Meritxell Batet alerta del “peligro de deslegitimación de las instituciones”

En más de cuatro décadas de democracia, todavía no se había visto nunca a la tercera autoridad del Estado, tras el Rey y el presidente del Gobierno, comparecer de urgencia cerca de la medianoche y leer una declaración institucional en la que se advierte del “peligro de una potencial deslegitimación del sistema democrático”. Esas fueron las palabras que la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, pronunció con toda la solemnidad sobre las 23.30 de este lunes en una comparecencia urgente, antes incluso de recibir la notificación oficial del Tribunal Constitucional (TC) que interrumpe la tramitación de la ley que pretendía reformar parte del sistema de elección de los magistrados de ese órgano.

En una noche que pasará a la historia de la democracia española, Batet y su compañero de partido y presidente del Senado, Ander Gil, comparecieron, cada uno en su Cámara y con escasos minutos de diferencia, para anunciar que acatarán la decisión del tribunal de garantías, sin ahorrar críticas a este entre ominosas advertencias sobre el precedente que se ha abierto al interrumpir por primera vez un proceso legislativo de los órganos que encarnan la representación de la soberanía popular.

Batet abrió fuego y empezó por lo más institucional: acatamiento y respeto a la decisión del TC. A partir de ahí, su discurso trató de dejar en evidencia el alcance de la crisis que se ha abierto entre las más altas instituciones del Estado por “un hecho sin precedentes en la historia de nuestra jurisdicción constitucional”. La presidenta del Congreso mostró su “honda preocupación” por las consecuencias de la actuación del tribunal de garantías “desde el punto de vista del correcto funcionamiento del poder legislativo y del ejercicio de sus funciones constitucionales”, al tiempo que defendía el trabajo del Congreso de los Diputados.

Dirigentes y diputados de las formaciones que apoyan al Gobierno venían advirtiendo desde la pasada semana que una suspensión del proceso legislativo abriría a partir de ahora un precedente que puede condicionar en el futuro la actividad del Parlamento. Batet hizo explícita esa inquietud en nombre de la institución que preside y recalcó que desde este momento se han sentado las bases para que un único diputado pueda torpedear un procedimiento legislativo con presentar un recurso de amparo ante el TC. La presidenta, como haría después el del Senado, anunció que esperará a conocer los argumentos del tribunal para poder presentar sus alegaciones en defensa de la “autonomía parlamentaria”. El tribunal de garantías, al aceptar los argumentos del recurso del PP en favor de una medida “cautelarísima”, se eximió de consultar a la parte afectada, el Parlamento en este caso, antes de tomar su decisión.

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El comunicado del presidente del Senado tras la decisión del Tribunal Constitucional

Apenas 10 minutos después de Batet, la escena se repetía en el Senado: una sala vacía donde el máximo representante de la Cámara leyó, con el mismo tono grave y solemne, otra declaración en términos parecidos. La decisión del TC afecta más directamente al Senado, ya que la norma invalidada ya se aprobó en el Congreso la pasada semana y este martes se empezaba a debatir en la comisión de Justicia de la Cámara alta, con la previsión de aprobarla el próximo jueves. La comparecencia de Ander Gil fue más extensa y más expresamente crítica con el tribunal que la de Batet, aunque con el mismo fondo.

“Esto es un triste punto de inflexión en nuestra historia reciente”, arrancó el presidente del Senado, quien denunció que a partir de ahora la autonomía de las Cámaras legislativas queda “seriamente comprometida”. Gil subrayó la “gravedad de la situación” ante este “paso de difícil retorno en la degradación de nuestro sistema democrático”. Como ya había hecho antes la presidenta del Congreso, la máxima autoridad de la Cámara alta recordó que se ha llegado a este punto por el tenaz bloqueo del PP a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, después de que su mandato caducase hace ya cuatro años. En este punto, Gil también fue menos diplomático que Batet y no solo reconvino al PP, sino al propio tribunal. Para el presidente del Senado, lo más grave de lo sucedido es que los populares han “instrumentalizado el órgano que tiene como principio constitucional garantizar la estabilidad”.

La decisión del Constitucional tensiona aún más el ambiente en las dos Cámaras ante una semana con las agendas cargadas y hasta 17 proyectos legislativos a debate entre ambas. La reforma del Código Penal seguirá adelante en el Senado, aunque sin la parte que pretendía reformar algunos aspectos del nombramiento de magistrados del TC, suspendida por este mismo.