Fin del camino para Salvador Alba, el juez que conspiró contra Victoria Rosell para favorecer a José Manuel Soria

Fin del camino para Salvador Alba Mesa. La entrada en prisión del exmagistrado dictada para este viernes (ayer por la tarde presentó nuevas alegaciones para tratar de frenar su ingreso) por conspirar contra la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género Victoria Rosell cierra uno de los casos judiciales más oscuros y mediáticos de cuantos se han dado en el archipiélago. Un juez corrupto, ministro, una diputada y un presidente de un club de fútbol acusado de fraude fiscal han sido los protagonistas de una conspiración que ha incluido reuniones secretas, grabaciones a traición y numerosos informes médicos. Este jueves, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias decretó la entrada en prisión de Alba, condenado a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación por los delitos de prevaricación judicial, cohecho y falsedad en documento oficial.

Los hechos se remontan a 2016, y tienen como germen la querella que el exvicepresidente canario y exministro de Industria, José Manuel Soria, había interpuesto contra la entonces diputada por Podemos, Victoria Rosell en el Tribunal Supremo por delitos de prevaricación, cohecho y retardo malicioso de un proceso penal. Tras la admisión a trámite de la demanda, Rosell se vio obligada a dejar, en abril de 2016, la Diputación Permanente del Congreso y renunció a presentarse de nuevo a las elecciones generales, que se celebraron el 26 de junio de ese año.

Salvador Alba se había incorporado el 3 de noviembre de 2015 al Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas, el cual hasta entonces ocupaba Rosell. La plaza había quedado vacante tras su entrada en política. El magistrado, de hecho, solicitó expresamente por escrito al Consejo General del Poder Judicial su traslado a ese juzgado, según el TSJC. En él, Rosell instruía desde 2014 el caso que afectaba por delitos fiscales al empresario Miguel Ángel Ramírez, dueño de la empresa Seguridad Integral Canaria y presidente del club de fútbol Unión Deportiva Las Palmas. Ramírez, por su parte, sigue teniendo por delante su propio via crucis judicial: la Agencia Tributaria y la Seguridad Social solicitan para este empresario 73 años de prisión por un fraude a las arcas públicas de más de 20 millones de euros.

Nada más incorporarse a su plaza, y casi sin haberse preocupado del estado de los asuntos que se instruían allí, Alba citó a Ramírez como imputado y solicitó la contabilidad de sus empresas. Este movimiento podía interpretarse como que reactivaba la causa por delito fiscal contra el magnate canario. Sin embargo, pronto se demostró que el interés era otro: el 7 de marzo de 2016, Alba contactó con un abogado de la causa y le manifestó su deseo de conseguir contratos que vincularan a la pareja de la juez Rosell, el periodista y empresario Carlos Sosa, con las sociedades mercantiles de Ramírez. También le expuso que quería entrevistarse personalmente con el empresario al que mantenía como imputado.

El encuentro —“intolerable” e “impropia en forma y fondo”, según la califica la sentencia de 2019 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias— se celebró el 16 de marzo en el despacho del magistrado, en la Audiencia de Las Palmas. “Don Salvador Alba Mesa autorizó verbalmente la entrada de D. Miguel Ángel Ramírez con su vehículo al interior del edificio judicial a través del garaje del mismo y el acceso al despacho por la zona reservada, restringida para el público”, destaca la sentencia del TSJC para dar cuenta del secretismo que envolvió a la cita.

El exmagistrado le expuso a Ramírez que le convenía ayudarle a demostrar que Rosell, la anterior instructora de su caso, no era una juez imparcial. Y que la forma de demostrarlo era declarando que mantenía relaciones comerciales con Sosa y aportando los documentos que lo demostraran.

A cambio, Alba se comprometía a declarar la nulidad de las actuaciones por la supuesta falta de imparcialidad de Rosell o incluso a fallar sobre el fondo de caso a favor de los intereses de Ramírez. El exmagistrado conseguía por su parte “información lesiva para la imagen pública de Doña Victoria Rosell, así como para incrementar las posibilidades de que fuera admitida a trámite la querella interpuesta ante el Tribunal Supremo por D. José Manuel Soria”.

Lo que ignoraba el juez Alba era que Ramírez estaba grabando de manera subrepticia toda la conversación con él. Los archivos de audio, validados por el Tribunal Superior, han sido fundamentales para apuntalar la condena.

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El 18 de marzo —viernes santo—, Alba dictó una resolución para citar, esta vez de manera oficial, a Ramírez, que le entregó la documentación acordada. Una semana después, El Mundo publicaba que el empresario Ramírez había prestado dinero a Carlos Sosa mientras su pareja lo investigaba. Y tres días después, José Manuel Soria usaba esta información para ampliar la querella contra la ya diputada de Podemos, que fue admitida el 25 de abril. Dos días después, Rosell renuncia a su puesto en la Diputación Permanente del Congreso. El TSJC archivó la denuncia contra Rosell en diciembre de ese mismo año.

Han pasado 11 meses desde que el Tribunal Supremo declaró firme la sentencia hasta que Alba ha ingresado en prisión. El proceso estaba detenido desde febrero, cuando su defensa alegó una dolencia renal “potencialmente mortal”. En el auto del jueves, el TSJC no cree que estas dolencias resulten incompatibles con su entrada en prisión. El último intento, también desestimado, consistió en recusar al presidente del TSJC, Lorenzo Bragado.

Alba siguió ejerciendo hasta el 19 de julio de 2018 y presidió juicios de alcance como el llamado caso Faycan, que investigó una trama de corrupción en Telde, el segundo mayor municipio de Gran Canaria y en el que el Partido Popular resultó condenado como responsable civil subsidiario. En la sentencia, Alba emitió un voto particular en el que argumentaba a favor de la absolución de la formación. En marzo, el Consejo General del Poder Judicial cerraba la carrera judicial de Alba, decretando la pérdida de su condición de magistrado.