El Congreso da luz verde a la reforma de la Universidad para modernizarla

La redacción de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) nunca ha despertado un gran interés en la opinión pública y la clase política durante los tres años de intensas negociaciones, pero la crisis institucional sin precedentes que se vive en España ha terminado de desplazar la atención sobre una reforma esencial para el devenir económico y social del país, y no solo para los 1,6 millones de estudiantes y 210.000 profesionales (de ellos 128.000 profesores investigadores) directamente implicados. La norma ha sido aprobada este jueves en el Congreso con los 179 votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Más País y PDeCAT, Compromís y Teruel Existe.

La LOSU, que ahora pasará por el Senado y volverá al Congreso para ser votada de nuevo a finales de febrero ―si se cumple el calendario previsto por el Gobierno―, ha tenido que salir adelante con mayoría absoluta (no simple), porque se trata de una norma orgánica (requerida constitucionalmente para regular ciertas materias). Todos los grupos coincidían en la necesidad de elaborar una nueva norma con la vista puesta en los retos venideros ―aunque no con el resultado final―, pues la Ley Orgánica de Universidades (LOU, 2001) lleva vigente dos décadas, desde tiempos de José María Aznar. Luego fue modificada parcialmente por los socialistas en 2007 para adaptar el texto al Plan Bolonia promovido desde Bruselas.

El Gobierno central incluyó a principios de 2021 en el paquete de compromisos con la Unión Europea para recibir 70.000 millones de euros de los fondos de recuperación la reforma de las universidades públicas, la digitalización de los campus y la recualificación de la plantilla, aunque la ley ya se estaba negociando. El entonces ministro Manuel Castells partió de cero, quiso hacer un texto de consenso, de forma casi asamblearia, escuchando a los distintos colectivos (sindicatos, rectores y estudiantes), pero pronto se dio cuenta de la enorme complejidad de su propósito, pues los intereses son en muchas ocasiones divergentes.

Esa diversidad de opiniones llevó a Castells a dar enormes bandazos al documento para intentar contentar a todos y al final provocó en noviembre de 2021 el plante de los rectores, que se negaron a emitir un informe preceptivo para que la ley siguiese su tramitación y el rechazo frontal de los estudiantes. Pese a ello, Castells aseguró en EL PAÍS contar con los votos ―”Podríamos aprobar la ley del Sistema Universitario mañana, pero quiero que sea consensuada”, dijo―, aunque añadió, consciente de la inviabilidad de poner en marcha una reforma con los actores afectados en contra: “No podemos salir en un año y a la fuerza de 20 años caóticos de escasez, desorganización y semilegalidad [en la universidad]”.

En diciembre de 2021, el catedrático en Ciencias Políticas Joan Subirats sustituyó al sociólogo Castells, aquejado de problemas de salud, y pidió unos meses para hacer suya la ley. Tanto la ha cambiado que poco se parece al proyecto inicial. Subirats, con fama de buen negociador, ha escuchado, pero no ha actuado de forma asamblearia. Esta argumentación de Subirats resume muy bien su propósito: “Al final, con esa ley cada universidad tiene que decidir qué quiere ser de mayor y tomar decisiones de acuerdo a sus expectativas. Las hay con aspiraciones internacionales y otras que, sin renunciar a ello, son muy fuertes en su ámbito territorial”.

Doble vía laboral

Este marco general que deja hacer a cada campus gusta en general a los rectores y sobre todo a los partidos nacionalistas, que criticaban el intervencionismo de la propuesta de Castells, que legislaba mucho más. Por ejemplo, marcaba un máximo de representantes en el claustro. A PNV, Esquerra y PDCAT (Junts, en cambio, presentó una enmienda a la totalidad aunque este jueves se ha abstenido) les convence también la doble vía laboral, reclamada por sus universidades, que permite contratar a profesores titulares y catedráticos que no son funcionarios (como en el resto de Europa). Esta duplicidad, como era previsible, no les gusta nada a los sindicatos y a los rectores.

La conferencia de rectores mejoró sus relaciones con el ministerio con su cambio de presidente ―de José Carlos Gómez-Villamandos, hoy consejero del PP en Andalucía, al progresista Juan Romo, de la Carlos III― y finalmente han dado su brazo a torcer. En ello ha jugado un papel clave que los rectores van a poder elegir a un tercio de los miembros del consejo de gobierno ―hasta ahora designan solo a los vicerrectores y el equipo de gestión―, el brazo ejecutor de la universidad, lo que les proporcionará una mayor libertad de acción. Hoy los decanos pueden bloquear cualquier reforma del rectorado.

A los sindicatos, los únicos que no terminaron enfrentados a Castells ―aunque sí con el proyecto inicial―, les disgusta esta composición del consejo de gobierno, pero han sacado, en cambio, un serio recorte de la precariedad laboral. Hasta 25.000 falsos profesores asociados ―sin otro trabajo principal, como exige esa figura laboral― firmarán contratos indefinidos con dedicación parcial, con lo que logran derechos de antigüedad o de optar a complementos salariales como premio a su labor docente. Además, en 10 años los doctorandos lograrán un puesto fijo no funcionario (contratado doctor). Si no fuera por la nueva ley, lo que sucede ahora es que en pocas ocasiones logran esa plaza antes de cumplir 40 años de edad.

PP, Vox y Ciudadanos, como los consejos sociales ―el puente entre la sociedad y la empresa y la universidad―, creen que la ley es “una oportunidad perdida” para hacer unos campus más ágiles de gestión, con menos órganos de decisión, con un modelo más parecido al de las grandes compañías. Contar con el apoyo del PP era inviable. Votó solo hace un año incluso en contra de la ley de Formación Profesional, pactada con los agentes sociales (CEOE y sindicatos) y que contó con la abstención de Vox.

La CUP (en contra) y Bildu (abstención) no han apoyado la ley, entre otras cosas, pues consideran que se está produciendo una mercantilización de la universidad, dotando a las privadas de los mismos derechos pero no deberes que las públicas.

La norma introduce también medidas financieras para frenar el cambio climático, de igualdad (se contratará al candidato del sexo menos representado en igualdad de condiciones de idoneidad) o contra los colegios mayores que sigan segregando (no podrán estar vinculados a una universidad pública) que convencen a Más País, Compromís o Teruel Existe.

Subirats insiste también en la universidad para todos ―una persona con conocimientos en un campo podrá cursar una carrera relacionada o un curso de especialización aunque no cuente con el título de bachiller―, la ciencia abierta ―los artículos de los campus públicos tienen que ser de acceso libre, con independencia de quién los ha financiado― o la ciencia ciudadana, en la que participe toda la sociedad.

En el texto final se afirma que “el objetivo” es que las comunidades inviertan un 1% de su Producto Interior Bruto (PIB) en 2030 en universidades, pero ya no aparece como una obligación como en el proyecto de Subirats. De no hacerlo, difícilmente se podrá aplicar la LOSU, que tiene que ir acompañada de un fuerte desembolso económico para ser viable.

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