La empresa del ‘caso Koldo’ alegó que había “equipado a decenas de centros de salud y laboratorios clínicos”

La compañía Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L., epicentro de la investigación sobre el caso Koldo por el presunto cobro de comisiones irregulares a través de la concesión de contratos de suministro de mascarillas en lo peor de la pandemia, sostuvo tras las adjudicaciones bajo sospecha que contaba con “experiencia” suficiente en el abastecimiento de material sanitario. Según consta en una reclamación presentada en los tribunales contra un medio de comunicación por una información publicada el 15 de abril de 2020, que señalaba a la empresa al poner en duda su vinculación con el sector, alegó que había “equipado decenas de centros de salud y laboratorios de análisis clínicos a lo largo de su trayectoria, y en una de las UTE [Unión Temporal de Empresas] de las que ha formado parte reformó y equipó un hospital por completo”. Un extremo que, sin embargo, han cuestionado los denunciantes del escándalo, ya que, como recordó la Fiscalía Anticorrupción, su objeto social nada tenía que ver con este tipo de negocios.

Ese fue el argumento que dio Soluciones de Gestión en público tras saltar su nombre a los medios de comunicación, ya que, durante la pandemia y con miles de personas muriendo, todos los controles de la Administración habían saltado por los aires. Según explican fuentes gubernamentales, ante la urgente necesidad de conseguir mascarillas en aquella época, no importaba a qué se dedicaban las empresas que se ofrecían a ello. Solo importaba si podían conseguirlo.

Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas es uno de los asuntos claves del caso Koldo, la investigación judicial abierta en la Audiencia Nacional y que acorrala a Koldo García, estrecho colaborador del exministro José Luis Ábalos —a quien la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha pedido este lunes que entregue su acta de diputado “en las próximas 24 horas”—. Los investigadores creen que la trama utilizó esta compañía, detrás de la que se encontraban presuntamente los empresarios Juan Carlos Cueto y Víctor de Aldama, para conseguir las adjudicaciones de las Administraciones Públicas. Para ello, además, pagaban supuestas comisiones a García, que “facilitaba” la información sobre las concesiones.

En su querella, Anticorrupción señaló que Soluciones de Gestión se constituyó en 2017, y que tenía por objeto social proporcionar “servicios generales de constitución, financiación, mantenimiento y funcionamiento de empresas e instituciones; investigación, desarrollo, aplicación comercial e industrial, explotación, venta y distribución de sistemas generadores de electricidad; adquisición de acciones y participaciones”. Nada que ver con el negocio sanitario, según afirmó el PP, que denunció la contratación de esta empresa ante la Fiscalía en 2022, cuando también señaló que la mercantil carecía de vinculación con China (gran suministrador de mascarillas en la época del covid), pues “operaba principalmente en países africanos como Angola, Guinea Ecuatorial, Mauritania o Túnez”.

Los populares afirmaron entonces que “resulta llamativo, al menos, que una pequeña empresa ajena a la actividad sanitaria, sin relaciones conocidas a priori en China y sin ingresos durante el ejercicio anterior”, resultase elegida primero por el Ministerio de Transportes y, posteriormente, fuese “beneficiaria de la adjudicación de cuatro contratos por parte del Servicio Canario de Salud y otros dos contratos por el Servicio de Salud de Baleares, ambas instituciones bajo dirección [entonces] de gobiernos socialistas, sin relación conocida previa de la empresa como proveedor de tales servicios sanitarios”. “Cobra más fuerza la idea de la existencia de algún tipo de interés personal por parte de algún responsable del Ministerio de Transportes en promocionar las compras de material sanitario a la ya citada empresa”, decía la denuncia del partido conservador.

Para entonces, el nombre de Soluciones de Gestión ya había comenzado a circular entre los medios de comunicación. Y, ante una información publicada en El Economista que ponía en duda su vinculación con el mundo sanitario, la empresa quiso ejercer su derecho de rectificación y acudió a los tribunales. Así, según consta en la sentencia emitida sobre dicho enfrentamiento, dictada por la Audiencia de Madrid en 2022, Soluciones de Gestión defendió su “experiencia” en este sector y también negó que tuviera una “situación financiera complicada”.

Querella de Anticorrupción

La querella de Anticorrupción detalla que, tras crearse en 2017, Soluciones de Gestión tuvo “un período de inactividad en 2018-2019”. Después, gracias al estallido de la crisis sanitaria por la pandemia, hizo mucho negocio. “En 2020, los ingresos de esta compañía, como consecuencia de la adjudicación de distintos contratos de suministro de material sanitario, se dispararon hasta superar los 54 millones de euros, volviendo a decaer en el ejercicio siguiente (2021) hasta los 845.670,14 euros”, subraya el escrito del ministerio público. Justo ese año fue cuando Koldo García dejó de ser asesor de Ábalos por el cese del ministro.

A finales de 2020, solo unos meses después de las adjudicaciones sospechosas, un particular ya llevó los contratos con Soluciones de Gestión al Tribunal Supremo, donde presentó una denuncia contra José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes. “El fundamento de la denuncia radica en haber organizado un sistema para adquirir las mascarillas a través de una empresa que no se dedica al abastecimiento de material sanitario, realizándose la ‘adjudicación’ a dedo, valiéndose de dos organismos sometidos a su autoridad y habiendo anticipado el abono del precio para la adquisición de las mascarillas, eludiendo los sistemas de control de la Ley de Contratos del Estado”, explicaba el escrito enviado al alto tribunal, que fue rechazado por el Supremo, que no vio indicios de prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias, realización de actividades prohibidas a los funcionarios y de corrupción en transacciones comerciales internacionales.

La causa abierta actualmente en la Audiencia Nacional tampoco apunta, de momento, a Ábalos. La querella de la Fiscalía se presentó contra siete personas: Juan Carlos Cueto; Víctor de Aldama; Koldo García; el hermano y la mujer de García (Joseba García y Patricia Uriz); Íñigo Rotaeche, que figura como propietario de Soluciones de Gestión; y José Luis Rodríguez, un subteniente de la Guardia Civil destinado a la sección de seguridad del Ministerio de Transportes. Los investigadores han detectado importantes movimientos de dinero en metálico, y sospechan que partes de las presuntas mordidas se desviaron a Brasil y Luxemburgo.