Un experto en una materia podrá cursar formación permanente en la universidad aunque no sea titulado

El ministro Joan Subirats insiste siempre en que hay que abrir la universidad a toda la sociedad, porque el alumnado joven va a caer como la curva demográfica y porque, en un mundo en constante cambio, hay que formarse toda la vida para no perder comba en el mercado laboral, en el que muchos españoles no tienen ninguna acreditación de sus habilidades (un 48% de la población activa de entre 25 y 64 años no tiene un título de FP o universitario). Por eso, en la recta final de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), se incluye una disposición que va a permitir que una persona con experiencia en una materia pueda cursar una formación permanente sobre ella en un campus, aunque no cuente con un título universitario. En una versión anterior, se previó que una persona con experiencia en un campo de conocimiento pudiera inscribirse en una carrera relacionada aunque no tuviera el título de bachiller. Esta opción existe ya para mayores de 40 años experimentados que son seleccionados en una entrevista, pero es minoritaria y decreciente: en 2015 se presentaron 1.170 candidatos frente a los 735 del curso pasado, un 37% menos.

Esta disposición se ha incluido en la ponencia de la LOSU ―el texto final que se votará en el Congreso el día 22― que ha salido adelante este martes en la Comisión de Ciencia y Universidades con los votos a favor del PSOE, Unidas Podemos, PNV y Esquerra. Se han abstenido Ciudadanos y Bildu y ha votado en contra PP, Vox y el Bloque Galego.

En la ratificación del texto se ha incluido, entre muchas otras, una enmienda que pretende blindar los precios públicos de las matrículas. La Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), que sienta en una mesa al Ministerio de Universidades y a los gobiernos autonómicos, ya no será quien fije los precios, que se encuentran entre los más altos de toda Europa, sino las propias autonomías. La intención del Gobierno es que las regiones puedan mantener o bajar los precios, nunca subirlos, pero el redactado es difuso: las autonomías fijarán el coste en “un marco general de contención o reducción progresiva de los precios públicos”.

En el camino hacia la gratuidad se ha embarcado Andalucía ―una iniciativa socialista que los populares no han tocado―, donde un alumno no paga tres de los cuatro años de carrera si va aprobando todos los cursos. Anteriormente, el ministerio acordó con las autonomías rebajar los precios en las regiones en las que se disparó el precio en 2012 con el tasazo del ministro José Ignacio Wert. El blindaje de precios y los cambios en la formación permanente son la principal novedad del texto final de la LOSU, que queda de esta manera:

Freno a la precariedad laboral. Las universidades tendrán hasta diciembre de 2024 para convocar concursos de méritos ―tiene que haber concurrencia, no se puede asignar una plaza a una persona― con el fin de estabilizar a 25.000 profesores asociados que no tienen otra ocupación, aunque deberían tenerla por las condiciones de su puesto. Firmarán contratos indefinidos con dedicación parcial, con lo que logran derechos de antigüedad o de optar a complementos salariales como premio a su labor docente. Los verdaderos asociados ―con una profesión principal (abogados, ingenieros...)― no podrán impartir más de 120 horas de clase por curso y perderán sus horas de clase si dejan de trabajar. A última hora se ha pactado que los falsos asociados mantengan las condiciones actuales ―con muchas horas de clase― hasta que se convoque la plaza, para garantizar que no sean despedidos. Desde la crisis de 2007, los asociados han ido creciendo en número como mano de obra barata para llenar horas de docencia. El ministerio asegura que la temporalidad del sistema universitario se reducirá de esta forma del 40% en las plantillas al 8%. No afecta a los 9.000 profesores de Ciencias de la Salud que tienen su propio acuerdo con el Ministerio de Sanidad. La Asociación Estatal de Profesorado Asociado de las Universidades Públicas teme que la medida deje en la calle a una parte del profesorado. En otras áreas de la Administración ―Bruselas obliga a bajar la temporalidad― ha supuesto que el 20% de los profesionales en precario perdiese su trabajo.

Plazas para los consagrados. El 15% de las plazas se reservan para investigadores ya consagrados que hayan obtenido el certificado I3 de excelencia investigadora (un documento con el que el Gobierno reconoce una trayectoria investigadora destacada) o el certificado como investigadores. Se pretende así parar la endogamia, pues el 73% de los profesores ejercen donde se doctoraron.

Vía paralela de contratos. Se copia el modelo de País Vasco y Cataluña, que permite meter en plantilla con otro sueldo (siempre mayor) a personas de gran trayectoria profesional ―acreditada por la agencia de evaluación, la Aneca― que no han seguido la carrera de funcionario. Esta figura de profesor titular o catedrático laboral permite traer a científicos del extranjero con sueldos más competitivos. Los sindicatos temen que sirva para que los gobiernos autonómicos enchufen a sus afines.

