El tenso debate en el CGPJ cuando los conservadores intentaron apartar a una vocal progresista: “Vuestro único objetivo es rebajar el quórum”

Los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se jugaron todo a una carta en el pleno del martes, convocado para votar por primera vez a los candidatos a magistrado del Tribunal Constitucional por parte del órgano de gobierno de los jueces. Pero les salió mal. Al inicio de la sesión, un grupo de consejeros propuestos por el PP intentó reducir a 10 votos el quórum necesario para sacar adelante el nombramiento de sus dos candidatos por la vía de reclamar que la vocal progresista Clara Martínez de Careaga quedara apartada del procedimiento porque es esposa del magistrado del Tribunal Constitucional Cándido Conde-Pumpido, que aspira a presidir ese órgano cuando se renueve. La abstención de Martínez de Careaga hubiera propiciado la elección de los dos candidatos propuestos por los conservadores con los 10 votos que suma este grupo, pero los progresistas y cuatro consejeros propuestos por el PP frenaron esta maniobra.

El debate, cuentan miembros del órgano, se prolongó durante casi dos horas y fue muy tenso, hasta el punto de que la vocal progresista advirtió de que los conservadores podían estar incurriendo en un delito de coacciones al tratar de que se apartara de un caso en el que ni ella ni la mayoría del pleno veía causa de abstención. “Solo intentan rebajar el quórum, lo que es manifiestamente perverso y abusivo” advirtió Martínez de Careaga.

El debate sobre la abstención de la vocal, magistrada de la Sala Quinta (Militar) del Supremo y propuesta por el PSOE para formar parte del CGPJ, acaparó la mayor parte de la sesión. Los conservadores habían advertido en el pleno anterior de que iban a poner sobre la mesa este tema. “Yo esperaba que lo plantearan, pero no en términos tan agresivos”, admite un vocal progresista. La primera en abordar el asunto nada más empezar la reunión fue la conservadora Carmen Llombart, que leyó un escrito en el que resumía las razones por las que, en su opinión, Martínez de Careaga no podía participar en la deliberación ni votar. Su marido es un candidato posible para ser el próximo presidente del Constitucional y, como los dos magistrados que tiene que nombrar el CGPJ participarán en el futuro en esa elección, ella puede preferir que salga un candidato en vez de otro.

En el trasfondo del asunto está el rechazo de los conservadores a que Conde-Pumpido se ponga al frente del tribunal de garantías, la misma razón que les ha llevado a negarse a votar al candidato progresista para el Constitucional, José Manuel Bandrés, porque, aseguran, si llega al Constitucional apoyará a Conde-Pumpido para la presidencia.

Tras la intervención de Llombart tomaron la palabra otros tres vocales de su grupo —José María Macías, José Antonio Ballestero y Gerardo Martínez Tristán—. “La vocal no puede participar en el nombramiento de la persona que puede decidir que su marido sea nombrado, o no, presidente del Tribunal Constitucional”, insistieron. “Fueron duros, muy solemnes y severos. Aseguraban que la vocal carecía de neutralidad e imparcialidad”, señala un miembro del pleno.

La legislación que regula el funcionamiento del CGPJ y las normas por las que se rigen sus vocales no contempla que un vocal pueda ser obligado a apartarse ni recusado por otro miembro del pleno, pero los conservadores esgrimieron el artículo 23 de la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público, que establece, entre las causas de abstención, tener un vínculo matrimonial con cualquiera de los interesados en un procedimiento. Pero, al margen de que pudieran o no darse estas circunstancias, el CGPJ no está sujeto a esta ley. Las vocales progresistas Concepción Sáez y Mar Cabrejas intervinieron para apoyar a Martínez de Careaga y hacer ver que esta ley a la que se aferraban los conservadores no regula nada que tenga que ver con el CGPJ. “No somos un órgano administrativo, somos un órgano político y constitucional”, apuntó una de las consejeras.

Una maniobra “perversa y abusiva”

La vocal afectada mantuvo silencio durante el debate. Y cuando todos terminaron de hablar, tomó la palabra. “Se le notaba tensa, pero firme”, señala un miembro del órgano. Martínez de Careaga defendió que no concurría ninguna causa de abstención y admitió sentirse “perpleja”, según recoge el acta de la sesión, a cuyo contenido ha accedido EL PAÍS. Advirtió de que el único objetivo de los conservadores era “intentar rebajar el quórum”. “Lo que es manifestamente perverso y abusivo”, lamentó. La consejera afeó a los vocales que, tras 9 años de deliberar en la misma mesa, se atrevieran a poner en duda su imparcialidad y lo hicieran públicamente, “tratando de confundir a la opinión pública”.

“Su defensa fue fundamentalmente jurídica, pero apelando también a lo humano”, recuerda un vocal progresista, en referencia a las críticas que lanzó Martínez de Careaga a los consejeros del otro grupo por el “daño reputacional” que le ocasionaba este debate público. En el momento más tenso, la vocal progresista advirtió que la conducta de los conservadores podían ser constitutiva de coacciones y que podría deducir testimonio (ponerlo en conocimiento de un juez por si hubiera delito), pero el asunto quedó ahí.

El presidente suplente del órgano, Rafael Mozo, sondeó al resto de vocales conservadores, que apenas habían intervenido, y cuatro de ellos (Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, Nuria Díaz y Wenceslao Olea) admitieron que no compartían la opinión de sus compañeros. Lo contrario habría comprometido a Mozo porque, aunque ninguna norma regula la posibilidad de votar una petición como esa, el presidente habría tenido que decidir qué hacer sabiendo que la mayoría exigía votarlo. “La verdad es que se comportaron porque la situación podría haberse tensado mucho”, admite un progresista.

Tras dos horas, el debate terminó, recuerdan miembros del órgano, después de que Martínez de Careaga interviniera por segunda vez y recordara que el pleno ya había resuelto un asunto como el que ahora se estaba planteando. La vocal se refería a que, hace dos meses, un imputado en una causa relacionada con el procés, recusó a varios miembros del CGPJ (incluido ella) que tenía que dar respuesta a un recurso planteado por este imputado contra el tribunal que le iba a juzgar en Cataluña. En el caso de Martínez de Careaga, la razón que se alegaba era, precisamente, que era la esposa de Conde-Pumpido, dado que el Constitucional tenía sobre la mesa causas que afectaban a esta misma persona imputada. El pleno del CGPJ lo estudió y rechazó que debiera apartarse por estar casada con el magistrado del tribunal de garantías.