Los países ricos se comprometen a aportar 300.000 millones de dólares de financiación climática

Ni las guerras ni la pandemia del covid ni las tensiones entre China y Estados Unidos han bloqueado en el convulso último lustro los acuerdos en las cumbres del clima, de las que siempre se ha conseguido sacar adelante algún pacto, aunque resultase insuficiente o débil y no haya logrado aún que las emisiones caigan a la velocidad suficiente. En la cumbre de Bakú la cuerda se ha llegado a tensar tanto que parecía que esta vez se terminaría por romper. Pero, de nuevo, los casi 200 países reunidos en la capital de Azerbaiyán en la COP29, la conferencia climática anual de la ONU, han sacado adelante en el tiempo de descuento un acuerdo sobre la financiación, a pesar del entorno internacional tan complicado y del papel un tanto caótico que ha jugado la presidencia de la cumbre, que recaía en Azerbaiyán como país anfitrión. Las negociaciones climáticas siguen siendo la aldea gala del multilateralismo.

El acuerdo final de esta COP29 marca como objetivo genérico para la lucha contra el cambio climático movilizar con recursos públicos y privados 1,3 billones de dólares para 2035, aunque sin especificar claramente de dónde saldrán. Pero la clave de todo, y lo que ha retrasado el fin de esta cita, está en cuánto dinero deben poner sobre la mesa los países desarrollados para ayudar a los Estados con menos recursos. El texto apunta a que las naciones más ricas deberán llegar a una aportación de al menos 300.000 millones de dólares anuales para 2035, lo que supondría multiplicar por tres la meta actual que está en los 100.000 millones. En cualquier caso la nueva cantidad comprometida está muy por debajo de las necesidades reales que tienen estos países, que han criticado la cicatería de los gobiernos occidentales.

En el corazón de los debates de esta cumbre de Bakú —que arrancó el 11 de noviembre pasado y debería haber concluido este viernes, no se ha cerrado hasta pasadas las 2.30 de este domingo 24 (hora local)—, estaba la llamada financiación climática; es decir, los fondos que deben recibir los países con menos recursos para reducir sus emisiones de efecto invernadero alejándose de los combustibles fósiles. Ese dinero también debe servir para que se preparen y protejan de los efectos de un calentamiento del que son los menos responsables.

Hace 15 años, en otra cumbre del clima, se acordó que esa financiación debía ser puesta por los países considerados desarrollados y que tendría que alcanzar los 100.000 millones anuales en 2020. En Bakú, tocaba actualizar esa meta, que finalmente se quedará en los 300.000 millones, según lo acordado en esta COP29.

Esa cifra ha sido uno de los principales motivos de disputa. Porque mientras las naciones desarrolladas, con Estados Unidos y la Unión Europea a la cabeza más visibles, se han resistido hasta el último instante a aclarar hasta dónde estaban dispuestas a llegar, los países en desarrollo les exigían que pusieran billones sobre la mesa, algo a lo que no estaban dispuestos a llegar los negociadores del bloque occidental. “Debe ser una cantidad realista y alcanzable”, han repetido una y otra vez los negociadores de estos países. En otro borrador del acuerdo de financiación difundido el viernes la meta propuesta era de 250.000 millones, con lo que en el texto final se incrementa en 50.000 millones.

La cantidad acordada no ha contentado, sin embargo, a varios de los países llamados a ser receptores, como Cuba, Bolivia y la India, que han reprochado a la presidencia cómo ha llevado las negociaciones y a los países ricos su falta de compromiso. La representante de Nigeria ha calificado de “insulto” y “broma” la cantidad puesta sobre la mesa por las naciones desarrolladas.

Pero si importante es el cuánto, no menos es el cómo se movilizarán esos fondos y quienes los pondrán sobre la mesa. Respecto al cómo, en el texto se apunta a que la financiación de los 300.000 millones para 2035 deberá venir de ayudas públicas, pero también podrá proceder de créditos. Y de inversión privada ligada a proyectos y ayudas públicas.

