La mayoría progresista exhibe su fuerza tras el choque con el Tribunal Constitucional

Un intenso olor a pólvora penetró en el patio del Congreso al final del último pleno del año. Los diputados salían corriendo para volver a casa por Navidad, a primera hora de la tarde de este jueves, y se preguntaban extrañados qué estaba sucediendo. Con lo turbulenta que se ha vuelto la vida parlamentaria, cualquiera sabía. Pero no había motivo para la alarma. Alguien había soltado unos petardos en la plaza de las Cortes, donde un centenar de miembros de los colectivos de transexuales celebraban eufóricos la aprobación de su nueva ley arropados por toda la cúpula del Ministerio de Igualdad. La manoseada ley trans, esa de la que algún momento se llegó a temer que pusiera en riesgo el Gobierno de coalición, había salido adelante y además con una mayoría rotunda: 188 votos a favor y solo 150 en contra. Hasta la disidencia de una diputada socialista, la exvicepresidenta Carmen Calvo, que se abstuvo contra las directrices de su grupo, quedaba en anécdota.

El victorioso broche a una de las leyes más controvertidas del Gobierno ofreció la imagen expresiva para culminar una semana que, en medio de la crisis institucional abierta entre las Cortes Generales y el Tribunal Constitucional (TC), significó otra exhibición de fuerza parlamentaria del llamado bloque de investidura. El enfrentamiento con el TC, tras impedir este por primera vez que continuase adelante el trámite de una ley, ha contribuido a cohesionar la base parlamentaria del Gobierno. Se vio en la reacción de los grupos ante la decisión del tribunal y se corroboró plenamente en las votaciones del maratón legislativo de final de año.

Sin que faltasen, como de costumbre, recelos, reproches y algún descuelgue en determinadas cuestiones, el Ejecutivo y sus aliados sacaron adelante sin problemas 17 leyes de una tacada entre el Congreso y el Senado. Seis de ellas —incluida la trans— todavía deberán pasar por la Cámara alta. Esta última dejó listos otros tres proyectos de gran importancia política —los Presupuestos del Estado, la reforma del Código Penal y los nuevos impuestos extraordinarios a grandes compañías y fortunas— para su remisión inmediata al BOE y su entrada en vigor al comienzo del año.

En estos tres casos, así como en la ley de cooperación internacional, los socialistas lograron superar el trámite de la Cámara alta —donde Unidas Podemos no tiene representación— sin que les colase ninguna enmienda al texto llegado del Congreso, lo que hubiese obligado a devolverlo a este último y demorado así su aprobación. Y eso a pesar de que en la más discutida de las medidas, la reforma de los delitos de sedición y malversación que ha abierto la caja de los truenos en las últimas semanas, algunos aliados del PSOE como Más Madrid, Compromís o el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) negaron su apoyo.

En las votaciones de este jueves en el Congreso solo pasó ciertos apuros el ministro de UP Joan Subirats con su proyecto para modernizar el sistema universitario. Se trataba de una ley orgánica que, como tal, requiere mayoría absoluta para ser aprobada y la consiguió muy justa: 176 votos. Uno de los sostenes habituales del Ejecutivo, EH Bildu, se abstuvo. No fallaron, en cambio, ERC y PNV, frente a la oposición de toda la derecha.

La nueva ley de Pesca del ministro Luis Planas alcanzó 192 votos y casi no tuvo rechazo, porque PP y Vox se limitaron a la abstención. La ley de empleo de Yolanda Díaz cosechó 187 síes, también con la abstención de los populares, pese a la indignación que la iniciativa ha despertado en la patronal porque vuelve a dar voz a la Inspección de Trabajo en los trámites para autorizar un ERE. Otro texto sí contestado por las dos principales formaciones de la derecha, el que traspone una directiva europea para proteger a las personas que denuncien casos de corrupción, escaló hasta los 200 apoyos. Hubo casi unanimidad con la ley del mercado de valores, enviada al Senado sin ningún voto contrario. La ley del deporte había regresado de la Cámara alta con algunas modificaciones y quedó lista para su entrada en vigor con el nuevo año. La derecha la criticó con dureza, entre otras cosas, porque abre la puerta a que selecciones autonómicas puedan competir internacionalmente en deportes como la pelota vasca y el surf.

Si la ley trans prosperó con la única deserción de Carmen Calvo después de que el PSOE se resignase a retirar su enmienda que ampliaba de 14 a 16 años el límite máximo para que los cambios de sexo requieran autorización judicial, en la ley de bienestar animal ha sido UP quien ha tenido que ceder. Los socialistas dejaron claro que su enmienda que excluía de las normas de protección a los perros de caza era innegociable. UP amenazaba, entre ácidas críticas al PSOE, con dejar caer la ley si no se respetaba el texto impulsado por su Ministerio de Derechos Sociales.

Esas diferencias habían obligado a posponer el martes la aprobación del proyecto en comisión. Este jueves se convocó a sus miembros precipitadamente. Las diferencias entre los socios del Gobierno eran insalvables, pero UP desistía de bloquear el texto. La coalición izquierdista tuvo que tragarse el sapo de que el PSOE sacase adelante su enmienda pactada con el PP. A pesar de eso, UP así como ERC y EH Bildu —que también se oponían a la pretensión de los socialistas— accedieron a aprobar el texto completo, que se debatirá en el pleno ya en 2023.

Fue una solución de compromiso para evitar un embarazoso choque en una semana en la que el Gobierno se ha afanado por ofrecer una imagen cohesionada frente a la ofensiva de la derecha en el Parlamento y en los tribunales. Aunque el modo en que se logró resultase revelador de una crítica habitual a las formaciones del Ejecutivo, también por sus propios aliados: la improvisación con que se acometen algunos proyectos legislativos. La precipitada convocatoria de la comisión y los acuerdos a dos bandas del PSOE enfurecieron a sus socios. El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu advirtió que iba a seguir el consejo de “no hablar mucho cuando estás enfadado” y se limitó a desear felices fiestas al resto de la comisión. Quien sí intervino fue Joan Capdevila, de ERC: “Estamos asistiendo al mejor ejemplo de cómo no debe hacerse una ley”.