El Supremo investiga si una diputada de Podemos prevaricó como juez

El Tribunal Supremo investigará si la diputada de Podemos Victoria Rosell prevaricó para favorecer negocios de su pareja durante su etapa como juez en Las Palmas. El alto tribunal ha admitido este martes la querella contra Rosell que presentó José Manuel Soria, cuando era ministro de Industria, por delitos de retardo malicioso en la administración de justicia, prevaricación y cohecho.

La Sala de lo Penal del Supremo ha acordado abrir una causa para investigar a Rosell, que está aforada por ser diputada en el Congreso. Sin embargo, los hechos por los que se la investiga los llevó a cabo como juez de Instrucción 8 de Las Palmas, plaza que ocupó hasta que se le concedió la excedencia para presentarse en las listas de Podemos a las elecciones del 20-D.

Según la querella del exministro de Industria, Rosell retrasó una causa en la que estaba imputado por delitos fiscales el empresario Miguel Ángel Ramírez, que, según la investigación, mantiene “relaciones económicas” con la pareja de la juez, el periodista Carlos Sosa. Cuando Soria presentó la querella se sabía que Ramírez, presidente de la Unión Deportiva las Palmas, había alquilado una emisora de radio propiedad de Sosa unos días después de que Rosell dejara el juzgado para presentarse a las elecciones. Pero durante una declaración judicial posterior, el empresario aseguró que sus negocios con Sosa venían de antes y abarcan la etapa de Rosell como juez.

El auto del Supremo, del que ha sido ponente el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, explica que la investigación deberá dilucidar si las resoluciones dictadas por la diputada cuando instruía la causa contra el empresario “no eran sino el vehículo para la consecución del objetivo de la señora Rosell, que según el querellante, buscaba enriquecer a su pareja”.

El instructor del caso en el Supremo será el magistrado Juan Ramón Berdugo. En el escrito de admisión a trámite, la Sala de lo Penal da por hecho que la causa se demoró, pero la investigación tendrá que determinar si la juez lo retrasó a propósito y esta demora supuso “un distanciamiento tal del principio de imparcialidad que las decisiones adoptadas no habrían sido sino una coartada llamada a camuflar el irreparable quebranto de los principios y deberes estatuarios” que legitiman la actividad de los jueces.

El auto se basa, además de en la querella de Soria, en los documentos que pidió el Supremo hace unas semanas para decidir si daba el paso de investigar a la diputada. Entre estos documentos están los testimonios de la declaración judicial prestada por el empresario, que aludió a la existencia de pagos continuados a la pareja de Rosell. El tribunal investigará si estos pagos suponen un delito de cohecho por parte de la juez.

La Sala de lo Penal, sin embargo, no ha admitido investigar a la diputada por los delitos de injurias y calumnias que también le atribuía el exministro por unas declaraciones en las que Rosell dijo que Soria pretendía con su denuncia “acabar con un rival político”. Según el Supremo, esas afirmaciones de Rosell están amparadas por la libertad de expresión, que prevalece sobre el honor o dignidad, “en especial cuando los afectados son titulares de cargos públicos”. “El deseo de la señora Rosell de expresar públicamente el malestar con lo que consideraba una injustificada investigación por la fiscalía, hace que aquellas imputaciones aparezcan como un genuino acto de la libertad constitucional de expresión”, señala el auto.