Armengol replica con documentos a la ofensiva de dudas y sospechas del PP para exigir su dimisión

La actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha puesto en marcha una contraofensiva de defensa de la legalidad excepcional del contrato que su Gobierno en Baleares firmó en lo peor de la pandemia con la trama del caso Koldo. Y lo ha hecho este lunes durante dos horas mediante la exposición, por parte de su número dos en aquel ejecutivo autonómico, Iago Negueruela, de todos los pormenores y documentos de esa transacción en la propia sede de las Cortes y ante casi 30 periodistas de diferentes medios. Armengol no ha comparecido aún para dar ningún tipo de explicación política del caso y sus consecuencias, donde el acoso del PP se ha incrementado al máximo hasta exigir su dimisión este lunes por escrito en el registro de la Cámara baja. Negueruela aportó y dejó copiar a los periodistas los correos de los funcionarios y técnicos implicados y facilitó los informes de este caso de la Intervención balear, que no encontró ningún indicio de ilegalidad.

El actual portavoz del PSOE en la oposición en el Parlamento balear, Iago Negueruela, viajó este lunes a Madrid para informar a los periodistas sobre el contrato que el entonces Gobierno de la socialista Francina Armengol suscribió con la empresa del caso Koldo, Soluciones de Gestión, por valor de 3,7 millones de euros para adquirir 1,4 millones de mascarillas. La delegación del PSOE balear dio acceso a un nutrido bloque de documentos, tanto de correos electrónicos de los funcionarios y subdirectores del servicio de salud de esa comunidad implicados en la operación como de los responsables de compras y, posteriormente, de las resoluciones de reclamación planteadas por el propio Servicio balear de Salud.

Iago Negueruela explicó así, además, que nadie desde el Ministerio de Fomento que en 2020 encabezaba el exministro José Luis Ábalos “les presionó en ningún momento” y que jamás mantuvieron contacto alguno con Koldo García, el presunto comisionista. El ahora portavoz socialista en el Parlament balear no pudo precisar quién desde ese ministerio les puso en contacto con la empresa pero sí señaló a uno de los titulares de la misma, Íñigo Rotaeche, como el que llevó la negociación para facilitar las mascarillas directamente con los responsables del Servicio balear de Salud.

Baleares, un archipiélago con muchos problemas de suministros sanitarios en lo peor de la pandemia, recurrió así a subcontratar por 3,7 millones de euros una parte de la gran partida de casi 50 millones para diversas mascarillas que Fomento y sus organismos dependientes adquirieron en China, y luego formalizó ese contrato por el sistema de emergencia, sin papeles previos, a través de correos electrónicos y con pago a posteriori pero inmediato porque no disponían de apenas material de sanitario de ese tipo y porque sufrían una gran competencia, según esa versión. El Gobierno balear firmó de esa manera excepcional, pero legal, cientos de millones de euros con ese modelo de emergencia (90 millones en los dos primeros meses de la pandemia) y luego los avalaba el Consejo de Gobierno de Armengol. Negueruela afirmó que ni la entonces presidenta ni la consejera de Sanidad supieron ni siguieron los trámites posteriores de ese contrato ni los de su reclamación, que se pusieron en marcha a los pocos días de llegar los palés de mascarillas, porque eran “muy menores”.

Los responsables del anterior Gobierno socialista balear defienden que a los pocos días de llegar esas mascarillas —que creían FFP2 y la empresa etiquetó como FFP2/KN95— las mandaron a analizar a su laboratorio y comprobaron que no tenían la máxima calidad y capacidad de filtración para ser utilizadas en hospitales. Pero niegan que fueran inservibles para el uso civil y aseguran, con varios documentos que les respaldan, que con esa condición las contrataron y pagaron con urgencia porque las querían tener en stock, como les requería el Ministerio y aconsejaba la OMS, y para prepararse para el proceso de la “desescalada” del virus. Defienden que así lo avalaron técnicos y subdirectores de Salud. Con esa previsión, el Gobierno balear decidió enviar esas partidas a un hospital en desmontaje para su almacenamiento y también por si se optaba, como así sucedió, por reclamar a la empresa que no le había mandado el material que habían pedido. Esas fuentes argumentan que al final ni siquiera utilizaron esas mascarillas menos cualificadas para fines extrahospitalarios porque les llegaron mejores y las reservaron para sustentar el recurso y recuperar algo del dinero diferencial entre esos dos tipos de mascarillas.

Los dirigentes del anterior Gobierno balear esgrimen en su favor que ni el sumario, ni la investigación judicial del caso, ni la Fiscalía, ni la Intervención han observado ninguna ilegalidad ni imputado nada a nadie de ese equipo, y ahora han emprendido una batalla política y administrativa con el actual Ejecutivo balear del PP, presidido por Marga Prohens, sobre quién es el culpable de que haya podido pasarse el plazo legal de seis meses desde que se inició el expediente de reclamación dentro de los cuatro años para que quede prescrito. Esa fecha límite podría haber acabado a primeros de enero, pero ni el actual Ejecutivo balear ni su abogacía han comunicado cómo está la situación.

En ese contexto, el PP ha elevado otro peldaño más sus reclamaciones políticas del caso Koldo, tras la renuncia la semana pasada a su escaño dentro del PSOE y su paso al grupo mixto del exministro José Luis Ábalos. Este lunes, su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, rodeado de parte de su dirección, acudió al registro de la Cámara para presentar por escrito una petición para que Armengol dimita, que basó en una serie de “dudas y sospechas” sobre su implicación en el caso. Sin embargo, la solicitud no tiene apoyos para prosperar. Tellado llegó incluso a acusar a Armengol de “colaboradora necesaria” de la trama corrupta, una expresión que remite a una figura con trascendencia penal. Y remató: “Pagó mascarillas que eran inservibles sabiendo que eran una estafa. Acabó costeando los Ferrari de los implicados de la trama”. La vicesecretaria del PP, Esther Muñoz, afirmó después en otra rueda de prensa que el caso Koldo es “probablemente el mayor caso de corrupción de un Gobierno en ejercicio desde Felipe González”.