Un juez de Texas bloquea temporalmente la deportación de tres venezolanos bajo la Ley de enemigos extranjeros

Los jueces no bajan los brazos en su resistencia a la agenda de Donald Trump. Este miércoles, un juez federal de Texas ha bloqueado temporalmente la deportación de tres venezolanos recluidos en un centro penitenciario del Estado, acusados de pertenecer a la pandilla conocida como El Tren de Aragua. La decisión vuelve a desafiar la orden del presidente de detener y expulsar del país a los supuestos miembros de esta banda criminal que se encuentren en Estados Unidos, mediante la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Esa norma no se utilizaba desde la Segunda Guerra Mundial y fue congelada por un juez federal casi inmediatamente después de ser implementada para deportar a más de 200 venezolanos a El Salvador a mediados de marzo. Este lunes, sin embargo, el Tribunal Supremo permitió que se usara con algunas salvedades para respetar el debido proceso.

De acuerdo al más reciente documento, firmado por el juez Fernando Rodríguez Jr., el Gobierno de Trump intentó devolver a Venezuela a las personas en cuestión durante el pasado mes de marzo, a pesar de que ningún tribunal de inmigración ha emitido una orden definitiva de deportación contra ellos. Esta nueva medida los protege de ser expulsados de manera sumaria, sin haber sido notificados en un plazo de tiempo suficiente como para presentar un habeas corpus, tal como estableció el Supremo en su decisión del pasado lunes.

“Si Estados Unidos expulsa erróneamente a una persona a otro país con base en la proclamación (de la Ley), existe una probabilidad considerable de que dicha persona no pueda ser devuelta a Estados Unidos”, señala el texto. Asimismo, prohíbe a la Administración Trump que traslade, reubique o expulse a dichos venezolanos del centro de detención donde se encuentran, o que los transporte fuera del condado sin una orden judicial.

La decisión del juez Rodríguez Jr. fue tomada en respuesta a una demanda de emergencia presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), con el fin de frenar las deportaciones que se pretendan realizar bajo la antigua ley pensada para tiempos de guerra y desempolvada por el republicano. ACLU sostiene que los detenidos no son miembros del Tren de Aragua.

Uno de ellos, por ejemplo, fue acusado de pertenecer a este clan luego de que un oficial detectara sus tatuajes: “una rosa y una calavera en la pierna, que cubren un tatuaje de un mono que ya no le gustaba, y un ojo que le hizo un compañero tatuador”. Este hombre, identificado con las siglas J.G.G., fue “trasladado abruptamente y sin explicación alguna” a la prisión donde se encuentra actualmente, mientras esperaba para una audiencia sobre su solicitud de protección migratoria en California.

En el caso del detenido identificado como J.A.V., la demanda afirma que, de hecho, fue víctima del grupo delincuente, y esa es una de las razones por las cuales no puede regresar a su país natal. El otro motivo que manifiestan es porque “ha sufrido violencia física y acoso debido a su orientación sexual en Venezuela”. “J.A.V. es VIH positivo y requiere acceso a medicamentos diarios y atención médica constante”, especifica el texto.

El tercer demandante, W.G.H., solicitó asilo político en Estados Unidos luego de haber sido “extorsionado y amenazado por múltiples grupos criminales en Venezuela, incluido el Tren de Aragua”. En su caso, tenía programadas audiencias en la corte de inmigración para el 12 de marzo pasado, pero no fue presentado. En su lugar, los guardias lo amenazaron con que lo llevarían a un avión el 15 o 16 de marzo.

En Nueva York, el juez Alvin K. Hellerstein, afirmó este miércoles que planea firmar una orden de restricción temporal similar a la rubricada en Texas, para proteger a los venezolanos que residen en el Distrito Sur de esa ciudad.