El Gobierno aspira a una abstención del PP y negociar la reforma de la ley extranjería en el trámite parlamentario

El Gobierno se prepara para negociar con el PP la reforma de la ley de Extranjería en el Congreso, pero no a toda prisa. La toma en consideración de la propuesta para obligar a todas las comunidades autónomas a repartir el esfuerzo de la acogida de menores migrantes no acompañados se votará el próximo martes y fuentes gubernamentales confían en que, al menos, los populares se abstengan. Con ello, habría margen para debatir e incluir algunas de sus peticiones en el trámite parlamentario. Fuentes del PP insisten en sus exigencias, como la declaración de emergencia migratoria en todo el territorio nacional, pero, por primera vez, no se cierran del todo a esa abstención, siempre que el Ejecutivo haga alguna cesión previa, sin especificar cuál.

Mientras tanto, este miércoles en el Congreso, los socialistas establecían contactos informales con otros grupos para asegurar su voto a favor a la consideración de la iniciativa, liderada por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente canario, Fernando Clavijo, (CC) que gobierna con el PP en las islas. Se asume que habrá negociación con el resto de partidos para incluir modificaciones, siempre que los populares no fuerce el carpetazo a la iniciativa, sin ni siquiera discutirla.

El PP insiste en pedir al Gobierno que atienda sus condiciones, que el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, remitió por carta al ministro Torres, el pasado fin de semana. En esa misiva, los populares pedían una declaración de emergencia migratoria en toda España para agilizar la adjudicación de contratos, la intervención de la Fiscalía para garantizar que no se trasladen menores de edad, la presentación de un plan de política migratoria o un compromiso financiero que cubra la acogida de los menores hasta su emancipación, que puede ir más allá de los 18 años.

El líder del PP ha dado una pista. Alberto Núñez Feijóo ha pedido a Pedro Sánchez que convoque una Conferencia de Presidentes para que el presidente negocie mano a mano con sus barones. La petición, rechazada hasta ahora por el Ejecutivo, que defiende que el foro de esta iniciativa es el Parlamento, es una condición “decisiva” que repiten los miembros de la dirección del PP. También especulan con la idea de que el Ministerio de Defensa debería ceder cuarteles para acoger a los menores, obviando que especialistas en infancia desaconsejan el modelo de macrocentro, precisamente, el tipo de centro en el que en Canarias se registran más problemas. Feijóo también se ha referido a esta idea en la tribuna: “¿Por qué es tan difícil hablar con usted de algo importante? Si no ha hecho nada, todo lo han hecho las comunidades autónomas. Si no deja las instalaciones públicas en desuso en las islas Canarias, como son las que tiene el Ministerio de Defensa, y tiene usted a los menores en carpas con una temperatura impropia para la humanidad de los menores”, ha dicho el líder de los populares en referencia a las instalaciones que Margarita Robles se ha negado a ceder, pero omitiendo que la acogida de los menores no es competencia estatal y que estos no están, aún, viviendo en carpas.

Si no existe ningún gesto, el PP apunta a que votará en contra de la toma en consideración de la ley. “Nosotros no somos los socios parlamentarios del Gobierno”, subrayan fuentes del equipo directo del líder del PP. La cuestión es compleja porque, como admiten, en el partido “hay distintas sensibilidades” sobre este asunto y mientras en el PP de Canarias y el de Ceuta están a favor de la reforma, presidentas como Isabel Díaz Ayuso la han calificado como una “tomadura de pelo”.

A excepción del plan de política migratoria —una propuesta genérica—, el resto de las exigencias del PP podrían considerarse cuestiones jurídicas debatibles en el trámite de enmiendas. Así lo ven en Coalición Canaria que, aunque no entra a analizar el fondo de las exigencias, se muestra dispuesto a modificar aspectos como el de garantizar la minoría de edad de los chicos que se trasladen, cuando fueron ellos los que propusieron una derivación no condicionada a los decretos de la Fiscalía. “Entendemos que para llegar a acuerdos hay que ceder”, mantienen fuentes de la presidencia de las islas.

En el Gobierno hay cierta apertura a estudiar las propuestas de los populares, aunque estas son vistas más como torpedos contra la reforma que como contribuciones genuinas. “A cada avance, ponen una nueva condición”, lamenta una fuente ministerial. Aunque en el Ejecutivo tampoco concreta qué exigencias son más asumibles, sí dan algunas pistas. “No tiene sentido declarar una emergencia para toda España, viendo el número de menores migrantes que hay en el resto de comunidades en relación al número de habitantes. Es como si hubiese un incendio en Murcia y se declarase la emergencia en toda España”, ilustra una fuente familiarizada con la negociación de la reforma.

La situación en Canarias —que acoge casi 6.000 menores que han llegado solos en cayuco a las islas cuando apenas tienen capacidad para 2.000— se ha colado este martes en el Congreso con un debate bronco. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado la situación migratoria de “descontrolada”, en un momento en el que las entradas irregulares han aumentado un 90% respecto al año pasado, una cifra empujada principalmente por los 20.000 desembarcos en Canarias, un repunte del 160%. Se trata en cualquier caso de un total de 26.500 llegadas, por debajo de las 29.500 de Italia y, ligeramente, por encima de las 22.000 de Grecia. “¿Hasta cuando vamos a seguir recibiendo inmigrantes de forma irregular sin hacer nada? Solidaridad sí, seguridad también”, cuestionó Feijóo vinculando, una vez más y en la línea de Vox, la inmigración irregular con la inseguridad.