El rastro del ‘caso Koldo’ y otros pufos de mascarillas en Canarias: tres operaciones con el Gobierno autonómico están bajo la lupa judicial

La emergencia sanitaria provocada por la covid llevó al Gobierno canario, como a otros, a acelerar la compra de material sanitario. Cuando estalló la pandemia, el archipiélago apenas tenía almacenados unos 40.000 cubrebocas FPP2, reservas que daban para un máximo de un mes y medio. Por ello, se desembolsaron 81,9 millones de euros de forma directa y sin publicidad, al amparo de las normas de contratación de emergencia dictadas en aquellas fechas. Tres de estas compras, cerradas con una veintena de proveedores, han acabado bajo la lupa judicial. “De los 82 millones de euros destinados a la compra de material sanitario, 39,3 millones de euros están inmersos en alguna de las tres investigaciones judiciales”, ha denunciado este miércoles el actual viceconsejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello (Coalición Canaria), quien reclama explicaciones “contundentes”. Fuentes del anterior Ejecutivo sostienen que “el Gobierno de Canarias solo es culpable de haber comprado mascarillas cuando había una escasez brutal, cuando los corredores logísticos estaban totalmente bloqueados, en una región con especiales problemas de conectividad”.

‘Caso Koldo’

El Ejecutivo canario que presidió el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (PSOE), abonó en abril de 2020 unos 12,3 millones de euros en tres operaciones distintas por 5,3 millones de mascarillas a la presunta trama corrupta del caso Koldo. Fuentes del anterior Ejecutivo defienden que esta operación se llevó a cabo porque la empresa utilizada por la red (Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas S. L.) ofrecía unas condiciones beneficiosas: aseguraba la entrega al día siguiente de la firma por un producto a precio de mercado, no exigía dinero por adelantado y solo se desembolsó dinero una vez validado el material. Y eso, con el aval de haber trabajado anteriormente con el Ministerio de Fomento. La Fiscalía Europea, con todo, investigará estos contratos ―y los de Baleares― ante la evidencia de que se habían pagado con dinero procedente de los fondos comunitarios.

La empresa, relatan las fuentes, se puso en contacto vía correo electrónico con el entonces responsable del Servicio Canario de Salud (SCS), Antonio Olivera, actual jefe de Gabinete en el ministerio de Torres, quien ha asegurado públicamente que el Ejecutivo nunca trató con Koldo García. En ella, la firma ofrecía cinco millones de mascarillas FFP2. “Esta propuesta se trasladó automáticamente, como marcaba el procedimiento habitualmente seguido en aquella época, a la Dirección General de Recursos Económicos, y se trató escrupulosamente siguiendo los requisitos y pautas técnicas establecidas”.

El Gobierno canario llevó a cabo tres encargos a Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas: uno de 2,75 millones de mascarillas a un precio total de 6,87 millones de euros; otro de 1,91 millones de mascarillas FFP2/K95 por 4,78 millones y un tercero de cinco millones por dos millones de mascarillas. Con los cubrebocas del primero de los encargos, sin embargo, surgió un problema similar al que afronta el Govern balear: “no llegaban a la calidad contratada” y carecían del certificado de convalidación de los estándares europeos.

La advertencia de los servicios de prevención del SCS dejó en el aire un total de 837.800 mascarillas, con un coste de 2,09 millones. El Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP) certificó sus sospechas cuando en julio se le remitió la mercancía para su análisis, aunque ofreció una salida: las mascarillas no eran FFP2, pero estaban por encima de un nivel de filtrado FFP1. Así, la empresa ofreció al SCS venderle esas mascarillas al precio que tenían las quirúrgicas en abril: 0,845 euros por unidad hasta 707.518 euros, además de 555.000 mascarillas FFP2 de un modelo ya contrastado a 2,50 euros la unidad (1,38 millones, en total). El SCS optó por aceptar la oferta tras valorar “los tiempos de entrega de un nuevo pedido” frente a la ventaja de que ese material estuviera disponible para un uso inmediato.

“El Gobierno de Canarias ha sido, en todo caso, perjudicado por la trama”, sostienen las fuentes, “nunca parte de ella, por mucho que el PP siga sacando de contexto documentos administrativos de diferentes expedientes en los que la Intervención, la Audiencia de Cuentas, el Tribunal de Cuentas y la propia justicia dan por válidos y completamente legales”, aseguran. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), ha afirmado este miércoles que su Gobierno está recabando toda la información posible de la Consejería de Sanidad y de la Intervención General.

Fraude fiscal

A finales de febrero, el Juzgado de Instrucción 5 de Las Palmas admitió a trámite la querella de la Fiscalía Provincial contra cuatro empresarios que supuestamente defraudaron al fisco parte de los beneficios obtenidos por dos empresas radicadas en Madrid por venderle mascarillas al Servicio Canario de Salud por valor de 22,9 millones de euros. Entre los acusados se encuentran el actual presidente y propietario de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, y Lucas Bravo de Laguna, exalcalde del municipio Santa Brígida, exconsejero del Cabildo de Gran Canaria en su etapa en el PP (1999-2017), y exdiputado por Unidos por Gran Canaria (2019-2023).

