La larga guerra sucia del juez Alba contra Victoria Rosell

¿Cómo se siente un inocente cuando lo quieren destruir? ¿Cómo sufre cuando pretenden acabar con su carrera, con su honor, con sus aspiraciones? ¿Hasta dónde llega el dolor cuando el Tribunal Supremo convierte a la víctima en sospechosa? María Victoria Rosell (Murcia, 54 años) guarda la respuesta a todas esas preguntas. Una conspiración ha marcado los últimos siete años de vida de esta magistrada, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género: un complot urdido por un compañero conservador, Salvador Alba, que aspiró sin éxito a puestos de poder en la carrera judicial y que, cuando ella dio el salto a la política con Podemos, se propuso hundirla para favorecer a José Manuel Soria, exministro de Industria del PP. “Buscaban matarme civilmente, que no pudiera ejercer la judicatura, ni de diputada. Y, si era posible, imputarme y condenarme con documentos falsos. E, incluso, meterme en la cárcel”, resume ella, apenas dos días después de que su verdugo entrase finalmente en prisión, el pasado martes.

Esta es la historia de una guerra sucia que comienza en octubre de 2015. Podemos se prepara para las elecciones generales de diciembre y confirma un fichaje de primera línea: Rosell, portavoz adjunta de Jueces para la Democracia, encabezará su lista en Las Palmas. Con el partido disparado en las encuestas, la magistrada se batirá con un rival difícil: José Manuel Soria, ministro del Gobierno de Mariano Rajoy y hombre fuerte del PP en Canarias, lidera la candidatura de los populares, que ya habían arrasado en los comicios de 2011. “Es una gran noticia que nos ayudará a limpiar de corruptos las instituciones”, afirma Pablo Iglesias, entonces secretario general de la formación, el día del anuncio. Es 23 de octubre. Y Alba no pierde el tiempo: empieza a moverse.

Solo unas horas después, explica Rosell, el magistrado se pone en contacto con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y le manifiesta su interés por sustituir a su compañera al frente del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas, que ella dirigía. Esa maniobra ya le olió fatal. “El 30 de octubre se comunica al juzgado quién va a ser mi sustituto, y yo me alarmo. Se lo comento por escrito a varios jueces: ‘Ha caído en muy malas manos”, recuerda la actual delegada del Gobierno: “Nosotros teníamos ya muchos indicios de que Alba hacía y deshacía a su antojo. Eran muchos años de resoluciones extrañas y tejemanejes sospechosos”. Pero nadie lo impidió. El 3 de noviembre, 19 días después de que se conociera la candidatura al Congreso de Rosell, Alba deja a un lado su puesto en una instancia superior (la Audiencia Provincial) y toma posesión de su nuevo cargo.

Pero, ¿quién era por entonces Salvador Alba? Perteneciente a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), cuya portavocía ejerció en las islas, este cordobés de 52 años había desembarcado en Telde (Gran Canaria) en el 2000. Los fines de semana era frecuente verlo junto a su esposa, la jurista sevillana Teresa Lorenzo Establier, paseando y almorzando en la playa de Salinetas, en ese mismo municipio. Muy pronto se hizo notar. En 2005, presentó una cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley de Violencia de Género del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE). “Los juzgados de violencia son tribunales de excepción”, aseguró en aquel año en una entrevista en EL PAÍS. “La ley establece una clara discriminación penal en contra del hombre”, dijo sobre una normativa avalada después por el Tribunal Constitucional.

También, el magistrado había intentado sin éxito obtener cargos de poder en la carrera judicial. En 2014, se presentó para ocupar la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pero no obtuvo ni un solo voto. Un año antes ya había lanzado también su candidatura a vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Él, que en 2019 se dejó ver en un acto de Javier Ortega Smith (Vox), siempre ha negado su cercanía al PP —“¿A mí me ha dado algún cargo el Partido Popular? ¡Jamás, ninguno!”, espetó en una ocasión—; pero Rosell no tiene dudas de que existía un interés político en la conspiración. La sentencia que impone a Alba seis años y medio de cárcel, confirmada por el Supremo, lo deja claro: maniobró para “incrementar las posibilidades” de que se admitiese a trámite una querella contra ella interpuesta ante el alto tribunal por José Manuel Soria, que antes de asumir la cartera de Industria había ostentado la Vicepresidencia del Gobierno canario, la Consejería de Economía y Hacienda, la Presidencia del Cabildo de Gran Canaria y la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria.

El complot

A las 13.50 del 16 de marzo de 2016, un coche entra en el garaje de los juzgados. Alba ha autorizado verbalmente el acceso del automóvil, algo excepcional. A bordo va Miguel Ángel Ramírez, uno de los empresarios más conocidos de las islas por sus negocios de seguridad privada y por ser el dueño del club de fútbol Unión Deportiva Las Palmas. El magistrado, que ya se mueve a su gusto por el Juzgado de Instrucción 8, ha preparado una reunión secreta con él en su despacho. Una cita “intolerable” e “impropia en forma y fondo”, según el Tribunal Superior de Justicia.

Ese encuentro no resulta baladí. Antes de solicitar su excedencia para las elecciones, Rosell instruía un presunto caso de fraude fiscal cometido por Ramírez. Un sumario que heredó Alba al sustituirla y que este quería aprovechar para destruirla. Según considera probado la justicia, el magistrado conservador expuso al empresario que le convenía ayudarle a demostrar que su predecesora no era imparcial. Sin que tuviera nada que ver con la causa, le pidió datos y documentación que demostrasen la relación entre sus compañías y las de la pareja de la juez, el periodista Carlos Sosa. A cambio, Alba prometía declarar la nulidad de las actuaciones o, incluso, a fallar sobre el fondo de caso a favor de los intereses de Ramírez. Lo que ignoraba Alba es que el dueño del club de fútbol lo estaba grabando todo.

