‘Caso Mediador’: la investigación sitúa cerca de la trama a otros dos altos cargos del Gobierno canario

La Policía sospecha desde hace meses que hay más gente conocedora de la trama de corrupción desmantelada en las últimas semanas en el llamado caso Mediador, supuestamente encabezada por el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Tito Berni, que la que ha trascendido hasta ahora. En julio, cuando habían trascurrido menos de seis meses desde el inicio de las pesquisas y se acababa de confirmar la supuesta implicación del entonces parlamentario, los agentes remitieron a la titular del Juzgado de Instrucción 4 de Santa Cruz de Tenerife, María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres, que instruye la causa, un informe en el que concluían que ya en ese momento existían “serios indicios de que otros cargos políticos estarían ayudando y, a su vez, sirviéndose de la organización”. El documento policial no concreta ningún nombre.

El sumario, al que ha tenido acceso EL PAÍS, sí cita, en cambio, a dos altos cargos del Gobierno de Canarias: un director general de Lucha contra Cambio Climático y Medio Ambiente, José Domingo Fernández Herrera, y el exdirector del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez. La jueza, en todo caso, no ha incluido a ninguno de los dos entre los 12 detenidos e investigados en esta primera pieza separada de la investigación.

Conrado Domínguez, originario de Gran Canaria, ha sido una figura política de primera línea en la política canaria, sobre todo después de ser nombrado director del Servicio Canario de Salud (SCS) en 2017, con Coalición Canaria en el Gobierno. Repitió en el cargo tras la victoria socialista en las elecciones autonómicas de 2019. Domínguez dimitió a principios de noviembre, tras ser investigado por los delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa por el llamado caso mascarillas, que investiga una estafa de cuatro millones de euros en la compra fallida de un millón de mascarillas FFP3 durante los primeros días del estado de alarma.

El nombre de Conrado Domínguez aparece citado por primera vez en la trama en una declaración en sede judicial del mediador Antonio Navarro Tacoronte el 12 de abril de 2022, en la que cuenta que el exdirector general de Ganadería, Taishet Fuentes, se volvió “avaricioso” y el intermediario “rompió relaciones” con él. Entonces, el declarante califica a Domínguez de su “jefe” y “el salvoconducto” para las supuestas maniobras ilegales. Las investigaciones posteriores permitieron constatar al menos tres posibles gestiones llevadas a cabo entre los miembros principales de esta supuesta trama y Conrado Domínguez.

La primera de estas gestiones fue la del empresario quesero Alberto Montesdeoca, sobre quien pesaba una sanción de 74.000 euros que terminaría pagando. La trama, supuestamente, trató de eliminar esta sanción. Para ello, el mediador contactó con Domínguez por medio de mensajes, que luego remitió al ganadero tinerfeño. Navarro Tacoronte escribe: “Si alguien puede resolver esta situación, no tengo muy claro [su aparente intención era decir ‘lo tengo muy claro’] que es usted y le estoy dispuesto a pagar lo que hay que pagar para evitar esta injusticia”, a lo que Domínguez responde, según el sumario: “Olvídate. Yo me encargo”.

Domínguez, supuestamente, también recibió una petición de mediación entre el empresario fotovoltaico Antonio Bautista, alias El Curilla, y la empresa de alquiler y venta de coches canaria Cicar. El empresario pretendía poner en marcha un proyecto fotovoltaico y de instalación de cargadores de vehículos eléctricos. Por último, Conrado Domínguez es citado en algunas conversaciones del mediador para que el matrimonio investigado formado por Inmaculada Roca, Mima, y Esteban Banús, propietarios de Leche Sandra, lograsen contratos con el Servicio Canario de Salud.

El director de Lucha contra Cambio Climático y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, José Domingo Fernández Herrera, es natural de Fuerteventura y forma parte de la agrupación socialista de la isla. El sumario recoge varias reuniones entre él y algunos implicados en la trama. Entre ellas, una comida el 9 de octubre de 2020 en el restaurante El Cangrejo Colorao, de Puerto del Rosario. El 17 de diciembre se reuniría a su vez con el matrimonio Roca-Banús y con el propio Antonio Bautista.

El informe ―el atestado 1799/22 del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Comisaría Provincial de Santa Cruz, al que ha tenido acceso EL PAÍS― añadía que la información que el intermediario confeso de la trama, Antonio Navarro Tacoronte, guardaba en sus teléfonos móviles y había entregado voluntariamente a los investigadores permitía vislumbrar a “algunas de estas personas”. No obstante, los agentes también admitían que debido, precisamente, al elevado número de documentos, archivos sonoros y fotografías que el mediador había facilitado, “no se ha podido ahondar hasta el momento en su papel [de estos cargos públicos] en la trama investigada”.

El propio mediador apuntó el miércoles en una entrevista su relación con otras fuerzas políticas. El investigado aseguró a la emisora canaria Xanadú Radio que llevaba “ejerciendo” desde 2015, cuando Coalición Canaria gobernaba en Canarias. Al ser preguntado si había mediado entre empresarios y otros partidos, además del PSOE, Navarro admitió con media sonrisa: “Yo soy fiel a quien gobierna”. El intermediario también apuntó a Manuel Domínguez, líder del PP canario y aspirante popular al Gobierno insular en las elecciones del próximo 28 de mayo, y que fue alcalde del municipio tinerfeño de Los Realejos. Domínguez reconoció el miércoles que se reunió en alguna ocasión con Navarro para tomarse un café en las inmediaciones del Parlamento canario, en Santa Cruz de Tenerife.

Las pesquisas se habían iniciado en enero de 2022, después de que una denuncia por estafa hubiera llevado ante la jueza al mediador. Este decidió destapar entonces la existencia de la trama corrupta y aportar la ingente cantidad de archivos que había ido recopilando durante el año que, desde finales de 2020, había estado activa la red corrupta. Dicha red estaba asentada en Canarias y se dedicaba supuestamente a cobrar comisiones a empresarios, principalmente del sector lácteo y ganadero, a cambio de evitar inspecciones sanitarias, de agilizar y desbloquear expedientes de ayudas europeas o facilitarles la consecución de contratos. Por su supuesta implicación en ella, se practicaron una docena de detenciones, entre ellas, además de la del exdiputado socialista, las del general de la Guardia Civil Francisco Espinosa y del ex director general de Ganadería del Gobierno de las islas, Taishet Fuentes, sobrino del parlamentario. Solo el alto mando del instituto armado está en prisión provisional.

En el momento en el que los agentes elaboraron este informe con la alusión a “otros cargos políticos”, las pesquisas habían permitido relacionar a Fuentes Curbelo con dos números de teléfono que habían aparecido durante la investigación. Las pesquisas ya señalaban entonces que en la cuenta bancaria de una asociación deportiva, en la que aparecía como autorizado Fuentes Curbelo, se habían ingresado supuestamente varias mordidas de empresarios.