Málaga se debate entre construir un bosque urbano o cuatro rascacielos

A inicios de 2016, los malagueños Ana Ferrer y Javier López empezaron a fantasear. Caminaban por un enorme solar ubicado en el distrito de Carretera de Cádiz, cerca de su casa. ¿Y si se construyera aquí una zona verde? Se preguntaron. Descubrieron que el suelo, de 177.000 metros cuadrados, pertenecía en gran parte al Ayuntamiento de Málaga y, en menor, a la Sareb, conocido como banco malo. Y conocieron que la idea de crear un espacio natural no era nueva: sus vecinos lo reivindicaban desde los años ochenta. La parcela, conocida como los terrenos de Repsol porque hasta el año 2000 acogió almacenes de combustible, se encuentra ahora puesta a subasta pública. El proyecto actual reduce sus zonas verdes a menos de la mitad y dibuja, en cambio, más hormigón: cuatro rascacielos para vivienda de renta libre, bloques para vivienda de protección oficial (VPO) y zonas de oficinas, comercios y equipamiento público. Ahora, cuando el proceso de adjudicación estaba casi acabado, el juez ha admitido a trámite un contencioso-administrativo que pide paralizar la venta, poniendo en riesgo el desarrollo inmobiliario.

El recurso ha sido interpuesto por la plataforma Bosque Urbano Málaga, que iniciaron precisamente Ferrer y López en 2016 y que respaldan 40 colectivos vecinales y 45.000 firmas. Las actividades de la organización son múltiples. La más destacada es la plantación de árboles para adelantarse a la zona forestal con la que sueñan. Hay ya 250 ejemplares jóvenes de especies mediterráneas como pinos, acebuches, algarrobos o álamos. La mayoría son pequeños y apenas dan sombra, pero personas voluntarias los riegan de forma periódica con la esperanza de verlos crecer. El colectivo cree “surrealista y absurdo” que “en pleno siglo XXI, ante el cambio climático y en una ciudad deficiente en zonas verdes, haya que llegar a los juzgados para reivindicar un gran parque”, como explica López mientras camina por un terreno donde algunas palmeras crecen al libre albedrío entre rincones llenos de basura.

La superficie se levanta en el Este de la capital malagueña, en el distrito de Carretera de Cádiz, la zona con más densidad de población de la ciudad. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) incluyó para este suelo la construcción de una gran zona verde en los ochenta, pero el planeamiento urbanístico fue reduciendo el peso de las zonas verdes. Es lo que la plataforma considera ahora irregular, de ahí que hayan impugnado —con financiación obtenida gracias a una campaña de microdonaciones— el Plan General y soliciten como medida cautelar la paralización de la venta de los terrenos. Hace más de una década, la crisis económica llevó a una inmobiliaria a que renunciara a un acuerdo con el Ayuntamiento para aumentar el aprovechamiento urbanístico de la zona a cambio de 82 millones de euros. Tampoco el banco NovaGalicia, que heredó el proyecto urbanístico, pudo asumirlo. Ahora Málaga ha vuelto a ofrecerlo al mejor postor en una operación valorada en 53 millones y que incluye la construcción de tres torres de entre 28 y 32 plantas, además de una cuarta, de 34, que construiría la Sareb. Hay cinco empresas interesadas.

Pedro Francisco Sánchez es el portavoz de la plataforma Bosque Urbano Málaga. Recuerda que en 2016 el pleno municipal aprobó una consulta ciudadana sobre qué hacer con los terrenos y que en 2019 dio luz verde a la creación de un bosque, pero no se hizo efectivo. Su principal argumento en defensa del bosque es la escasez de parques y jardines en Málaga. De hecho, el Ayuntamiento reconoce que hay 9,85 metros cuadrados por habitante de zonas verdes de la ciudad —la mitad de lo que recomienda la Unión Europea— y subraya que las barriadas del entorno de esta parcela son altamente vulnerables al cambio climático. La falta de parques es una de las tradicionales críticas a la capital de la Costa del Sol, que quiere albergar en 2027 una Exposición Internacional bajo el lema La era urbana: hacia la ciudad sostenible. En esa línea, el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre (PP), ha asegurado que los rascacielos previstos producirían un ahorro de dióxido de carbono “infinitamente superior” al del bosque porque evitará el desplazamiento de trabajadores al extrarradio.

El concejal de Urbanismo, Raúl López, aclara que la subasta se ha hecho buscando el equilibrio “entre maximizar el terreno para el parque y generar espacio para oficinas, comercios y uso residencial”. Defiende el proyecto con cifras. El proyecto recoge que los rascacielos, los edificios de VPO y los de oficinas y uso comercial necesitarán 25.000 metros, apenas el 14% de la superficie total. A cambio, habrá 80.000 metros de zonas verdes, el 45%. El resto es para equipamiento público y viales de conexión. ”Es nuestro modelo de ciudad, que permite atraer empresas, generar empleo y dinamizar la economía”, subraya López, que defiende la importancia de este desarrollo inmobiliario porque “atrae a inversores y empresas tecnológicas, que quieren estar en plena ciudad, no a las afueras”. Un documento municipal advierte, además, que si el proyecto urbanístico se cancela el perjuicio económico para la ciudad sería de más de 100 millones de euros entre indemnizaciones y la construcción del bosque.

La pelota está en el tejado del juez, que debe decidir si existe alguna irregularidad en el actual Plan General, de 2011, algo que el municipio cree “rocambolesco” porque el uso que prevé para estos suelos es el mismo del PGOU de 1998 sin denuncia alguna. El procedimiento judicial podría paralizar la venta o dejarla continuar —con o sin condiciones— mientras estudia los argumentos de Bosque Urbano Málaga. El Ayuntamiento cree que no tienen posibilidad, mantiene la subasta y esperan conocer al ganador en la última semana de este mes. Los vecinos insisten en que llegarán hasta la última vía judicial a su disposición y, mientras, aguardan las cinco compañías que han acudido al concurso para levantar los rascacielos. Todas se han acompañado de grandes firmas internacionales: Urbania ha presentado tres diseños de los arquitectos Toyo Ito, Bjarke Ingles y César Frías; el fondo suizo Stoneweg lo ha hecho de la mano de Rafael Moneo y José Seguí; Exxacon ha recurrido a Carlos Lamela; Single Home, al estudio Abalos+Sentkiewicz y Acciona, a Ortiz y León.