“Un suministrador tiene ocho millones de mascarillas, si se hace rápido lo conseguimos”

La pandemia puso a España en alerta el 14 de marzo de 2020. Los gobiernos buscaron por el mundo el material necesario para defenderse de la expansión del coronavirus mientras el país, cerrado a cal y canto, sufría el colapso de los hospitales, el infierno en las residencias y el pánico de la población ante el insoportable aumento diario de las muertes. Seis días después de aprobado el decreto de alarma, el subsecretario del Ministerio de Transportes, Jesús Manuel Gómez García, llamó a los responsables de Puertos del Estado para un encargo de urgencia: “Hay un suministrador que tiene ocho millones de mascarillas. Si se hace rápido, lo conseguimos”. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, firmó ese mismo día la orden 263/2020 para que Puertos del Estado adquiriera “un máximo de ocho millones de mascarillas FFP2 para su posterior distribución en el sector del transporte con motivo de la situación de emergencia de salud pública provocada por la covid-19″.

La empresa elegida, Soluciones de Gestión, llegó de la mano de Víctor de Aldama, hoy presidente del Zamora Fútbol Club, y amigo de Koldo García, mano derecha del ministro José Luis Ábalos. “Aldama ―recuerda ahora un funcionario― revoloteaba por el ministerio incluso antes del contrato de las mascarillas y es la pieza clave de este engranaje”. Soluciones de Gestión era una firma con escasa actividad controlada por el Grupo Cueto, con experiencia y antecedentes en comercio internacional.

Como otras muchas empresas durante la pandemia, Soluciones de Gestión se apuntó al negocio de las mascarillas aprovechando que el decreto de alarma había suprimido todos los controles propios de la contratación pública: no había concursos en los que competir con otras ofertas ni limitación en la fijación de precios, no había que acreditar solvencia ni experiencia en el sector. Solo había que estar en el lugar exacto en el momento adecuado.

Aldama conocía a una empresa que podía hacer el trabajo y a Koldo García, hombre de confianza de un ministro de Transportes que buscaba mascarillas en un mercado sin reglas. “La empresa elegida ―recuerda uno de los altos cargos que tramitó este encargo― pretendía que le hiciéramos el pago por adelantado, pero nos negamos. Preguntamos a expertos bancarios y nos dieron la solución: ingresar el dinero en una cuenta del banco Sabadell que quedaba bloqueada hasta que recibiéramos la mercancía”. La orden ministerial que firmó Abalos así lo precisaba: “La empresa suministradora solo tendrá derecho al abono del precio de los suministros efectivamente entregados y formalmente recibidos”. Y así se hizo.

La Fiscalía Anticorrupción, firmante de la querella contra siete personas por este escándalo, avala la legalidad del procedimiento: “La contratación pública efectuada en los contratos objeto de la denuncia no presenta irregularidades significativas, sin que se hayan detectado fallos como la falta de solvencia del adjudicatario en el cumplimiento de los requisitos exigibles en cualquier proceso de adjudicación de contratos públicos por emergencia y covid-19″.

El Tribunal de Cuentas fiscalizó dos años antes y sin reproches significativos el contrato de los ocho millones de mascarillas y destacó que la empresa adjudicataria no había celebrado antes “contrato alguno con el sector público”. Señaló también entre sus observaciones que Puertos del Estado no había comprobado la solvencia de la empresa y que el objeto social de la adjudicataria “no amparaba” la venta de suministros sanitarios. Era una observación muy común en los cientos de “contratos covid” que examinó el Tribunal de Cuentas.

Numerosas empresas sin relación con el ámbito sanitario habían vendido mascarillas compradas en el mercado chino a las administraciones públicas. El margen de beneficio en estas operaciones llegó a superar el 200% en muchos de los casos.

Soluciones de Gestión obtuvo un lucro del 32% en sus “contratos covid” con administraciones públicas (unas ganancias de 16 millones de euros sobre los 52 millones adjudicados por Puertos del Estado, ADIF, y las comunidades de Baleares y Canarias). Los ejemplos de lucro en otras administraciones son incluso mayores, como lo demuestran dos de los contratos investigados por la Fiscalía.

