Las líneas rojas de los rectores a la ‘ley Castells’: ni plazas fijas para asociados ni profesores titulares gobernando

El anteproyecto de la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario) entra en una nueva fase de negociación tras pasar el texto por el Consejo de Ministros antes de lo esperado. El ministro Manuel Castells, consciente de que la parte del gobierno de las universidades ―aludido como gobernanza― no convence a ningún colectivo, presentará en las próximas semanas una nueva propuesta. Tendrán hasta finales de noviembre para negociar y entonces comenzará el trámite parlamentario. Estas son las propuestas de la conferencia de rectores (CRUE), que ha trazado varias líneas rojas en el documento. Los ánimos están algo caldeados, pues la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (Creup) ha culpado al ministerio en un comunicado de haber “negociado y acordado” la ley con los rectores.

Personal

Asociados. Los rectores se niegan a que el 15% de las plazas vacantes en la universidad tengan que ser ocupadas por profesores asociados doctores. “¿Por qué reservar a los asociados y no a profesores visitantes? Que se presenten”, plantea un rector. “Una reserva legal para el acceso al empleo público debe justificarse en elementos objetivos de discriminación o en la existencia de méritos específicos diferenciados, algo que no ocurre en este caso”, mantiene la CRUE en sus alegaciones. La categoría de asociados fue creada a primeros de los ochenta para que profesionales destacados pudieran aportar su experiencia a la universidad, pero se ha convertido en una alternativa barata —cobran desde 300 euros— y falsa, porque en muchos casos el profesor no tiene otra ocupación y pasa horas trabajando de forma gratuita para hacer curriculum.

Esta semana, Isabel de la Cruz, portavoz de la Plataforma de Profesorado Asociado, se alegraba: “El ministerio siempre nos decía que no se podía fijar porcentajes y sí era posible”. Hoy son uno de cada cuatro profesores en la pública y el anteproyecto obliga a que en cinco años no sean más del 20% de las plantillas. Los rectores opinan que es demasiado ambicioso: “Parece que se haya establecido [el porcentaje] con un cálculo realista de los recursos financieros necesarios y las limitaciones de la tasa de reposición”.

La carrera indefinida y paralela. A los rectores no les incomoda que existan profesores titulares no funcionarios, pues permitiría el acceso más rápido de profesionales que consideran valiosos, pero les disgusta que la figura ―que existe en Cataluña y País Vasco― “parece quedar en manos de las comunidades autónomas en función de sus competencias”. Alertan sobre su posible acceso a catedráticos ―”la promoción interna solo es posible desde un cuerpo funcionarial”― y les preocupa que “existan diferencias de dedicación y retributivas [con los funcionarios] que no estarían justificadas por elementos objetivos”. Estas distinciones las marcarían los gobiernos autonómicos.

Carga docente. El ministerio quiere que los profesores no centren solo su carrera en investigar ―lo que ahora les permite progresar―, sino en la docencia, forzándoles a que impartan entre 120 y 240 horas de clase al año; y los rectores reclaman que solo haya un máximo de horas. Con la redacción actual, un rector o un director de departamento tendría que impartir al menos 120, lo que dicen “refleja un desconocimiento de la dedicación que suponen estos cargos”. Además, quieren excepciones para que figuras de renombre vengan en la práctica solo a investigar, como los dos premios Nobel que tiene la Universidad del País Vasco.

Comisiones de selección. Comparten que los tribunales para un concurso a una plaza permanente sean menos endogámicos ―por su composición es muy difícil que la gane alguien de fuera― pero piden que no sean así ―obliga a traer externos― para los puestos no permanentes “dado que el elevado volumen de contrataciones podría bloquear el sistema de concursos”.

Profesores ayudantes. Para ser esta figura habrá que ser doctor y el anteproyecto planea que no tengan que acreditarse en la agencia de evaluación ANECA cuando lean la tesis los que ya ejercen, pero los rectores quieren dejar la vía así si “lo estimen oportuno las universidades”.

Evaluación I3. Los rectores quieren que cualquier doctor con ciertos méritos científicos pueda presentarse a esa acreditación que ahora está limitada a quienes han disfrutado de un contrato Ramón y Cajal, que es muy competitivo. Para ellos se reserva al menos un 15% de las plazas de empleo público. Y alertan: “Hacer el cupo opcional supondría un freno sin precedentes a la captación de talento en la universidad”.

Internacionalización

La CRUE quiere que las universidades puedan reservar plazas para extranjeros en determinados estudios y plantea que la prueba de acceso a la universidad para ellos ―que se había quitado y volvió a establecerse este curso― pueda sustituirse por el aprobado en “pruebas estandarizadas internacionales de prestigio y rigor académico contrastable”. Además, sugieren dar a los campus la opción de hacer pruebas internas de conocimiento del idioma y materias básicas.

Gobierno de las universidades

El rectorado en manos de los catedráticos. Estos se niegan a que un profesor titular con méritos acreditados pueda presentarse a las elecciones a rector. Este artículo del anteproyecto es una propuesta de los socialistas ―divididos en este tema―, que buscan de esta manera hacer hueco a las mujeres en la cúspide, pues al ser minoría las catedráticas, ostentan pocos puestos de poder. En este momento hay nueve rectoras de un total de 50 rectores en la universidad pública. Los rectores argumentan que “aunque el titular no podría presentarse a acreditación o a concurso, durante el mandato, tendría que ser evaluado después en su futura promoción a catedrático por colegas de la propia universidad y de fuera (puede haber conflicto de intereses y generar una imagen dudosa para la institución)”.

Rector por seis años. Están de acuerdo con la duración máxima de los mandatos de los rectores que propone la normativa ―muchas veces los rectores dejan sus planes más polémicos para el segundo ciclo por miedo a no ser reelegidos―, pero proponen que estos no puedan volver a presentarse: “seis años improrrogables y no renovables”.

Cargos femeninos. Los rectores creen que se debe favorecer a las mujeres para que en todos los órganos colegiados rija “el principio de composición equilibrada entre mujeres y hombres”, pero que no puede ser obligatoria la paridad, porque en algunos campos del conocimiento hay pocas profesoras.

Un Consejo de Gobierno más pequeño. El anteproyecto mantiene la cifra de 50 miembros en representación de todos los estamentos de la comunidad universitaria y la CRUE lo bajaría a 30 para que sea un órgano más ágil en la toma de decisiones. Los rectores sugieren elegir ellos a un tercio del consejo. Coinciden en que los claustros no sobrepasen los 100 participantes aunque en las negociaciones se plantea ahora dejarlo en una horquilla de entre 80 y 150 claustrales. Ahora hay hasta 300. En el norte de Europa estos órganos son mucho menores y con participación de personas de fuera.

Comité para elegir rector. La nueva norma propone un sistema alternativo al de las elecciones para elegir rector, pero a la CRUE no le convence. Se trataría de que un grupo de entre 20 y 30 personas ―un 30% externas― lo elijan directamente entre una lista de candidatos (en el caso en que la universidad cambie sus estatutos, no es obligatorio). “Hubiera tenido más sentido que se hubieran dejado totalmente en manos de la universidad las condiciones y composición para montar un comité de este tipo”, alega la CRUE.

Designación de decanos y directores de departamento. El anteproyecto deja al rector elegir estos cargos entre tres candidatos propuestos por el consejo de facultad. Los rectores proponen, en cambio, seleccionar tras oír al Consejo de Gobierno.

Un Consejo Social más diverso. Los rectores quieren poder sugerir a personalidades de fuera de la universidad, como ocurre en Europa, para este órgano que tiene que tender puentes entre la sociedad y la empresa y auditar las cuentas. Ahora el presidente del consejo lo elige el Gobierno autonómico y funciona como las cajas de ahorros. En el anteproyecto se propone que este cargo sea elegido, no a dedo, y los rectores proponen que el mandato sea por seis años no renovables.

El papel de las privadas. Los rectores afean al ministro que olvide a las universidades privadas, “especialmente en la exposición de motivos”, al sobreentender que las públicas son “la totalidad del Sistema Universitario Español”. Reclaman que si las privadas se van a abstener de votar temas que solo atañen a las públicas, ocurra lo mismo en el sentido contrario. El anteproyecto dedica un espacio muy pequeño a las privadas y muchas se han sentido ninguneadas.

El freno a las malas universidades. Ahora, el Consejo General de Política Universitaria, en el que están presentes todos los campus, los gobiernos autonómicos y el ministerio, emite un informe técnico sobre la calidad de un proyecto de universidad que es preceptivo, pero no vinculante y las comunidades ―como ocurrió en Cantabria― pueden saltárselo. Los rectores piden que la valoración tenga que ser positiva.

La independencia de los campus. Los rectores consideran que el anteproyecto legisla demasiado y se entromete en la autonomía universitaria. En el texto hay varias quejas, por ejemplo , la relativa a la creación de institutos de formación permanente”. A juicio de los rectores, “parece más oportuno que quede en el ámbito de cada universidad, en función de su perfil propio”.

Reconocimiento de la FP Superior. Actualmente, cada universidad convalida como quiere los estudios de FP Superior de un alumno, lo que crea una gran disparidad de valoraciones. Los rectores quieren que el Ministerio de Universidades se involucre en el proceso “con el reconocimiento de créditos”, en consonancia con el Ministerio de Educación.

Colegios mayores. Creen de “dudosa legalidad” que estas residencias de estudiantes solo puedan estar promovidas y gestionadas por organizaciones sin ánimo de lucro.

Financiación

Presupuestos. La pretensión del Gobierno es que la inversión en universidad llegue al 1% del PIB en 10 años y los rectores sostienen que “la concreción de dichos objetivos debe ir ligada al incremento del gasto público y calendarizarse en consecuencia con el incremento de inversión real”. Porque, si no, sostienen que difícilmente se va a terminar en cinco años con la precariedad en los campus.

Autonomía en ciencia. Proponen que la parte del presupuesto destinada a investigación esté eximida de un control previo y se someta a una auditoría posterior. Las trabas burocráticas entorpecen mucho el trabajo de los científicos que desean rendir cuentas luego.

Complementos salariales. Los rectores desean poder dar primas a su personal si es aprobado por el Consejo de Gobierno y su Consejo Social.

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