El PSOE impone su reforma de la ‘ley del solo sí es sí’ a su socio en el Congreso

La reforma del PSOE para corregir los defectos comprobados de la ley de libertad sexual o del ‘solo sí es sí’ dio al fin sus primeros pasos este martes en el Congreso, pero deja muchas secuelas. La coalición progresista en el Gobierno queda lastrada, aunque no rota. Los dos partidos socios de esta compleja legislatura, PSOE y Unidas Podemos, se volvieron a reprochar a la cara, ahora ya desde la tribuna de las Cortes y en la tarde anterior a la celebración del 8-M, Día Internacional de la Mujer, todos los agravios que llevan acumulando desde que en noviembre se empezaron a registrar inesperadas reducciones de condenas y excarcelaciones de delincuentes sexuales como consecuencia de la nueva tipificación de determinados delitos en la ley. La portavoz del PSOE, Andrea Fernández, no ocultó su cansancio ante “las peroratas” poco “maduras” de Unidas Podemos. La ministra de Igualdad, Irene Montero, que no intervino en la sesión, estuvo en la bancada reservada al Ejecutivo acompañada solo de la también ministra y secretaria general de Podemos, Ione Belarra. La propuesta del PSOE ha salido adelante con 231 votos a favor (PP, Ciudadanos y algunos aliados minoritarios), 56 en contra (UP, ERC y Bildu) y 58 abstenciones, entre ellas la de Vox, que se permitió ese gesto simbólico cuando constató que la iniciativa iba a prosperar.

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El PSOE impone la reforma de la ‘ley del solo sí es sí’

El primer debate ya parlamentario de la proposición de ley registrada hace un mes unilateralmente por el PSOE reprodujo los mismos patrones y argumentos de la discusión mediática y entre despachos con la que llevan lidiando inútilmente los dos partidos en el Gobierno casi desde noviembre, a las pocas semanas de su entrada en vigor y en cuanto se empezaron a constatar las rebajas de penas a delincuentes sexuales y excarcelaciones por distintas interpretaciones judiciales. La discusión entre los socialistas y Unidas Podemos se ha enrocado desde entonces, en público y en privado, sin más avances que el calibre de los epítetos y descalificaciones que se han dedicado y que han alimentado también los argumentos para llegar más divididos que nunca a las manifestaciones feministas de este 8-M.

Al final de la jornada, el marcador reflejó una votación extraña en este mandato. La proposición de ley del PSOE inicia ahora su trámite de discusión y enmiendas con el respaldo de sus diputados, los del PP, Ciudadanos, PNV, PDeCAT, Coalición Canaria, los tránsfugas de Navarra Suma, el Partido Regionalista de Cantabria, Foro Asturias y Teruel Existe, pero no UP, ERC ni Bildu. No votaron por parte del Grupo Socialista ni el presidente Pedro Sánchez ni Carmen Baños, como tampoco lo hicieron la portavoz de Junts Míriam Nogueras ni el de Teruel Existe, Tomás Guitarte.

La diputada y secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, construyó su intervención sobre la base de reconocer claramente y de entrada los fallos, errores y efectos indeseados de la ley para “responder ante las víctimas” y asumir ahora “la responsabilidad” de su modificación “con rigor”. Y remarcó: “Se lo debemos a los españoles”. Fernández empleó muchos minutos de su intervención en glosar todos los avances feministas de la norma, en aspectos educativos, de pedagogía, prevención de la violencia, ayudas a las víctimas, cambios en el estatuto de los trabajadores y en los protocolos de las empresas, en planes de empleo y en la implantación de la mesa estatal y los centros provinciales de atención durante 24 horas los siete días de la semana.

Ese desglose tenía por objetivo recalcar que el PSOE no solo no se opone a los logros feministas de la ley, sino que los quiere hacer suyos —como suyos son muchos de los hitos feministas impulsados por Gobiernos socialistas en esta etapa democrática de España— tras soportar durante estas últimas semanas los intentos de Unidas Podemos de patrimonializar los méritos del feminismo y de arrinconarles como una fuerza reaccionaria equiparable al PP y Vox. La portavoz del PSOE remachó varias veces que su único objetivo con la reforma era mejorar los agujeros constatados en la norma, “sin tocar una coma el consentimiento” y solo redefiniendo los tipos penales programados para reducir la amplitud de las horquillas punitivas vigentes, que ha dado pie a diversas interpretaciones judiciales.

