La peor consecuencia de un despropósito legislativo que casi nadie supo ver

Los 15 magistrados de la Sala Penal que preside Manuel Marchena en el Tribunal Supremo han validado este miércoles en 27 sentencias la peor consecuencia de un despropósito legislativo: hasta ayer 1.120 agresores sexuales han visto rebajada su pena, de los que 114 han salido en libertad antes de los previsto.

La llamada ley del solo sí es sí, concebida durante tres años por el ministerio de Igualdad de Irene Montero, analizada y corregida en parte por el ministerio de Justicia de los socialistas Juan Carlos Campo y Pilar Llop, amparada por el Congreso de los Diputados y el Senado, informada por el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal, entró en vigor sin que ninguna de estas instituciones advirtiese sobre un olvido que facilitó la masiva rebaja de penas a un tercio de los presos por agresión sexual.

Ninguna de esas instituciones fue capaz de alertar sobre las consecuencias que tendría aprobar una norma que bajaba las penas mínimas previstas en el anterior Código Penal al subsumir en un solo delito los dos anteriores: abuso y agresión sexual; y que además olvidaba una disposición transitoria quinta, copiada en todas las reformas del Código Penal aprobadas desde 1995, cuya aplicación habría podido evitar la reducción de castigos de cárcel en una buena parte de los casos. Esa disposición transitoria establece que cuando la pena impuesta a un delincuente sea imponible con arreglo a las horquillas de penas de la nueva ley, el castigo se mantendrá y no procederá una rebaja.

El Gobierno había promovido una nueva ley para proteger más y mejor a las mujeres, pero en ocho meses de aplicación sólo ha provocado rebajas de penas en cadena a cientos de agresores sexuales.

La gestión política del despropósito legislativo aumentó todavía más el daño a la reputación del Ejecutivo de coalición. Montero reaccionó tras la aprobación de la nueva norma despreciando la opinión de algunos abogados que empezaron a alertar sobre las excarcelaciones de violadores como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva Ley. La ministra contestó que ni un solo violador saldría de la cárcel ni se producirían rebajas de condenas. Lo proclamó con rotundidad sólo unos días antes de comenzar el incesante goteo de sentencias reduciendo penas de agresores sexuales. Por eso su error se magnificó todavía más.

El Gobierno tardó cuatro meses en reaccionar a la sangría diaria de pronunciamientos de tribunales en toda España confirmando los efectos nocivos para las víctimas de la entrada en vigor de la norma. Una ley para proteger a las mujeres agredidas que ponía en la calle a sus verdugos o acortaba su tiempo en prisión.

La parte socialista del Ejecutivo promovió entonces una reforma del texto legal que desencadenó otra bronca política de grandes dimensiones y tremendo ruido con Unidas Podemos, defensor de la ministra Montero.

El grupo parlamentario socialista tuvo que aprobar con el apoyo del PP la reforma de la ley del solo sí es sí para aumentar las penas mínimas. El presidente Pedro Sánchez soportó las invectivas y el voto en contra de su socio de Gobierno. Montero y varias dirigentes del ministerio de Igualdad acusaron a jueces de Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de aplicar mal la ley con las rebajas de condenas. La Fiscalía General del Estado se puso de su parte y recurrió la mayoría de esas decisiones judiciales. Montero esperó que esos recursos le permitieran salir indemne del despropósito legislativo perpetrado unos meses antes.

Pero la interpretación unánime del Supremo ha cortado de raíz cualquier posibilidad de que la aplicación de la ley fuera menos lesiva para las víctimas y menos favorable para los verdugos.