El presidente de UD Las Palmas, absuelto de fraude a Hacienda por declararse nula la instrucción del exjuez Alba

El presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, el empresario Miguel Ángel Ramírez, ha sido absuelto este lunes del proceso que lo juzgaba por haber supuestamente defraudado 36,66 millones de euros entre 2009 y 2017 a la Seguridad Social y Hacienda con su empresa Seguridad Integral Canarias, tras declararse nula la instrucción realizada por el exmagistrado Salvador Alba. Este último se encuentra actualmente en prisión en la cárcel de Estremera (Madrid) por haber conspirado contra la juez Victoria Rosell. El fallo se extiende a la persona que le sucedió como administrador de la firma, Héctor de Armas, y recoge el voto particular de uno de los tres magistrados que lo firman, Mónica Herrera.

El exmagistrado fue condenado en 2019 por maniobrar contra la exdiputada de Podemos cuando esta comenzaba su carrera política. Alba fue quien retomó de Rosell la instrucción de la causa contra Ramírez que la magistrada había comenzado en 2014. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias primero, y el Tribunal Supremo, después, consideraron probado que Alba actuó en 2016 de forma ilegal para favorecer una querella del entonces cabeza de lista del PP, el exministro José Manuel Soria, contra Victoria Rosell (su rival electoral en aquel entonces). Con ello, el exdirigente popular canario pretendía apartar de la política a la diputada de Podemos.

El 16 de marzo de aquel año, Ramírez acudió al despacho del exmagistrado, en la Audiencia de Las Palmas, donde le expuso al empresario que le convenía ayudarle a demostrar que Rosell no era una juez imparcial. Y que la forma de demostrarlo era declarando que mantenía relaciones comerciales con la pareja de la jueza, el empresario canario de medios de comunicación Carlos Sosa, y aportando los documentos que lo demostraran. A cambio, Alba se comprometía a declarar la nulidad de las actuaciones por la supuesta falta de imparcialidad de Rosell o incluso a fallar sobre el fondo de caso a favor de los intereses de Ramírez. Este, sin embargo, estaba grabando de manera subrepticia toda la conversación, unos audios que precipitaron la caída del exjuez.

La Audiencia de Las Palmas considera en su fallo que ese comportamiento “espurio” del juez Alba invalida la declaración posterior y formal del empresario: si no es válida, formalmente no existe y, si no existe, la Justicia no cumplió con su obligación de citarlo en los plazos legalmente previstos para darle la oportunidad de exponer su versión, asistido por su letrado. Y sin tal declaración, dice la Sala, no es posible la delimitación de la base punible, ni la acusación posterior “y, menos aún, su condena, pues se les estaría exponiendo a una clara y determinante situación de indefensión”.

El juicio a Ramírez es, probablemente, uno de los que más atención mediática acumula en las islas en la historia reciente. Su instrucción comenzó hace diez años, se ha paralizado en tres ocasiones y en ella han participado cinco jueces: dos fueron imputados y uno acabó condenado. La Fiscalía, la Seguridad Social, Hacienda y el sindicato USO sostenían que entre 2009 a 2013, el empresario “recurrió a una ficción consistente en disfrazar” de pago de dietas lo que en realidad era el abono de horas extraordinarias que realizaban los trabajadores de SIC. El motivo de esta estrategia radica en que las dietas no se incluyen dentro de la obligación de retención que tiene cualquier empleador respecto al IRPF de sus trabajadores.

El fallo, sin embargo, concluye que no ha podido demostrarse esta práctica ilícita y que “lo único que ha podido acreditarse en este caso es que la empresa concluyó acuerdos con sus trabajadores perjudiciales para los derechos de estos”, pero no que dejara de cotizar por ellos o que las ocultase a la Seguridad Social, “como tampoco se ha podido probar que las mismas fueran una mera pantalla instrumental que enmascaraba otra realidad paralela”. El voto particular de Mónica Herrera, por el contrario, sí sostiene que hubo cinco delitos contra la Hacienda pública entre 2009 y 2013 por parte de Miguel Ángel Ramírez (además de otros dos de De Armas), lo que la lleva “a la conclusión de que los acusados debieron ser condenados”.

Ramírez fue condenado en 2011 a tres años de cárcel por un delito urbanístico, por lo que sería indultado en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy a condición de que derribase las obras ilegales que hizo en su casa. La inhabilitación que llevaba aparejada, no obstante, le obligó a dar un paso atrás y llevar a cabo, presuntamente, una “simulación”: colocar a Héctor de Armas Torrent como administrador único, aunque la toma de decisiones seguía recayendo en Ramírez.

A finales de febrero, la Fiscalía Provincial de Las Palmas presentó otra querella contra un grupo de cuatro personas, entre ellas el propio Ramírez. Estas personas están vinculadas a dos sociedades mercantiles, y se les acusa de los delitos de malversación y blanqueo de capitales, derivados de los “cuantiosos ingresos” y no justificados obtenidos por la venta de material sanitario al Gobierno de Canarias durante el periodo de crisis sanitaria de la covid 19 entre los años 2020 y 2021.