—¿Tú crees que a José Manuel le va bien esto para la querella que tiene? —pregunta Ramírez al magistrado durante aquella reunión secreta, según se escucha en los audios de la cita.

—A ver, la querella que tiene yo creo que prospera sí o sí como está, pero desde luego esto... —responde Alba.

“Me dijo que quería cargarse a esa ‘hija de puta’, a ‘esa cabrona”, relató Ramírez tras estallar el escándalo: “Quería acabar con su carrera judicial y con su carrera política”. Contactado por EL PAÍS para aclarar algunos extremos, el dueño de la UD Las Palmas ha rechazado participar en este reportaje: “Respeto profundamente a la justicia y ella ya se ha pronunciado”.

Pero la justicia tardó en llegar. Y a la víctima se la convirtió en sospechosa durante mucho tiempo. De hecho, los ataques habían comenzado antes de esa cita secreta en el despacho de Alba. El 23 de noviembre, en plena precampaña de 2015, la Fiscalía de Las Palmas recibió un sobre anónimo con fotocopias de un contrato que vinculaba a Ramírez y a la pareja de Rosell. El ministerio público abrió entonces una investigación “preprocesal”, que El Mundo publicó en portada horas antes de arrancar la campaña y que el Supremo declararía después nula. Ante tal terremoto mediático y pese a sospechar que Soria se encontraba detrás, la candidata de Podemos se vio obligada a dar explicaciones y contó que esa relación empresarial se produjo después de que ella dejara el juzgado y, por tanto, cualquier competencia en las pesquisas abiertas contra Ramírez.

Aun así, Salvador Alba se aferró a Ramírez. Tras la reunión secreta del 16 de marzo, el empresario fue citado a declarar por el magistrado el 23 de ese mismo mes y, cumpliendo con lo pactado, aseguró que sus negocios con Carlos Sosa venían de antes y abarcaban la etapa de Rosell como juez. Dos días después, El Mundo lo cuenta bajo el titular El presidente de Las Palmas confirma sus negocios con la pareja de la juez Rosell. Esa maniobra sirvió al ministro Soria para ampliar y dar alas a una querella que había presentado contra la ya diputada de Podemos, que formaba parte de la Comisión Permanente del Congreso. Una denuncia que el Supremo admitió en abril de 2016, pese a la oposición de la Fiscalía, tras recibir un informe de Alba que la señalaba. La apertura de dichas pesquisas provocó que la parlamentaria dimitiese y renunciase a repetir en las elecciones generales de junio de 2016, que se celebraron después de que no se lograra formar Gobierno tras las de 2015.

Días después, el 11 de mayo de 2016, Ramírez vuelve al Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas y cuenta todo a otra magistrada, Carla Vallejo, que había sucedido a Alba. También le entrega copia de la charla secreta que el empresario mantuvo con el juez conservador. En diciembre de ese 2016, la justicia archivó la querella de Soria, que ya había renunciado como ministro y había abandonado la vida política tras descubrirse que mintió al explicar su relación con los llamados papeles de Panamá y su participación en empresas familiares radicadas en paraísos fiscales.

“Todo esto fue por agradar a José Manuel Soria en la medida en que perjudicaba a su rival política”, cuenta Rosell, que quedó segunda en las elecciones de 2015 y a menos de 10.000 votos del candidato del PP. Tras revelarse los audios, la magistrada pasó entonces al contrataque y lideró la causa contra Alba, al que el Tribunal Superior de Justicia condenó en 2019 a seis años y medio de prisión por las maniobras contra ella. Un fallo confirmado por el Supremo en 2021 y que también le ha supuesto perder la condición de magistrado. La sentencia se ejecutó el pasado martes: tras las triquiñuelas del ya exjuez para evitar entrar en la cárcel, Alba ingresó a las 09.00 en el Centro Penitenciario de Las Palmas I, conocido como El Salto del Negro.

¿Cómo le afectó toda esta guerra sucia? “Lo peor fue el daño personal: a mí y a mis familiares. Incluso de salud”, recalca Rosell. La sentencia que condenó a Alba detallaba que, “a consecuencia de estos hechos, sufre un trastorno mixto ansioso-depresivo reactivo, de moderada intensidad, precisando tratamiento psicofarmacológico por tiempo prolongado”. La actual delegada de Violencia de Género añade que, “económicamente, fue una ruina”. Tuvo que asumir muchos gastos de abogados y procuradores ante muchos tribunales y durante muchos años. Además, el PP aprovechó el caso para intentar destrozarla. “Un diputado de Murcia, en un debate, llegó a decir: ‘Si queremos corrupción, hablemos de la señora Rosell’. ¡Estábamos debatiendo del accidente del Alvia!”, rememora la magistrada que cuenta que, desde que se conoció la sentencia contra Alba y hasta hoy, “solo una persona del PP” se le ha acercado para interesarse por ella. “Fue un alto cargo y creo que no le gustaría que dijera quién es, así que no lo voy a perjudicar. Pero solo una mujer del PP se acercó a mí y me felicitó por la sentencia y dijo que se alegraba mucho de que hubiera triunfado la verdad”.