Andrea Fernández, con un tono suave, sí quiso responder a todas las andanadas “ridículas” dirigidas contra “la hoja de ruta” del PSOE desde Unidas Podemos y el Ministerio de Igualdad de Irene Montero y se anticipó a la intervención que preveía dura de la portavoz de esa formación. Pidió una “reflexión seria y madura” sobre un asunto complejo, menos “eslóganes” y más “rigor técnico” y se declaró “cansada de peroratas”.

La diputada de UP Lucía Muñoz replicó desde la tribuna los argumentos expresados antes de entrar en el salón por Irene Montero, con más énfasis y emoción si cabe. Subrayó la “gravísima” imagen del PSOE votando con el PP y Vox “para volver al Código Penal de La Manada” que, según su versión, volverá a obligar a las mujeres víctimas de violencia sexual “a justificar si cerraron bien las piernas” antes de ser violadas. Habló del retorno del fascismo y del miedo, alabó la ley como “pionera y celebrada a nivel internacional” y llamó a todos los colectivos y activistas del feminismo a salir este miércoles 8-M a las calles y plazas “para no permitir ni un paso atrás” en la ley del solo sí es sí: “Somos imparables”. Varias horas después, casi al finalizar la jornada, apareció por el Congreso la líder de Sumar, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que aclaró que llegaba de participar en la mesa del estatuto del becario, y declaró en los pasillos de la Cámara: “Nunca debimos llegar hasta aquí”.

ERC, EH Bildu, JuntsxCAT y la CUP se alinearon con UP e Igualdad en el no a la reforma y en denostar la adhesión poco creíble del PP, aunque en algunos casos reconocieron que la ley podría admitir mejoras si los socios de la coalición llegaran antes a algún tipo de consenso.

La socialista Fernández se temía especialmente las invectivas de UP y como hizo antes el portavoz de su grupo, Patxi López, incidió en que, a estas alturas, sobre este asunto que ha generado tanta alarma social lo importante “no es con quién” se saca esta reforma sino “para quién”. López, al final de la sesión, descalificó el discurso sin concesiones de UP como “impresentable, irresponsable y fuera de la realidad”.

División ante el 8-M

La visión pragmática y posibilista ahora del PSOE, en la víspera de un muy dividido 8-M, convenció a algunos grupos, pero ni siquiera a todos sus socios habituales del bloque progresista. El primero que se decantó a favor fue el portavoz del Partido Regionalista de Cantabria, José María Mazón. Luego le siguió, con su estilo de tremendismo hipercrítico, el portavoz de los dos diputados tránsfugas de Navarra Suma, ahora en la periferia del PP, que exigió responsabilidades. La veterana Ana Oramas, de Coalición Canaria, ofreció también sus dos diputados para el cambio urgente, pero antes hasta pidió perdón a las víctimas por haber votado en su día la ley. En ese paquete de apoyos quejosos se incluyó al representante del PNV, Mikel Legarda, o más tarde la diputada de Ciudadanos, Sara Giménez, y el portavoz del PDeCAT, Genís Boadella.

Carla Toscano, de Vox, no avanzó en su alocución la abstención final de su grupo, pero sí tildó de “ególatra” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de soberbias a las responsables de Igualdad y destacó que las mujeres a las que ella representa viven ahora en España “con miedo y asustadas” con este Ejecutivo, “los violadores en la calle y las leyes inconstitucionales”. Cuca Gamarra, del PP, focalizó sus críticas en la división interna del Gobierno, que con esta reforma “se censura a sí mismo” con “una enmienda a la totalidad de Sánchez contra su coalición y una forma de gobernar desde la soberbia, sin humildad y sin sensibilidad hacia las víctimas”. Gamarra solo explicó esta rectificación del PSOE ahora “por su desplome electoral y demoscópico”. Y cuestionó que Sánchez y la titular de Justicia, Pilar Llop, como el resto del Ejecutivo excepto Ione Belarra, hubieran dejado sola en la bancada del Gobierno a Irene Montero.