Cuando la política deja secuelas irreparables

Hay déjà vu que duran toda la vida. El gran paradigma de Demetrio Madrid, que dimitió como presidente de Castilla y León en 1986 tras ser procesado por un delito del que fue absuelto cuatro años más tarde, regresó esta semana con el archivo de la causa judicial contra Mónica Oltra. La líder de Compromís había renunciado como vicepresidenta y portavoz del Gobierno valenciano en 2022, a menos de un año de las elecciones autonómicas, tras ser imputada por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su exmarido en un centro de menores de la Generalitat. Dos años después, el juez ha dado carpetazo al caso tras no apreciar “indicios de la comisión de delito alguno”.

“Lo que le ha sucedido a Oltra me ha hecho recordar mi propia experiencia... Si no lo hiciera, sería de madera”, interviene Demetrio Madrid, que aprovecha la conversación con EL PAÍS “para trasladar un saludo afectuoso” a la exvicepresidenta valenciana e incidir “que ahí está y siempre le quedará su itinerario personal intachable”. El primer presidente de Castilla y León tras la dictadura, único por el PSOE, renunció “para no perjudicar a la institución” con la esperanza de que la acusación por la supuesta venta ilegal de una empresa textil de su propiedad se resolvería pronto. Las elecciones fueron en 1987: José María Aznar las ganó por 5.000 votos, después de que el PSOE perdiera 120.000. La justicia absolvió a Madrid de haber cometido un delito social en 1990. “A mí nadie me obligó a dimitir, aunque hay días que tengo la doble sensación de si fue o no una decisión acertada. Pensaba que se resolvería pronto y que me volvería a presentar como candidato... La sentencia fue absolutamente laudatoria, pero en la justicia no hubo ninguna prisa. Eso que llaman lawfare —judicialización política— ha funcionado desde siempre”.

El archivo del caso de Oltra, que acaparó decenas de portadas y cientos de tertulias, reabre el debate sobre cuál debe ser la respuesta de los partidos cuando la justicia entra en juego y qué se podría hacer para reparar el daño personal. “Necesitamos librar el debate de la restitución y reparación del daño cuando un caso judicial queda en nada, es algo que tenemos pendiente”, reflexiona la politóloga Cristina Monge. El político puede ser irremediable: el 28-M Compromís perdió 90.000 votos y dos diputados que, combinados con el hundimiento de Unidas Podemos, propició un Gobierno de coalición de PP y Vox. “Me tuve que presentar yo y aguantamos los muebles, pero pienso que quienes interpusieron la querella y estaban detrás obtuvieron lo que pretendían —la formación de Santiago Abascal ejerció la acusación particular y dilató el proceso—, Mónica no se pudo presentar, el bloque progresista fue a las elecciones debilitado y perdimos el Gobierno. Claramente, tuvo consecuencias”, expone Joan Baldoví. El cabeza de lista de Compromís en las pasadas autonómicas reconoce que los últimos días se ha hecho varias veces la misma pregunta: ¿Oltra tenía alternativa a la dimisión? “Mi conclusión es que no se podría actuar de otra manera. En la izquierda, partidos y votantes somos muchísimo más exigentes que en la derecha. Mónica se fue a su casa y está absolutamente legitimada para volver a la política. La mejor reparación sería esa y que regresara por la puerta grande”, sentencia.

En la derecha está muy extendida la idea de que Oltra terminó siendo víctima del listón que ella misma estableció cuando exigía la dimisión de Francisco Camps, que presidió un Gobierno salpicado de corruptos, por su presunta implicación en el caso Gürtel y casos como el de los trajes, del que salió absuelto en 2011. Oltra, defensora de que la “línea de la ética” en la política “no deberían marcarla los tribunales” y contraria al “automatismo” de que tener que dimitir si se está imputado porque hay “muchas casuísticas”, marcó un precedente exigiendo la renuncia de Camps por “responsabilidad política”. Justo lo que el PSOE le pidió a José Luis Ábalos por el caso Koldo, el primer escándalo de corrupción relevante del Gobierno desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa en 2018. Ábalos, exministro de Fomento y ex número tres del PSOE, se atrincheró en el escaño con el argumento de que la justicia no le acusa de nada y se pasó al Grupo Mixto, mientras Ferraz le suspendía de militancia: el código ético del partido establece la suspensión cautelar automática como afiliados cuales se haya dictado auto de apertura de juicio oral por delitos de corrupción o violencia de género. Otro ejemplo reciente de la contundencia aplicada por el PSOE fue la dimisión del concejal socialista Daniel Viondi en septiembre por darle tres toques en la cara al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. En cambio, Javier Ortega Smith, edil y diputado estatal de Vox y uno de los que con más ahínco pidió el cese de Viondi, se negó a emprender el mismo camino tras lanzar una botella al concejal de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño en un pleno.

