El presidente de la UD Las Palmas se sienta en el banquillo acusado de defraudar 36,6 millones a la Seguridad Social

Miguel Ángel Ramírez se resiste a abandonar el epicentro de casi cuanto terremoto judicial sacude la actualidad canaria. El empresario de la seguridad privada y presidente del equipo de futbol Unión Deportiva Las Palmas será juzgado desde este martes en el banquillo de la Audiencia Provincial de las Palmas por, presuntamente, defraudar 36,6 millones a la Seguridad Social entre 2009 y 2017. Unas prácticas que le permitieron crecer vertiginosamente en el negocio y llegar a ser conocido como el rey de la seguridad low cost. El fiscal pide 21 años de prisión por cinco delitos contra la Hacienda pública y otros tres contra la Seguridad Social al frente de la empresa Seguridad Integral Canaria (SIC), además del pago de 102,6 millones de multa. No estará solo en el banquillo. Para su socio, Héctor de Armas, el ministerio reclama 14 años de cárcel y 79,32 millones de indemnización.

El juicio a Ramírez es, probablemente, uno de los que más atención mediática acumula en las islas en la historia reciente. Y no solo por ser el dueño y señor de un club recién ascendido a Primera o por lo que pueda decir una persona con múltiples contactos durante las próximas tres semanas en la sección primera de la Audiencia Provincial. Su nombre aparece citado en varias ocasiones en el sumario caso Mediador como uno de los posibles objetivos de la presunta trama.

Ha sido, a su vez, una tortuosa instrucción —”contaminada”, según las palabras del secretario general de una de las partes personadas, la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de Unión Sindical Obrera (USO), Basilio Febles—. Comenzó en 2014, se ha paralizado en tres ocasiones y en ella han participado cinco jueces: dos fueron imputados y uno acabó condenado. No en vano, este caso fue la semilla de la que floreció el caso Alba, la causa que desembocó en la condena al exmagistrado Salvador Alba a seis años de prisión e inhabilitación. El motivo, urdir un complot para acabar con la carrera de la exjueza, exdiputada de Podemos, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género y antecesora en la instrucción, Victoria Rosell. Ramírez, de hecho, fue quien permitió abortar la trama tejida por Salvador Alba tras grabar una reunión secreta a la que fue convocado en el despacho del propio Alba el 16 de marzo de 2016, en la que le ofreció ventajas judiciales al acusado si le ayudaba a encontrar pruebas de que Rosell no era imparcial.

Las dietas, la clave

Poco más de siete años después de aquella sonada reunión, Miguel Ángel Ramírez regresará a estas dependencias. La Fiscalía, la Seguridad Social, Hacienda y USO —personados en la causa a través de su abogado Ismael Franco—, sostienen que entre 2009 a 2013, el empresario “recurrió a una ficción consistente en disfrazar” de pago de dietas lo que en realidad era el abono de horas extraordinarias que realizaban los trabajadores de SIC. El motivo de esta estrategia radica en que las dietas no se incluyen dentro de la obligación de retención que tiene cualquier empleador respecto al IRPF de sus trabajadores. Además, en su escrito de acusación, el ministerio acusa a Ramírez de no rellenar correctamente los formularios en la Tesorería, cono lo que logró que la cuota a ingresar en Seguridad Social fuera notoriamente más baja, con el consiguiente perjuicio para el sistema”. El fiscal calcula que solo entre 2009 y 2012, el acusado defraudó 18,06 millones.

Según consta en el sumario del caso, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el acusado negó en todo momento se imputaron horas extras bajo el epígrafe de dietas, y resaltó que la empresa, además, nunca fue sancionada después de haber sido objeto de inspecciones. Ramírez fue condenado en 2011 a tres años de cárcel por un delito urbanístico, condena por la que sería indultado en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy a condición de que derribase las obras ilegales que hizo en su casa. La inhabilitación que llevaba aparejada, no obstante, le obligó a dar un paso atrás y llevar a cabo, presuntamente, una “simulación”: colocar a Héctor de Armas Torrent como administrador único, aunque la toma de decisiones seguía recayendo en Ramírez.

Según el fiscal, De Armas no solo conocía la estrategia llevada a cabo por la empresa, sino que se avino a poner “en marcha otra mecánica complementaria de la anterior y destinada igualmente a seguir reduciendo de manera fraudulenta la base de cotización de los trabajadores”. En este caso, se pactó con el comité de empresa dos convenios que se descolgaban del nacional del sector —ambos anulados por el Tribunal Supremo—. Estos documentos, supuestamente, perseguían hacer frente a la crisis económica reduciendo sueldos un 17,1%. Además, se ampliaba la jornada, obligando a hacer al menos 184 horas mensuales (22 más que las estipuladas) y se suprimían los pluses de nocturnidad y festividad. Estas, sin embargo, se seguirían abonando mediante transferencias bancarias bajo el epígrafe plus de productividad que se hacían de manera separada y que se reflejaban —de nuevo— bajo el concepto de dietas. Por último, sostiene la acusación, daba de baja a los trabajadores en la Seguridad Social por las vacaciones devengadas y no disfrutadas al final de la relación laboral, con lo que se evitaba la cotización por este concepto una vez cursada la baja. Reconfigurar “mendazmente” las cotizaciones a la Seguridad Social, según la Fiscalía, permitió a la empresa ahorrarse 17,03 millones entre marzo de 2013 a octubre de 2017.

Esta práctica no pretendía reflotar la empresa, sostiene la Fiscalía, sino hacerla crecer gracias a la ventaja competitiva que proporcionaban los menores costes. Así, entre 2011 y 2016, SIC registró crecimientos tanto en la facturación (entre 2013 y 2016 los ingresos crecieron el 51,4% hasta 95 millones) como en el beneficio operativo (también conocido como ebitda, que es el que resultado sin tener en cuenta los impuestos, los intereses por la deuda o las amortizaciones de capital). Pese a todo este crecimiento empresarial, SIC presentó su solicitud de concurso voluntario de acreedores en diciembre de 2017.