La Fiscalía acusa de malversación al presidente de la Unión Deportiva Las Palmas por la venta de material sanitario
El ministerio público se querella contra el dirigente y otras tres personas por delitos de malversación y blanqueo de capitales
La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha presentado una querella contra un grupo de cuatro personas, entre ellas el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez. Estas personas están vinculadas a dos sociedades mercantiles, y se les acusa de los delitos de malversación y blanqueo de capitales, derivados de los “cuantiosos ingresos” y no justificados obtenidos por la venta de material sanitario al Gobierno de Canarias durante el periodo de crisis sanitaria del Covid19 entre los años 2020 y 2021, según ha adelantado la Cadena SER y ha confirmado este diario. La querella incluye, a su vez, al exalcalde del municipio grancanario de Santa Brígida (Partido Popular) y también exdiputado en el Parlamento de Canarias (Unidos por Gran Canaria), Lucas Bravo de Laguna.
El ministerio sostiene que Damco Trading Services, S. A. y Tanoja Services, S. L., ambas con domicilio fiscal en Madrid, fueron adjudicatarias del Servicio Canario de Salud (SCS) durante la emergencia sanitaria por la covid-19, para el suministro de material sanitario. Damco, de esta manera, facturó al SCS en el año 2020 un total de 15,89 millones de euros, por otros y 2,78 millones en 2021. Tanoja Services facturó en el año 2021 al SCS la cantidad total de 4,23 millones.
Parte de estas cantidades ingresadas por el Gobierno de Canarias se transfirió a otras dos sociedades mercantiles. Una de ellas estaba dirigida por Miguel Ángel Ramírez como socio y administrador único. En el segundo caso, fue transferido a una sociedad cuyo administrador único es Lucas Bravo de Laguna y otro de los acusados.
La Fiscalía explica que ninguno de los perceptores de los importes transferidos justificó actividad alguna que explicase “los cuantiosos ingresos de que fueron beneficiarios”. Ramírez fue absuelto a finales del año pasado de la acusación de cometer fraude a la Seguridad Social a través de la empresa Seguridad Integral Canaria entre 2014 y 2016. La Audiencia provincial concluyó en noviembre que no hay indicios para acreditar que durante esa etapa fuera el “administrador de hecho” de la sociedad y, por tanto, responsable de las presuntas prácticas fraudulentas.
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