Carrera lineal. Pasarán 10 años desde que el investigador comienza a trabajar en su tesis como doctorando y su primer contrato fijo (contratado doctor). Ahora los científicos se eternizan en puestos precarios.

Nuevos candidatos a rector. Hasta ahora solo podían postularse para el cargo los catedráticos, pero la LOSU abre la puerta a los profesores titulares con experiencia acreditada en investigación y gestión. Una decisión que no ha gustado a la conferencia de rectores (CRUE), y menos al saber que, tras las enmiendas, se podrán presentar también los contratados laborales no funcionarios. Los rectores tendrán un único mandato (ahora son dos), pero de seis años, no de cuatro.

Amparo al rector. Finalmente, el máximo responsable no podrá elegir de una terna a decanos y jefes de departamento, como se propuso en los primeros borradores ―seguirá habiendo elecciones internas―, pero en el consejo de gobierno, el órgano de ejecución, el rector elegirá a un tercio de los miembros, lo que le dota de más poder. Ahora los decanos paralizan en ocasiones los planes de los rectores. Esta decisión ha indignado al resto de los colectivos, en especial a los estudiantes, y ha llevado a Bildu ―y así lo ha dicho en la Comisión― a abstenerse en la votación de la LOSU.

Enorme poder de los claustros. Este órgano en el que está representada toda la comunidad universitaria ―profesores, rectores, estudiantes y administración― tendrá la potestad de votar el sistema de gobernanza de la institución: cómo se elige el rector, los decanos o los jefes de departamento y sus funciones, cómo se estructuran los órganos de decisión... Los rectores consideraron la propuesta del anterior ministro, Manuel Castells, demasiado “intervencionista” ―legislaba, por ejemplo, que el consejo de gobierno no podía tener más de 50 miembros o el consejo social más de 20― y se muestran más cómodos con esta propuesta.

Financiación. La ley obliga a que las comunidades inviertan el 1% de su Producto Interior Bruto (PIB) a universidades públicas, cuando ahora reciben un 0,7%, con grandes diferencias regionales. El compromiso indigna a muchos gobiernos autonómicos, que reclaman más fondos al Estado. Entre 2008 y 2018, las universidades públicas españolas perdieron el 20% de su financiación, aunque ahora las partidas están creciendo.

Formación docente. A diferencia de los profesores de colegio o instituto, hasta ahora los de universidad no recibían ninguna preparación didáctica. “Si tú eres doctor, se da por supuesto que sabes dar clase”, se sorprende el ministro. Con la nueva ley, los ayudantes doctores ―el primer paso en la carrera como profesor universitario― tendrán que cursar un programa en metodologías docentes. Se deja en manos de cada campus su extensión y modalidad. Los ayudantes doctores creen que esta formación tendría que recibirse antes.

Apuesta por la ciencia en los campus privados. Las universidades privadas sin ánimo de lucro declaradas de interés social, a petición del PNV, van a poder participar en los programas públicos de fomento de la investigación y el desarrollo tecnológico. Estos planes, en los que se concursa, otorgan fondos para investigar en retos científicos como la covid, apostar por tecnologías emergentes, mejorar los centros de excelencia o las infraestructuras científicas y el equipamiento.

Ciencia abierta. Los artículos científicos firmados por el personal docente investigador de las 50 universidades públicas españolas tienen que ser de acceso libre, con independencia de quién los ha financiado. La Ley de Ciencia no va tan lejos. Los acuerdos con las editoriales tendrán que ser más transparentes y las agencias de acreditación valorarán al evaluar un currículo las revistas no indexadas (no incluidas en un repertorio de consulta mundial por su calidad), pero con fuerte impacto en un territorio o en la sociedad.

Ciencia ciudadana. Los estudiantes que se impliquen en proyectos de investigación verán premiado su esfuerzo en el currículo, quizá con la aprobación de créditos de la carrera (a decisión de cada campus). Subirats pretende que toda la ciudadanía se involucre.

Facilidades en los visados. Los estudiantes extranjeros no comunitarios no se verán obligados a renovar su permiso de residencia anualmente y los recién graduados podrán quedarse un año más sin tener que pedir una ampliación de la estancia en el país. Se enmarca en la estrategia del Gobierno para mejorar la internacionalización de las universidades españolas, que van a perder en una década un 20% de los alumnos de la franja de edad de los 18 a los 29 años.

Igualdad. Se contratará al candidato del sexo menos representado en igualdad de condiciones de idoneidad. La decisión está en manos de los tribunales de las oposiciones o los concursos de méritos.

Campus verdes. Más País ha logrado incluir una enmienda que obliga a las universidades a incluir en su plan de financiación una estrategia para la mitigación del cambio climático. Además, a iniciativa de este grupo, las universidades públicas no renovarán los convenios de adscripción con los colegios mayores que segreguen a chicos y chicas.

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