Efe, señala que en el centro se producían “continuas fugas, autolesiones de los menores, problemas de convivencia con los vecinos de la zona, menores que se sentían totalmente desprotegidos y temerosos y una sospecha de agresión sexual a un menor que no se puso en conocimiento de las autoridades” y que ya ha sido puesta en manos de los juzgados por el ministerio público en otro procedimiento.

Según el relato de la querella, un menor llegó a coserse la boca ante la intimidación que padeció para que no hablase tras ser golpeado por un auxiliar técnico educativo, y otro fue golpeado porque tenía una cachimba en la habitación.

Este periódico localizó en junio de 2021 a varios ocupantes del centro de acogida después de que decidieran abandonar las instalaciones. “Las peleas y las palizas eran lo normal en Puerto Bello”, aseguró entonces uno de ellos, el marroquí Zakaria, que había ingresado en el centro pese a tener 22 años y huyó de él posteriormente. “Te pegaban en cualquier parte y por cualquier motivo. Por ejemplo, cuando llegué con otros dos chicos, un grupo bajó y nos dio una paliza ahí, en la entrada”.

La Fiscalía cree que todas estas situaciones eran notificadas al director y subdirector del centro, y que estos las ignoraron pese a los requerimientos de los trabajadores. A juicio del Ministerio Fiscal, todos ellos dejaron de cumplir “a sabiendas de su obligación como encargados de la custodia y tutela de los menores” e infringieron de manera “flagrante, arbitraria y sin justificación legal”, de forma “muy grave”, su deber como tutores.

El centro de Puerto Bello, con 57 habitaciones, fue abierto el 1 de diciembre de 2020 con 20 inmigrantes, aunque su ocupación media osciló luego entre 180 y 190 chicos, cifras que superaban su capacidad. Fue cerrado el año pasado por los requerimientos de la Fiscalía a la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias.