Los rectores plantan a Castells y colocan su ley al borde del naufragio

Los responsables de las universidades se han negado a emitir un informe preceptivo para aprobar la LOSU, porque consideran que no es el texto definitivo

Movilización de estudiantes frente al Congreso de Diputados este jueves contra la ley Castells.
Movilización de estudiantes frente al Congreso de Diputados este jueves contra la ley Castells.JUAN BARBOSA

El Consejo de Universidades ―que reúne al ministro con los responsables de los campus (50 de 87 de la pública)― se ha celebrado este jueves de forma virtual en un ambiente tensísimo, según reconocen fuentes del Ministerio de Universidades y de la conferencia de rectores (CRUE). El ministerio convocó a sus miembros para tratar la aprobación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y ha sufrido un plantón de los rectores en toda regla. Se ha escenificado con una única intervención de estos, la de su presidente José Carlos Gómez Villamandos, que se ha negado a que el consejo emita un informe preceptivo para aprobar la ley. La CRUE considera que no está sobre la mesa el documento definitivo y ha propuesto que se posponga a la siguiente sesión con un texto que consideren concluyente.

En paralelo, las asociaciones de estudiantes que acuden a las reuniones (CREUP y CEUNE) han convocado para este jueves “parones académicos” contra la ley del ministro Manuel Castells que no han tenido gran repercusión. Y el viernes se celebra una reunión con ERC ―el socio que debería apuntalar la ley en la votación en el pleno del Congreso― en medio de un ambiente poco propicio para el acuerdo, pues el Gobierno catalán ―del que este partido forma parte― reclama más autonomía de gestión para sus campus y ha presentado 100 páginas de alegaciones a la LOSU. Las universidades catalanas ―que comparten su criterio con la Generalitat―, por su parte, durante un debate celebrado la semana pasada en la Universidad de Barcelona criticaron la “excesiva regulación” del proyecto de ley.

Gómez Villamandos, según se recoge en un relato de la reunión que la CRUE ha hecho llegar a la prensa, ha mostrado su “frustración” porque asegura que esperaban el texto con “optimismo e ilusión” y sostiene que el proyecto de la LOSU “no es lo suficientemente innovador para el nivel de transformación socioeconómica que requiere España”. Fuentes del ministerio reconocen su decepción. La relación de Castells y la CRUE ha sido muy buena en estos casi dos años de Gobierno de coalición: tan solo tuvieron un fuerte encontronazo por los exámenes presenciales del pasado enero. El plantón de los rectores al ministro José Ignacio Wert en 2012 ―se levantaron de la mesa porque se negaba a discutir los recortes― es el único momento de gran tensión que se había vivido entre la CRUE y el Gobierno en ejercicio en la última década. La conferencia es siempre muy comedida en sus declaraciones, pues representa a un espectro muy dispar de universidades públicas y privadas.

El ministerio, por el contrario, opina que los rectores no miran al futuro pues han rechazado de nuevo el plan del Gobierno para terminar con la precariedad salarial en los campus. Su pretensión es reservar el 15% de las nuevas plazas para profesores asociados que hayan leído la tesis, pero la CRUE no quiere que existan cupos y se ampara en la autonomía universitaria. “Una reserva legal para el acceso al empleo público debe justificarse en elementos objetivos de discriminación o en la existencia de méritos específicos diferenciados, algo que no ocurre en este caso”, defendió la CRUE en sus alegaciones.

El Gobierno ha negociado la ley durante casi un año con todos los estamentos y, tras la presentación a finales de agosto del anteproyecto de la LOSU, salió a la luz el 5 de octubre un borrador nuevo en el que atendía a muchas de las peticiones de los gestores de las universidades: desapareció la opción de que un comité eligiese al rector, que los decanos se seleccionen entre tres candidatos y la limitación de los claustros a 100 componentes.

La cuadratura del círculo

Los sindicatos, y especialmente los estudiantes, acusaron entonces a Castells de haber actuado al dictado de los rectores y haberles ninguneado; y el ministro ―orgulloso siempre de su sintonía con los alumnos― dio a conocer 18 días después una tercera versión de la ley que debía de contentar, en parte, a los universitarios y los profesores (CCOO, UGT y CSIF) y que disgustó a los rectores. El ministerio siempre ha sido consciente de que los intereses son muy opuestos y que la cuadratura del círculo es imposible, pero también toda la comunidad universitaria coincide en que se necesita una nueva norma adaptada a las necesidades del siglo XXI. La Ley Orgánica de Universidades data de 2001 y fue reformada en 2007.

La CRUE, por boca de Gómez Villamandos, ha reclamado también en el consejo que cada universidad pueda poner sus normas en la carrera para ser rector. Ahora solo pueden serlo los catedráticos y el ministerio quiere que puedan postularse profesores con 18 años de investigación, 15 de docencia y cuatro años en un puesto de gestión. El Gobierno quiere unas normas comunes porque cree que si no cada campus va a hacer un traje a su medida.

La CRUE es partidaria ahora de que las universidades puedan elegir a sus rectores no por sufragio universal, sino a través de un órgano en el que estén representados todos los estamentos. La idea inicial del ministerio era que un grupo de entre 20 y 30 personas ―un 30% externas― eligiese directamente entre una lista de candidatos (en el caso en que la universidad cambie sus estatutos, no es obligatorio), pero en sus alegaciones los rectores se quejaron: “Habría tenido más sentido que se hubieran dejado totalmente en manos de la universidad las condiciones y la composición para montar un comité de este tipo”. Finalmente, esta vía de elección que disgustaba a los sindicatos y los estudiantes se eliminó en una nueva versión de la ley, por lo que fuentes del ministerio se sorprenden ahora de que se quiera volver al punto de partida: “En ningún momento los rectores lo han defendido”.

Este miércoles se celebró de forma virtual la Conferencia General de Política Universitaria, que sienta al ministro con los consejeros autonómicos, y los populares aprovecharon para pedir la retirada de la LOSU, una ley que, creen, no cuenta con el consenso suficiente. Todos, como reclama la CRUE, exigen más financiación. Horas antes, el Gobierno había logrado sacar adelante su ley de convivencia universitaria con los votos de los nacionalistas y Teruel Existe, pero con la frustración del jueves esa alegría se ha evaporado.

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Sobre la firma

Elisa Silió

Es redactora especializada en educación desde 2013, y en los últimos tiempos se ha centrado en temas universitarios. Antes dedicó su tiempo a la información cultural en Babelia, con foco especial en la literatura infantil.

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