Málaga se rebela contra su gran rascacielos, una torre de 150 metros en el puerto

Málaga se ha rebelado contra el rascacielos previsto en el puerto de la ciudad. Tras años de movilizaciones, informes de instituciones y un debate político que ha ido a más, la sociedad civil malagueña ha dado un paso adelante para mostrar su rechazo al proyecto hotelero impulsado por el fondo de inversión Al Alfia, ligado a la familia real de Qatar. A falta de la bendición o rechazo del Consejo de Ministros, que tiene la última palabra, dos entidades ciudadanas han abierto la vía judicial. A un lado, la plataforma Defendamos Nuestro Horizonte, que ha lanzado una campaña de microfinanciación para presentar un recurso que impugne el acuerdo del Ayuntamiento que ha permitido levantar el edificio. Al otro, la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, que camino a su 175º aniversario también participa de la vía judicial. “Aún hay posibilidades de detener este disparate de edificio”, subraya Matías Mérida, catedrático de Análisis Geográfico en la Universidad de Málaga y miembro de la organización que en solo diez días ha conseguido 21.000 de los 30.000 euros que persiguen gracias a casi 500 financiadores.

La llamada torre del puerto es el inmueble que más conversaciones ha generado en Málaga en los últimos años. Para unos es símbolo de modernidad; para otros, un mamotreto. El proyecto —firmado por el arquitecto José Seguí— está dibujado en el dique de levante, en el extremo sur de la ciudad y junto a la terminal de cruceros. Tras varias intentonas previas, la idea se hizo realidad en 2015 y un año después se adjudicó en un polémico concurso de concurrencia exprés impulsado por la Autoridad Portuaria. Después se fueron desgranando los detalles de la iniciativa, como sus 378 habitaciones cinco estrellas o su altura, 150 metros. Está presupuestada en 200 millones de euros y fue presentada por todo lo alto en el Ayuntamiento de Málaga con la presencia del alcalde, Francisco de la Torre, que defiende a capa y espada el proyecto. También estuvo el abogado Ramón Calderón, expresidente del Real Madrid y representante del grupo catarí Al Alfia, promotor del inmueble que ya en 2022 se adjudicó la construcción del puerto deportivo de San Andrés, también en la capital malagueña.

Con todo atado y el respaldo del puerto, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Málaga, éste aprobó el pasado noviembre —con el voto a favor del PP, la abstención de Vox y el rechazo del PSOE y Con Málaga— el cambio del Plan Especial del Puerto que permitirá edificar “un complejo hotelero, turístico, de ocio, recreo y cultural” de tal envergadura. El acuerdo ha sido necesario para modificar las normas urbanísticas, que permitían levantar solo 6.000 metros cuadrados donde ahora se prevén 45.000. La última palabra la tiene el Gobierno central, que esperará primero a ver qué ocurre en los tribunales. “Habrá que ver cómo acaba”, afirmó hace unos días Javier Salas, subdelegado del Gobierno en Málaga. “En un momento y ciudad como ésta, la prioridad no está en más plazas hoteleras”, apuntaba días antes la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.

“Málaga no es Dubái”

Mientras llega la decisión, el proyecto fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el pasado 19 de febrero. El reloj empezaba a avanzar entonces para presentar cualquier recurso contencioso administrativo al proceso en un plazo de dos meses. Se había adelantado la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, disconforme con el proyecto desde 2016. “Entre nuestros objetos está la defensa del patrimonio y del medio ambiente, por eso lo hacemos”, explica su presidente, José Manuel Cabra de Luna. “No estamos en contra de que la ciudad se haga de una manera u otra, estamos en contra de este elemento absolutamente disturbador, innecesario y, además, irreversible: si se hace, los nietos de los nietos de mis nietos seguirán viendo ahí la torre”, añade el académico. “Esto no es un salto a la modernidad, la modernidad es a veces quedarse quieto. Málaga no es Dubái”, insiste.

