Los nuevos profesores de universidad recibirán un curso inicial para aprender a enseñar

El ministro de Universidades, Joan Subirats, pretende incluir en el proyecto de la Ley Orgánica para el Sistema Universitario (LOSU) un punto que obligue a los nuevos profesores a formarse como enseñantes, pues en la actualidad imparten clase sin ninguna formación pedagógica, a diferencia de los profesores de colegio o instituto. Serán los ayudantes doctores ―el primer paso en la carrera como profesor universitario― quienes cursen el programa en metodologías docentes, pero la LOSU no va a detallar su extensión o modalidad (presencial, a distancia o híbrida). Su formato se discutirá con los rectores y las comunidades autónomas. Este miércoles Subirats ha anunciado este cambio en el proyecto de ley en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades en el Congreso de los Diputados, a la que acude por primera vez.

Los ayudantes recibirán el curso el primer año. El convenio laboral de estos nuevos doctores —según la LOSU, que cambia las condiciones de figura contractual— será por seis años e impartirán “un máximo de 180 horas por curso académico, de forma que resulte compatible con el desarrollo de tareas de investigación para atender a los requerimientos para su futura acreditación [como profesor titular]”. En la actualidad, la docencia quita a estos recientes doctorados mucho tiempo ―los funcionarios se centran en la investigación, pues son estos méritos los que les permiten seguir progresando en su carrera― y tienen que hacer un gran esfuerzo para sacar horas para hacer ciencia, criterio imprescindible para pasar la criba de la agencia de evaluación ANECA y ser profesores permanentes (titulares o catedráticos). Además, a los tres años en el puesto, los contratados doctores tendrán que pasar una evaluación del desempeño de su actividad docente e investigadora.

La idea parte del ministro, que ha recordado a la prensa cómo en 1974, a los pocos días de empezar a ser profesor, tuvo que hablar “sobre teoría política de San Agustín sin que nadie me hubiese explicado en qué consistía dar clase”. Subirats pretende que se usen las unidades de innovación docente que ya tienen las universidades y confía en llegar a un acuerdo con los gobiernos autonómicos y la conferencia de rectores para la configuración de los cursos. “Sin pretender que sea una carga para ningún docente”, ha recalcado el ministro, “en pleno siglo XXI, con la de cambios tecnológicos que ha habido, creo que la formación inicial es necesaria”.

Algunas universidades (existen 89 en España, 50 de ellas públicas) imparten cursos de formación, pero no son obligatorios y los cursan una minoría. Por ejemplo, desde hace 15 años, la Autónoma de Madrid oferta 25 plazas gratuitas para que sus profesores cursen un título de experto en metodología docente universitaria. También lo ofrece la Universidad de La Laguna en Tenerife porque, explican en su web, “cada año se viene registrando una importante demanda de formación por parte del profesorado”. El título de la Universidad de Córdoba, por su parte, se destina a aquellos que llevan dando clase menos de cinco años y se divide en una parte de seminarios y otra de práctica docente con un mentor; y el curso de 100 horas de la Universidad Miguel Hernández de Alicante, para los que se inician en la enseñanza, intenta que los docentes adquieran habilidades que son clave: planificación, metodología, evaluación, motivación…

Cambios forzosos con la pandemia

La pandemia forzó a los profesores a mudar la docencia a la Red en apenas un día y ante la inquietud de muchos, que nunca habían impartido así clase, las universidades improvisaron cursos de adaptación en línea. La intención de los campus es ofertar más títulos a distancia, por lo que previsiblemente algunos van a dedicar a esta modalidad parte del curso. “Que los nuevos profesores puedan trabajar en tecnologías y en el valor de la presencialidad”, ha explicado Subirats.

En una entrevista el pasado enero en este diario Subirats, catedrático emérito en Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona, dejó entrever sus planes: “Deberíamos intentar conseguir que la universidad no sea una excepción. En el sentido en que en todos los niveles educativos, el profesor tiene que pasar por cursos de capacidad docente, excepto en la universidad. Si tú eres doctor, se da por supuesto que sabes dar clase”. Subirats sostiene que, ya la mayoría de los alumnos pasan por los campus solo cuatro años, la mejor forma de defenderles es a través de la docencia.

Los maestros de infantil y primaria son graduados en Educación y Magisterio, mientras los profesores de secundaria y bachillerato son graduados y han tenido que aprobar el Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) o, desde 2009, un máster en formación de profesorado. Además, aunque el sistema pueda ser mejorable, los nuevos funcionarios en los institutos trabajan en prácticas el primer año y son controlados por un inspector que está presente en algunas de las clases. De hecho, hay muchas críticas a esta preparación y el Ministerio de Educación afirma en un documento que quiere que deje de ser “un mero requisito” y sea sustituido por un verdadero proceso de “tutorización” que permita “aprender en la práctica”, aunque de momento no concreta más.

Volviendo a la universidad, muchos profesores mayores dan clase y apenas hacen ciencia, porque para progresar no se les obligó. Pero las nuevas hornadas de PDI (Personal Docente Investigador) sí que se ven forzadas a investigar para pasar las distintas cribas de la ANECA y así ir subiendo en el escalafón y poder dirigir una tesis o dar clase en determinados másteres. La universidad se ha centrado tanto en la ciencia que muchos creen que se ha descuidado la docencia. Subirats sostiene que una universidad no puede ser solo una academia que imparte clase o un laboratorio en el que se investiga, sino que hay que llegar a un equilibro. Por eso, la ANECA trabaja en un sexenio ―complemento salarial, cada uno de unos 100 euros mensuales― que reconozca la labor docente. Esta formación docente previa perfila hacia donde van los pasos del ministerio, que insiste en mejorar la docencia.

Si se aprueba la ley, de esta medida se beneficiarán muchos nuevos docentes, pues el 53,5% del profesorado permanente actual habrá alcanzado la edad de jubilación para el curso 2030-31.

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