La Fiscalía Provincial de Las Palmas los acusa de los delitos de malversación y blanqueo de capitales, derivados de los “cuantiosos ingresos” no justificados obtenidos por la venta de material sanitario. Según sostiene el ministerio, dos empresas de Madrid, convenientemente registradas, vendieron los productos al Ejecutivo insular entre 2020 y 2021. La primera de estas sociedades, Damco, facturó al SCS 15,89 millones de euros en 2020 y otros 2,78 millones en 2021. Tanoja Services, por su parte, ingresó 4,23 millones en 2021 por sus ventas al organismo público.

Hasta ahí todo parece correcto. De esa cantidad, 9,1 millones acabaron en los bolsillos de los imputados, a los que la Fiscalía considera meros intermediarios. Miguel Ángel Ramírez alojó supuestamente este monto en su empresa Tabaiba (sin actividad en los años previos a la pandemia), y repartió esas ganancias con la empresa de Lucas Bravo de Laguna, que recibió entre 2020 y 2021 más de 2,3 millones de euros. Estas ganancias de Bravo de Laguna y Ramírez fueron declaradas al fisco acogiéndose al RIC, un incentivo fiscal canario que permite no tributar hasta el 90% de los beneficios netos, según la Fiscalía. “Ocultaron percepciones elevadas de rentas que no obedecen al desarrollo de una actividad económica, sino a contactos personales de Miguel Ángel Ramírez y Lucas Bravo”, señala la querella admitida a trámite por la juez.

Este martes, la Fiscalía ha vuelto a solicitar otros seis años de cárcel para Ramírez por un presunto fraude a la Seguridad Social cometido por dos empresas de seguridad privada que considera que controlaba a través de personas de su confianza. La fiscal apunta que el empresario eludió pagar cotizaciones de los trabajadores de las firmas Sinergias de Vigilancia y Seguridad y Novo Segur Seguridad Privada (previamente denominada Marseguir) por 791.572 euros, según adelantó el diario Canarias 7.

Ramírez fue absuelto a finales del año pasado de la acusación de cometer fraude a la Seguridad Social a través de la empresa Seguridad Integral Canaria entre 2014 y 2016. La Audiencia provincial concluyó en noviembre que no hay indicios para acreditar que durante esa etapa fuera el “administrador de hecho” de la sociedad y, por tanto, responsable de las presuntas prácticas fraudulentas.

‘Caso mascarillas’

En mayo de 2022, la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas anunció una investigación que tenía como centro, de nuevo, al Servicio Canario de la Salud. El sistema sanitario de las islas pagó cuatro millones a una empresa de compraventa de vehículos, RR7 United SL, por un pedido de un millón de mascarillas que nunca llegó. El caso desembocó en la imputación del exdirector del SCS, Conrado Domínguez, por delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Domínguez dimitió del cargo en noviembre de 2022, y el año pasado se vio salpicado por el caso Mediador. El dinero sigue sin aparecer, y la Fiscalía Europea ha asumido el caso, que sigue en proceso. En diciembre, el Tribunal de Cuentas archivó el asunto de forma provisional pese a reconocer el daño a las arcas públicas. El organismo recoge como acreditado que se había iniciado, por parte del Servicio Canario de Salud, el procedimiento para recuperar el dinero.

La Fiscalía apreció diversas irregularidades de gravedad en la operación que permitió que, a diferencia de lo que sucedió meses antes con la empresa usada en la presunta trama del caso Koldo, se le pagara por adelantado cuatro millones a una empresa sin experiencia en el sector. Sus pesquisas reconstruyen la forma en que, presuntamente, los empresarios entablaron relaciones con el responsable del SCS e, incluso, sostienen que días antes había rechazado ofertas de empresas que ofrecían mascarillas FFP2 con disponibilidad inmediata porque “ya había en cantidades aceptables para varios meses”.

Pese a ello, el contrato se cerró, y RR7 trató de importar una partida de un millón de mascarillas de la marca 3M, traídas desde Etiopía, que resultaron ser falsas. Fueron interceptadas y destruidas por Aduanas. En junio de 2021, el Servicio Canario de Salud recuperó el contrato, que ya había sido resuelto en febrero por incumplimiento, y le dio una segunda oportunidad de cambiar el suministro del millón de mascarillas comprometidas por 1,2 millones de unidades de FFP3 de otra marca y modelo. Este segundo envío tampoco llegó.

El propietario de la empresa, Rayco Rubén González, se valió, según el fiscal, “de un entramado societario radicado en Las Palmas de Gran Canaria, constituido con las empresas de sus familiares directos, para canalizar los ilícitos flujos de dinero obtenido del Servicio Canario de Salud por la previa comisión de una actividad delictiva (estafa)”. Parte del dinero, supuestamente, ha acabado invertido en tres coches Lamborghini, un Bentley Bentayga y un Mercedes Benz.