El Gobierno aprueba la desclasificación de los papeles secretos del espionaje a Aragonès con el programa ‘Pegasus’

El Consejo de Ministros ha decidido este martes desclasificar la documentación relativa a la intervención del teléfono del presidente de la Generalitat catalana, Pere Aragonès, por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con el programa espía israelí Pegasus. La desclasificación debía producirse antes de que la exdirectora del servicio secreto, con rango de secretaria de Estado, Paz Esteban, declare el día 26 como investigada (antiguamente imputada) ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 29 de Barcelona, por una denuncia del propio Aragonès.

El levantamiento del secreto por parte del Gobierno permitirá a Esteban confirmar ante el juez Santiago García que el CNI pinchó en enero de 2020 el móvil del dirigente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que entonces era vicepresidente de la Generalitat, y argumentar que esta intervención telefónica respondió a razones de seguridad nacional y fue autorizada por el magistrado del Tribunal Supremo que controla las actividades del centro de inteligencia que afectan a derechos fundamentales, como las entradas en domicilio y las escuchas telefónicas.

Entre la documentación que el Gobierno remitirá al juez de Barcelona figuran los mandamientos firmados por el magistrado del Supremo Pablo Lucas que autorizan la intervención judicial del teléfono del entonces vicepresidente catalán, que habría registrado llamadas de algunas personas implicadas en los disturbios que, en el otoño de 2019, siguieron a la sentencia del Tribunal Supremo que condenaba a los dirigentes independentistas que pilotaron el procés, según las fuentes consultadas.

En cambio, el Consejo de Ministros rechaza la petición del juez Santiago García para que se desclasifique toda la documentación relativa al encargo, compra, pago, instalación, formación y soporte técnico del spyware (programas espía) Pegasus por parte del CNI. El Gobierno argumenta que se trata de datos relacionados con los medios de obtención de inteligencia del servicio secreto español que afectan a la seguridad nacional y no aportan nada al caso que afecta a Aragonès.

“Este Gobierno es el primer interesado en que se resuelva este asunto, fuimos quienes pusimos a disposición de la Audiencia este tema. Lo hacemos colaborando al máximo con la justicia y con la transparencia que se nos requiere”, ha dicho la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “El Gobierno a petición de un juez ha hecho una desclasificación parcial para este caso en concreto. En ningún caso esta desclasificación afecta a la seguridad Nacional”, ha añadido, informa José Marcos.

El juez había citado a declarar a Paz Esteban el 13 de diciembre, pero aplazó su comparecencia a petición del abogado del Estado, que ejerce la defensa de la exjefa de los espías españoles. Su nueva citación quedó fijada para el 26 de enero, por videoconferencia. Quien sí compareció el 13 de diciembre en el juzgado para ratificar su querella fue el presidente Aragonès, quien aseguró que su objetivo era “saber toda la verdad”, y añadió que el Gobierno estaba obligado a desclasificar toda la documentación sobre su caso “por imperativo moral”.

Paz Esteban reconoció el 5 de mayo de 2022 ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, reunida a puerta cerrada, que Aragonès figuraba entre los 18 dirigentes independentistas espiados por el CNI con el programa Pegasus y siempre, sostuvo, con autorización judicial. En cambio, negó que el centro de inteligencia tuviera relación alguna con otros 57 pinchazos telefónicos que figuraban en el informe sobre Pegasus elaborado por Citizen Lab, un equipo de ciberexpertos de la Universidad de Toronto (Canadá), en el que se basó la denuncia del actual presidente catalán. Cinco días después de su comparecencia parlamentaria, Paz Esteban fue relevada al frente del CNI por Esperanza Casteleiro, su actual directora.

En julio, el Gobierno se negó a desclasificar la información sobre el programa Pegasus que le reclamaba el Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona, que investigaba una denuncia del presidente del grupo parlamentario de ERC en el Parlamento catalán, Josep María Jové, y de la portavoz del mismo partido en la Eurocámara, Diana Riba. Sí respondió al juez, sin embargo, que ninguno de los dos denunciantes había sido objeto de investigación por parte del CNI. Una respuesta que no puede dar en el caso de Aragonès, pues Paz Esteban reconoció en el Congreso que había estado entre sus objetivos informativos.

El presidente catalán se querelló en julio de 2022 contra la exdirectora del CNI y contra NSO Group, la empresa israelí propietaria del sistema de ciberespionaje Pegasus. Según el informe de Citizen Lab, su móvil fue infectado a través de SMS enviados los días 4, 5 y 13 de enero de 2020, cuando se estaba formando el Gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos, presidido por Pedro Sánchez. La querella se derivó inicialmente a la Audiencia Nacional, pero, tras varias resoluciones contradictorias, recayó finalmente en el juez Santiago García de Barcelona, quien el 6 de octubre pasado admitió a trámite la querella por intromisión ilegal en equipos informáticos, interceptación de comunicaciones, producción y adquisición para su uso de programas espía y delito contra los derechos fundamentales.