La otra gran cuestión de esta cumbre era el quién debe aportar. Porque estas negociaciones se realizan sobre la base de una Convención Marco de Cambio Climático de la ONU, de 1992, que señala que son los considerados entonces países desarrollados los que debían realizar los mayores esfuerzos. Se trata de EE UU, la Unión Europea, Canadá, Suiza, Australia y Japón. El peso de la financiación climática con ayudas públicas y créditos de todo tipo ha recaído hasta ahora sobre sus hombros. Pero fuera se han quedado otros países de altos ingresos, muy emisores y que no han estado hasta este momento obligados a aportar fondos; se trata de naciones como China, Arabia Saudí, Rusia y Corea del Sur.

En el texto se alienta a que otras naciones que no están consideradas desarrolladas en el contexto de la ONU “hagan contribuciones adicionales” para lograr los objetivos de financiación, aunque se trata de una invitación no de una obligación.

La clave está en los bancos de desarrollo multilaterales, donde no existe esa división de países desarrollados y el resto, y cuentan con aportaciones también de China y otros Estados. El empeño del bloque del llamado norte global ha sido desde el principio que todos los proyectos climáticos financiados por estas entidades se contabilicen en la meta global de los 300.000 millones para reducir la presión sobre ellos, y así se refleja en el acuerdo final. Además, en el texto se reitera la importancia de “reformar la arquitectura financiera multilateral” y se aboga por eliminar los “obstáculos” que se encuentran los países en desarrollo para poder recibir inversiones y transformar sus sistemas energéticos, como “los niveles de deuda insostenibles”.

La cumbre ha llegado en un momento de convulsión internacional que no ha favorecido tampoco las negociaciones. EE UU está a pocas semanas de asistir a la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, que ya sacó a su país del Acuerdo de París. El presidente argentino, Javier Milei, ordenó a los negociadores de su país la primera semana de cumbre que regresaran a casa. Y en el corazón de la Unión Europea el avance de la ultraderecha también está debilitando las políticas climáticas.

Muchos de los negociadores han sentido la presión por cerrar el acuerdo de financiación en esta cumbre, ante la perspectiva de que el año que viene sea todavía más complicado afrontar este difícil debate. “La gran lucha es la cifra, pero no nos podemos ir de Bakú sin un acuerdo. Bakú no se puede convertir en Copenhague [en referencia a la fracasada conferencia de 2009 en la ciudad danesa] porque sería una herida fatal al multilateralismo”, resumía durante las horas más tensas el representante panameño, Juan Carlos Monterrey. “La COP29 se llevó a cabo en circunstancias difíciles, pero el multilateralismo está vivo y es más necesario que nunca”, ha señalado tras el pacto Laurence Tubiana, consejera delegada de la European Climate Foundation y una de las arquitectas del Acuerdo de París. “La gran mayoría de los países y sus ciudadanos quieren que se tomen medidas enérgicas, y los gobiernos deben seguir avanzando como parte de una coalición mundial por el clima”.

“Había esperado un resultado más ambicioso, tanto en materia financiera como de mitigación, para estar a la altura del gran desafío que enfrentamos, pero el acuerdo alcanzado proporciona una base sobre la cual construir”, ha sostenido por su parte António Guterres, secretario general de la ONU, a través de las redes sociales.

Mercados de carbono

Unas horas antes de cerrarse el acuerdo sobre financiación, la tarde de este sábado, la presidencia de la cumbre ha convocado un plenario, en el que la buena noticia para los países que negocian ha sido que se ha cerrado el acuerdo sobre mercados de carbono, que despeja el camino para que pueda crearse un sistema internacional para comerciar.

Con todo, todavía deben desarrollarse por completo en 2025 las reglas técnicas. Pero la aprobación de este punto de la agenda, que se lleva retrasando años, es una buena noticia para los defensores de este sistema de compra y venta de derechos, que en los últimos años ha estado envuelto en la polémica y en las dudas sobre su efectividad real para la reducción de las emisiones.