La oferta del contratista que recomendó Koldo García fue aceptada por el presidente de Puertos del Estado el 26 de marzo: ocho millones de mascarillas a 2,5 euros por unidad. Es menos de la mitad de lo que pagaron el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid en contratos de fechas similares investigados por la Fiscalía. Un empresario amigo de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, vendió a esta Administración por 1,5 millones de euros 250.000 mascarillas que compró en China por menos de 500.000 euros. De ese millón redondo de beneficio, el hermano de Ayuso cobró 286.000 euros por su intermediación en contratos covid ―solo hicieron uno― en el año de la pandemia.

“La avaricia no es delito”, concluyó un fiscal conocedor de la investigación abierta y archivada contra el hermano de Ayuso. Nunca se probó que quienes tramitaron ese contrato en la Comunidad de Madrid conocieran que detrás estaba el hermano de la presidenta.

La empresa recomendada por Koldo cobró más barato a Puertos del Estado que el amigo de Ayuso a la Comunidad de Madrid, pero supuestamente pagó comisiones ilegales a quien le facilitó ese negocio desde dentro del Ministerio de Transportes. “El lunes 23 de marzo teníamos todo el expediente cerrado, pero nos avisaron que los ocho millones de mascarillas que venían por carretera desde algún lugar de Europa y por avión desde Malasia ya no estaban disponibles. Pero que las conseguirían en el mercado chino”, recuerda uno de los empleados públicos que trabajó en aquel contrato. “Koldo García y Víctor de Aldama estuvieron, juntos, encima del contrato, preguntando insistentemente dónde se encontraban los aviones que traerían el material. La secretaria general del ministerio tenía que hacer complejas gestiones con las embajadas para solicitar los permisos de aduanas necesarios… El ministro estaba también pendiente del envío”, cuenta.

Un año después de aquel contrato celebrado sin contratiempos ―“en apenas mes y medio habían cumplido con el 75% del contrato”, señala un cargo público conocedor del procedimiento―, el Tribunal de Cuentas puso su lupa sobre la adjudicación a la empresa amiga de Koldo García, sin descubrir nada anómalo. “Pasamos ese examen con mucha tranquilidad, porque nadie en Puertos del Estado sospechaba ni de lejos que la empresa adjudicataria había pagado comisiones ilegales a Koldo García”. Dos años después, el Gobierno de Ayuso denunció una decena de contratos de la Administración central, entre ellos el de los ocho millones de mascarillas. “La Guardia Civil apenas preguntaba por el procedimiento. Creo que tenían claro que todo había sido legal. Sus preguntas giraban en torno a la figura de Koldo García”, explica uno de los testigos interrogados. “Dije que era un buen tipo, que se hacía querer, que es muy bruto y tiene carencias de formación, pero la sensación que dejaba es que siempre intentaba ayudar. No puede ser el cerebro de esta operación”.

El caso es que Koldo García ingresó más de 250.000 euros en efectivo en sus cuentas bancarias entre 2020 ―año de la adjudicación de los contratos de mascarillas― y 2022. Y que compró tres pisos en Benidorm, uno de ellos a nombre de su hija de dos años, mediante operaciones financieras sospechosas. “Nos dijo que lo había comprado con dinero de la venta de unos terrenos en Navarra, ahora sabemos que no es verdad”, señala un conocido de Koldo.

Su mentor, José Luis Ábalos, no aparece salpicado en la querella de la Fiscalía ni en el auto del juez que ha tomado las primeras medidas cautelares contra los supuestos implicados. Hay mucho material requisado en los registros pendiente de analizar y nadie puede asegurar que se encuentren pruebas contra Ábalos. El exministro asegura que no se lucró con ese contrato de las mascarillas y con ningún otro. Fuentes del partido recuerdan que antes de abandonar la secretaria de Organización del PSOE, se le abrió una investigación porque pasó numerosos gastos al partido, con apariencia de ser privados. Pero de aquel incidente salió indemne. Llegó a explicar que algunos gastos podría haberlos imputado al ministerio, pero no lo hizo. “No parece creíble que alguien que ha cobrado comisiones multimillonarias pueda pasar gastos privados al partido por cantidades poco importantes”, señala un dirigente socialista.