El exjuez Salvador Alba ingresa en prisión para cumplir una pena de seis años por conspirar contra Victoria Rosell

El exjuez Salvador Alba ha ingresado en la cárcel a las nueve de la mañana de este martes, según han confirmado fuentes penitenciarias. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) había notificado en la mañana de este martes un auto —dictado en la tarde del lunes— que ordenaba la búsqueda, detención e ingreso en prisión “inmediato” del exmagistrado. El centro penitenciario escogido por Alba es Las Palmas I, más conocido como El Salto del Negro, en Gran Canaria, informaron fuentes del TSJC.

El hecho de que se haya presentado en la prisión de Las Palmas I no significa que vaya a cumplir la pena en ella. Una vez ingresado, Instituciones Penitenciarias tiene la capacidad de trasladarlo a otro centro si así lo considera oportuno por motivos de seguridad u otra índole. Aunque desde su entorno se habló de la posibilidad de que Alba se personara en uno de los siete centros penitenciarios (todos ellos en la península) que cuentan con módulos específicos para reclusos que son miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado o funcionarios de prisiones para que fuera recluido en uno de ellos, de haberlo hecho tampoco hubiera sido seguro que se le hubiera asignado una celda en ellos. Fuentes penitenciarias señalan que, tras su paso por el llamado módulo de ingreso, donde se estudia la situación del nuevo interno antes de decidir su destino, se decidirá dónde se le recluye para que cumpla la pena. Estas mismas fuentes apuntan la posibilidad de que vaya a un módulo para presos primarios (que entran por primera vez en prisión) o los llamados de respeto (con internos con buena conducta que se autogestionan las labores), poco conflictivos. Estas fuentes, no obstante, recuerdan que la decisión final se tomará una vez que se le hayan hecho las entrevistas pertinentes por parte de los profesionales penitenciarios.

Alba fue condenado en 2019 a seis años y medio de prisión por conspirar en 2016 para dañar la imagen pública de su entonces colega de carrera Victoria Rosell (actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género), después de que ella decidiera concurrir a las elecciones generales de diciembre de 2015 en la lista de Podemos. Como consecuencia de aquella operación de difamación, Rosell acabó renunciando a la actividad parlamentaria, aunque todas las acusaciones contra ella se demostraron finalmente falsas.

Alba había intentado demorar su entrada en la cárcel planteando una recusación contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Juan Luis Lorenzo Bragado, a quien acusaba de tener una “prisa inusitada” por llevarlo a prisión.

El Tribunal Supremo confirmó en noviembre de 2021 la pena de seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación contra Salvador Alba por los delitos de prevaricación judicial, cohecho y falsedad en documento oficial. Quedaba pendiente la ejecución de la sentencia. Antes de intentar recusar al presidente del TSJC, Alba había alegado una dolencia renal “potencialmente mortal” que le impedía supuestamente viajar en avión a la Península. El pasado viernes, el alto tribunal canario informó de que el exjuez tenía hasta las 17,35 de ese mismo día para entrar en la cárcel.

El auto de búsqueda y captura emitido el lunes y dado a conocer este martes aclara, sin embargo, que ya el pasado jueves se denegó al condenado la suspensión solicitada y que fue “requerido personalmente” para que “procediera al ingreso en prisión en el plazo de un día”. Aquel jueves ya fue avisado de que, en caso de no cumplir con este requerimiento, “se dictarían las órdenes oportunas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que presten el auxilio necesario para la ejecución de la pena”.

El pasado domingo, la esposa de Alba, Teresa Lorenzo, aseguró a EL PAÍS que tenía pensado personarse este martes, tal y como, en su opinión, establece la legislación. “Mi marido tiene hasta el martes 18 de octubre a las 15,00 para ingresar en prisión”, señaló.

El último intento para evitar la entrada en prisión se produjo el lunes, con la recusación, de nuevo, del presidente del TSJC, y del magistrado Nicolás Acosta González. El TSJC rechazó estas recusaciones en el auto dado a conocer este martes. En opinión del TSJC, la petición de apartar a ambos magistrados es “manifiestamente extemporánea”, dado que “la composición del tribunal era ya conocida por la parte”. El TSJC, además, califica de “temeraria” la iniciativa de la defensa de Alba, porque “parte de unos mensajes de Twitter en los que ni siquiera se menciona al recusado”. “La propia prueba documental aportada evidencia que su conclusión es del todo injustificada y carente de cualquier fundamento”, destaca el auto.

Favorecer al candidato del PP

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias y el Tribunal Supremo dieron por probado que Salvador Alba maniobró en 2016 de forma ilegal para favorecer una querella del entonces cabeza de lista del PP, José Manuel Soria, contra Victoria Rosell, con la que el dirigente popular canario pretendía apartar de la política a la diputada de Podemos. Alba —que había solicitado expresamente su traslado al juzgado de instrucción 8 de Las Palmas, en el que Rosell había ejercido como jueza hasta que pidió su excedencia para entrar en política— llegó a un acuerdo con el empresario Miguel Ángel Ramírez para que este le facilitase documentos que cuestionasen la imparcialidad de Victoria Rosell como jueza. Esta había instruido desde 2014 una causa por delitos fiscales contra ese empresario, entonces dueño de la compañía Seguridad Integral Canaria y presidente, todavía hoy, de la Unión Deportiva Las Palmas.

En abril de 2016, José Manuel Soria (también exministro y exvicepresidente del Gobierno canario) había interpuesto una querella contra la ya diputada por Podemos, Victoria Rosell, en el Tribunal Supremo. La acusaba de prevaricación, cohecho y retardo malicioso del proceso penal. Tras la admisión a trámite de la demanda, Rosell se vio obligada a abandonar la Diputación Permanente del Congreso y renunció a presentarse de nuevo a las elecciones generales, que (ante la imposibilidad de ningún candidato de lograr la investidura) se celebraron el 26 de junio de ese año.

Los documentos que el juez Alba pidió al empresario para perjudicar a Rosell (contratos que supuestamente vinculaban a la pareja sentimental de la jueza, el periodista y empresario Carlos Sosa, con las sociedades mercantiles de Ramírez) sirvieron a Soria para ampliar su querella. Pero Ramírez grabó en secreto toda la conversación con Alba, lo que a la postre posibilitaría la condena al juez.

El TSJC archivó la denuncia contra Rosell en diciembre de 2016. “Es un buen día para la democracia y la confianza de la ciudadanía en las instituciones”, ha asegurado este martes la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. “Que cuando se condena a un juez corrupto o cualquier persona tan relacionada con el poder como el exjuez Salvador Alba se cumplan las sentencias y entre en prisión, además de ser expulsado de la carrera judicial, es la mejor noticia porque no se lo va a poder hacer a nadie más”.