Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Indultado un empresario canario que construyó en zona protegida

El Gobierno concede 23 perdones en un mes

Ramírez evitará la prisión pero sigue obligado a derribar las obras ilegales

La encargada de un bar condenada por ruido recibe el perdón de Justicia

Miguel Ángel Ramírez, fotografiado en su despacho en mayo del año pasado

El Ministerio de Justicia indultó el pasado 31 de octubre a Miguel Ángel Ramírez, un empresario canario que puso en marcha la sociedad Seguridad Integral Canaria, que firmó el pasado verano un contrato millonario con Metro de Madrid. Ramírez, apoderado y administrador único de la empresa hasta noviembre de 2011 y presidente del club de fútbol Unión Deportiva Las Palmas, fue condenado por construir en un paraje natural protegido. La concesión de la gracia le exige derribar las obras fraudulentas, según publicó ayer el Boletín Oficial del Estado.

Leticia Esther Mateo Requena, juez de lo Penal número 5 de Las Palmas, que lo condenó a tres años y un día de prisión en 2010 afirma que este hizo las obras sin permiso del Ayuntamiento y “con total desprecio a la ordenación legal del terreno”. Dice que se trata de “diversas obras no autorizadas y en ningún caso autorizables”, porque el terreno invade suelo rústico en el paisaje protegido conocido como Pino Santo. El juez cita entre estas construcciones, iniciadas en 2004, un estanque de 400 metros cuadrados, dos aparcamientos, de 250 y 225 metros cuadrados, y un nuevo camino, además del levantamiento de muros y vallado en el perímetro de la propiedad La Milagrosa, de más de 30.000 metros cuadrados. La pena, que también incluía una multa de 60 euros diarios durante 24 meses y la inhabilitación para el ejercicio de la construcción, fue ratificada por la Audiencia Provincial de Las Palmas un año después.

El Ministerio de Justicia argumenta que al exigir a Ramírez la demolición a cambio de no ingresar en prisión, el proceso de derribo se va a acelerar, por lo que el interés general se habrá cumplido antes. “Eso es lo más importante y lo que persigue este indulto”, explican fuentes del departamento.

La solicitud de indulto del empresario fue conocida en marzo, cuando Ramírez patrocinó unas jornadas jurídicas protagonizadas por el fiscal de Medio Ambiente de Las Palmas, Javier Ródenas, encargado de redactar uno de los informes valorados por el Ministerio de Justicia para decidir si le concedía o no el perdón. Ródenas defendió en ese escrito, que no es vinculante para la decisión del Ministerio pero que se tiene más en cuenta desde este año, que Ramírez debía ser indultado. Sostenía, sin embargo, que en el juicio a Ramírez “se había logrado una pena de prisión por un delito medioambiental, algo histórico, con un escrito de acusación que no deja lugar a dudas”. El 70% de los ingresos del empresario, con vínculos con numerosas sociedades, dependen de los contratos de la Administración, según las fuentes consultadas por EL PAÍS en marzo.

23 indultos en el último mes

Justicia ha indultado a otras 22 personas durante el último mes. La mitad de ellas, condenadas por tráfico de drogas, una proporción habitual. De las 189 medidas de gracia concedidas hasta finales de octubre, casi 80 tenían que ver con las drogas. Entre el resto, destacan otros dos casos de delitos contra el medio ambiente, un tipo de falta indultada en muy escasas ocasiones. El Ministerio de Alberto Ruiz-Gallardón ha perdonado a Sara Bermudo, condenada a cuatro años en 2012 porque la música del bar en el que era encargada, El Coyote, en Dos Hermanas (Sevilla), molestaba a diario, entre agosto de 2007 y mayo de 2008, al único vecino del local y superaba los decibelios permitidos. Bermudo y el propietario del local, Gabriel B. P., habían recibido inspecciones de la Policía Local en repetidas ocasiones antes de pasar a disposición judicial, según la sentencia. El tribunal entendió que los condenados eran conscientes de las molestias que causaban.

Justicia ha perdonado también a María Eugenia Morales, una mujer de 30 años que compró en Marbella aparatos tecnológicos por valor de 2.000 euros, “obligada por su marido”, con una tarjeta de crédito que este había robado en el hotel donde él trabajaba. La familia de Morales, que tiene tres hijos menores, lanzó una petición en la página web change.org, que superó en tres meses las 100.000 firmas de apoyo. Sus padres solicitaban a los internautas que mandaran cartas o llamaran al ministerio para apoyar su indulto.

Más información