Volviendo a Oltra, la portavoz de Podemos, Isa Serra, lo considera “un caso evidente de difamación y de cómo se sigue usando el lawfare en nuestro país como un arma para intentar intervenir en la política e impedir las políticas de avances de derechos. Demuestra que hay que protegerse frente a una forma de corrupción de la justicia. Creo que a Oltra no se le ha protegido”. Serra se pone de ejemplo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid suspendió en septiembre de 2022 la ejecución de la condena, impuesta en abril de 2020, de un año y siete meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo impuesta a la exdiputada en la Asamblea de Madrid por atentado a la autoridad durante una protesta para frenar un desahucio en 2014. “La reacción de la ejecutiva de Podemos fue la de hacerme portavoz, se mandó así el mensaje de que se me respaldaba, de que me apoyaba en una causa en la que era evidente que había una denuncia falsa y ningún indicio por el cual yo podía ser juzgada por atentado a la autoridad”, remarca. Podemos establece en su código ético la renuncia a los cargos públicos y orgánicos por el procesamiento o condenas por casos de corrupción, violencia machista o contra la infancia, delitos ecológicos o urbanísticos, pero prevé la salvedad de “cuando exista un contexto de acoso judicial con intenciones políticas (lawfare) y alejado del derecho”.

Otros damnificados se lamentan de sus años de penurias judiciales. La Audiencia Nacional archivó a finales del año pasado la acusación contra Salvador Victoria y Lucía Figar, exconsejeros de la Comunidad de Madrid, en el caso Púnica. Los dos estaban imputados y dimitieron en junio de 2015, un mes después de los comicios regionales de ese año, para facilitar un pacto entre el PP y Ciudadanos y que Cristina Cifuentes pudiese ser investida presidenta autonómica. “Ya no tengo ninguna causa pendiente tras cinco archivos judiciales, pero he mantenido la situación de investigado durante más de ocho años”, relata Victoria, que pasó de ser consejero de Presidencia, Justicia y portavoz de gobierno a no entrar en las listas “en parte motivado por todo el cúmulo de informaciones y una situación procesal que me llevaron a interrumpir mi actividad política y en la administración”. “No solo me perjudicaron en mis tareas políticas, sino que incluso por decisión personal decidí no reingresar al servicio en el que era funcionario por coincidir donde yo había sido consejero y porque los servicios jurídicos estaban personados en la causa pública, cuenta Victoria, letrado por oposición y que ejerce como abogado. “No ha sido fácil ni en lo personal ni en lo profesional por las implicaciones para la familia, tu entorno... Además, sufrí incomprensiblemente a petición de la Fiscalía unas medidas durante dos años totalmente desproporcionadas de retirada del pasaporte y de tener que acudir a firmar mensualmente al juzgado. Una decisión desproporcionada que no se tomó con nadie en circunstancias similares a la mía”, concluye.

“Las propuestas de la nueva política estaban muy ligadas a la regeneración y hubo un momento donde se elevaron los estándares de exigencia ética para los políticos. Eso está bien, que seamos más exigentes, pero hay que hacer una reflexión para aquellos casos que quedan en nada”, incide Monge. Mientras, la preocupación relacionada con los partidos políticos y la corrupción aumentan según el CIS y otros estudios demoscópicos. España ha bajado un puesto (36 de 180) y cuatro respecto a 2020 en su posición en el último ránking mundial del índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. “Para que España pueda remontar esta tendencia, es preciso no solo abordar reformas legislativas, sino sobre todo implementar procedimientos y controles adecuados de integridad, transparencia y rendición de cuentas”, explica David Martínez, director ejecutivo de la organización en España. Sin entrar en ningún caso archivado en concreto, apela “al respeto de la presunción de inocencia” como primera condición en un contexto político crispado y polarizado. “No es fácil establecer una regla fija, pero sí apelar a la responsabilidad y a la contención en todo lo que se refiere a las instituciones y a las personas que desempeñan cargos públicos. Lo que conduce a estas situaciones es la instrumentalización política del proceso judicial desde la simple imputación de hechos hasta la apertura de juicio oral, todo ello en fase de investigación, y la lentitud de la justicia que cuando finalmente resuelve el daño provocado es irreparable”, añade Martínez.