La rama canaria de la trama de las mascarillas del ‘caso Koldo’: 12,3 millones y una contraoferta

La trama de presunta corrupción en la compra-venta de mascarillas durante la pandemia, que derivó el martes en la detención de Koldo García Izaguirre, asesor del exministro José Luis Ábalos (PSOE) en el Ministerio de Transportes, se extiende hasta Canarias. Durante la pasada legislatura, el Gobierno autonómico —presidido por quien ahora es ministro de Política Territorial, el socialista Ángel Víctor Torres— firmó al menos tres contratos con la empresa implicada en la trama, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, a la que llegó a pagar 11,9 millones de euros por 5,3 millones de mascarillas; a eso se sumó otro pago de 417.814 euros en concepto de fletes y transporte aéreo, según documentos oficiales a los que ha tenido acceso EL PAÍS.

Las relaciones comerciales con el Gobierno canario comenzaron en abril de 2020, en pleno confinamiento por la pandemia de covid19, y se llevaron a cabo por el trámite de emergencia y el procedimiento de negociado sin publicidad, un hecho que se justificaba entonces en todas las administraciones por las circunstancias excepcionales que provocó la epidemia.

No ha trascendido de forma oficial qué persona facilitó el contacto de la empresa al Ejecutivo autonómico. Ángel Víctor Torres ha asegurado en una entrevista a la Cadena SER en la tarde de este jueves que “en ningún momento” recibió llamada alguna del exministro Ábalos para facilitar este contrato. “En ese momento nos llegaban propuestas de diversos sectores”, explicó, y “solo se pagó lo que cumplía la normativa”. Torres ha subrayado que espera que “el peso de la ley” caiga sobre quienes se hayan lucrado de manera irregular, porque “al margen de lo que es la supuesta ilegalidad”, se “estaba haciendo negocio con el sufrimiento de las personas”. El ministro admitió que “naturalmente” conocía a Koldo García, dado que acompañaba habitualmente a José Luis Ábalos. Fuentes del equipo que entonces estaba al frente del Gobierno se limitan a señalar “que si se trababa de una empresa, como en este caso, que ya realizaba un trabajo para un ministerio, es lógico que se tuviese en cuenta su propuesta”. La empresa, comentan además, ofrecía precios competitivos y no pedía el pago por adelantado.

Era una época convulsa en el Servicio Canario de la Salud (SCS), con cuatro directores en apenas un año. Estaba dirigido en ese momento por Antonio Olivera, por aquel entonces viceconsejero de Presidencia y que en la actualidad es jefe de gabinete de Torres en el ministerio. En verano de 2020, a Olivera lo relevó el economista Alberto Pazos, quien duraría apenas dos meses. En septiembre ocupó su lugar Conrado Domínguez, quien ya había ocupado el cargo entre 2017 y 2019. Domínguez se ha visto salpicado por el caso Mediador, y tuvo que dimitir en noviembre de 2022 por el caso Mascarillas, que investiga una presunta estafa de cuatro millones de euros en otro pedido de cubrebocas, esta vez a una empresa canaria dedicada a la importación de coches.

El primero de los contratos con Soluciones de Gestión SL, el 22 de abril de 2020, contemplaba la entrega de 2,75 millones de mascarillas a un precio total de 6,87 millones de euros. El pedido se fue entregando por lotes. Durante las entregas, los hospitales receptores detectaron que las 837.800 mascarillas servidas eran de inferior calidad que las contratadas. Por ese motivo, se interrumpió su distribución y se reclamó el dictamen del Centro Nacional de Medios de Protección, que acabó determinando, ya en septiembre, que, en efecto, no eran mascarillas FFP2, sino FFP1, un escalón por debajo en capacidad de filtrado del aire. El contrato, por tanto, quedó en suspenso.

Ese mismo mes, el Servicio Canario de la Salud había adjudicado a la empresa ahora cuestionada una partida de 1,91 millones de mascarillas FFP2/K95, de nuevo a 2,50 euros la unidad, con lo que en junio de 2020 se le abonó un total de 4,78 millones. El SCS aún abonaría una tercera factura por la entrega de otros dos millones de mascarillas EPI KN95, por un valor total de cinco millones.

En noviembre de ese año, el consejero Domínguez autorizó una contraoferta de la empresa de Koldo García en relación con el primer pedido frustrado. Esta incluía una rebaja del pago hasta 2,09 millones: 707.518 euros por 837.300 mascarillas aceptadas como quirúrgicas y 1,38 millones por otras 555.000 mascarillas FFP2/K95. El exdirector del SCS, Conrado Domínguez, explicó en esa resolución que se aceptó el cambio propuesto por la empresa porque los contagios seguían en ascenso, se necesitaban suministros constantes de material de protección y había que valorar “los tiempos de entrega de un nuevo pedido” frente a la ventaja de que ese material estaba disponible para un uso inmediato.

El Gobierno de Canarias, como el resto de administraciones públicas, tuvo que pisar el acelerador para adquirir mascarillas con urgencia en plena pandemia. Por ese motivo, aprobó un crédito de 20 millones para llevar a cabo estas compras. La situación, sin embargo, no era propicia. “La agresividad del mercado de material sanitario, por todos conocida, convertía la adquisición de este tipo de material en una tarea ardua y compleja”, asegura la orden de abono firmada por el entonces consejero de Sanidad, Julio Pérez, “que, aunque no garantizara la compra, requería un vasto conocimiento del sector y experiencia en la compra de este tipo de material”. Así, reza el documento oficial, “ante esta situación descrita de grave peligro de salud pública, la escasez de material en las islas y la complejidad para su obtención, el Servicio Canario de la Salud contactó con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, formalizando un pedido de mascarillas protectoras KN95/FFP2 necesarias en la lucha frente a la covid19″.