Los servicios jurídicos presentaron el recurso —interpuesto como institución y también a título personal de varios de sus 38 académicos— antes del 19 de febrero, así que lo han retirado para volver a hacerlo en el plazo correcto. En todo caso, impugna la modificación municipal del Plan Especial del Puerto con el objetivo de preservar el paisaje para las generaciones futuras. La academia, además, cree que pudo haber fraude de ley en la concesión del suelo para la construcción del hotel. En aquel concurso solo hubo dos ofertas. La del promotor catarí y la de un consorcio al que solo se dio un mes de plazo para presentar su proyecto y del que apenas se supo que no reunía ninguno de los requisitos exigidos y, por tanto, quedó excluido. “Fue un cachondeo”, opina Cabra de Luna.

Entidades como Ecologistas en Acción y el Colegio de Arquitectos también han mostrado sus críticas en reiteradas ocasiones. Lo ha hecho igualmente varias veces el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), asesor de la Unesco, que ha dicho en distintos documentos que el rascacielos tendría consecuencias “irreversibles” en la ciudad. “Todo esto es una señal de que la sociedad civil está viva”, señala Matías Mérida. El docente universitario es uno de los fundadores, en 2017, de la Plataforma Defendamos Nuestro Horizonte, que hoy cuenta con algo más de cien personas voluntarias. Trabajan a tres niveles. A un lado, la movilización social, con la celebración de concentraciones, la recogida de 16.000 firmas en la plataforma Change.org o el impulso de un manifiesto firmado por Elvira Lindo, Irene Vallejo o Manuel Vicent entre otras 300 personalidades de la cultura. Al otro, el plano político, influyendo para que oposición municipal declare su rechazo a la iniciativa, incluido el del PSOE, que arrancó el proyecto cuando dirigía el puerto.

La tercera vía, la judicial, pueden ya iniciarla gracias al dinero recabado, aunque esperan que las donaciones alcancen los 30.000 euros para financiar todos los trámites posteriores. “Nuestro recurso se basará en el cumplimiento de la legislación urbanística, la ambiental y la de patrimonio histórico”, explica Mérida, que prefiere no dar demasiados detalles de su estrategia. “Tampoco entendemos que se haya regalado gratis suelo público a un Estado como Qatar que no es homologable a nuestra democracia”, añade el arquitecto Fernando Ramos, que plantea calcular cuánto costaría la parcela de 17.000 metros cuadrados en primera línea de mar donde se quiere levantar el hotel si en 2010 el Ayuntamiento pagó 21 millones por un solar de 1.200 metros cuadrados junto a la plaza de la Merced. “Y encima no hay compensación a la ciudad a cambio”, subraya.

“Lo que nosotros decimos es no a ese edificio en ese lugar, quizá pueda construirse en otra parte”, insiste Isabel Ruiz-Mora, profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Málaga. La ciudad, de hecho, lleva unos años creciendo en altura. Ya están prácticamente terminadas dos grandes torres en la zona de Martiricos y tres más en la zona de Huelin, al este, pero desde la plataforma subrayan que el dique de levante, en pleno epicentro de la bahía de Málaga, no es su lugar. “Sobran los argumentos para ello”, señala Ruiz-Mora, que destaca varios. El impacto visual es uno de los principales “porque cambiaría el horizonte para siempre” ya que la torre se podría ver desde todo el área metropolitana y rompería la estampa urbana definida por la catedral, la alcazaba y el castillo de Gibralfaro. Las dificultades que podría crear para la movilidad en el entorno del barrio de La Malagueta, las dudas sobre si los promotores algún día cambiarán el uso hotelero por residencial o el impacto medioambiental son otros factores. Hay otro, sentimental, que duele especialmente en la ciudad. “Obligará a construir otro nuevo faro y apagará La Farola, por lo que Málaga perderá su identidad”, concluye Ruiz-Mora.