La tramitación de la nueva ley universitaria prosigue pese a la marcha de Castells

La salida de Manuel Castells del Ministerio de Universidades no trastoca, en principio, los planes de este a medio plazo. El departamento acordó con todos los sectores ―la conferencia de rectores (CRUE), los sindicatos y los estudiantes― que renegociarían la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) hasta la última semana de enero o primera de febrero, y con la marcha de Castells, presumiblemente, los plazos se alargarán. “Van a aprobar la ley sea como sea, porque hay un compromiso con Bruselas para que den los fondos europeos”, apunta un rector. “Otra cosa será que sea la ley que le gusta a Europa”.

En febrero de 2021 el Gobierno español adelantó a la Unión Europea que este otoño tendría un anteproyecto de ley que modernizase la actual, la Ley Orgánica de Universidades (LOU, 2001), que fue en parte reformulada en 2007 para adaptarse al Plan Bolonia. Todos los estamentos ―incluidos los partidos políticos― coinciden en que la ley está obsoleta, pero son incapaces de consensuar una nueva. Bruselas condicionó la entrega de 70.000 millones de euros a España a cambios en las políticas de sus ministerios y en su paquete de compromisos ―junto a la digitalización de los centros y la recualificación de la plantilla, que ya están en marcha― Universidades introdujo el compromiso de una nueva norma.

Durante el primer Gobierno en solitario de los socialistas (2018-2019), el ministro del ramo, Pedro Duque, no pensó en cambiar la norma, sino en hacer cambios en la LOU. Pues pensaba que con tanta disparidad de partidos en el Congreso, su aprobación era inviable. Pero la ley Celaá del Ministerio de Educación salió adelante hace ahora un año ―siete partidos votaron a favor y cinco se abstuvieron― y el Gobierno del PSOE y Podemos vio que era factible aprobar la LOSU. La puntilla para cambiar la estrategia fueron las presiones de Bruselas para terminar con una Universidad española poco ágil en su gestión, con unas tasas de transferencia de conocimiento bajas ―pese a ser altas en investigación― o con una endogamia desbocada ―7 de cada 10 profesores imparten clase donde se doctoraron―.

La intención del Gobierno es que en el próximo semestre se apruebe la LOSU y la reforma de la ley de la Ciencia. Los dos ministerios ―Universidades y Ciencia― se reúnen desde julio todas las semanas para tratar de que casen los proyectos, pues el 63% de la investigación se hace en los campus. “Son dos leyes gemelas, va en serio, no es propaganda de Gobierno. Vamos a demostrar que desde dos ministerios distintos si hay voluntad política se hace”, aseguró Castells a este diario a inicios de diciembre. Aunque Castells habla de una “muy buena relación” con Duque y su sucesora, Diana Morant, la relación entre ambos departamentos mejoró con el cambio de ministro en Ciencia.

A los rectores les distancia del ministerio fundamentalmente dos asuntos, según Castells: no quieren reservar el 15% de las plazas para profesores asociados doctores ―quieren que sea un concurso libre― y descartan que al puesto de rector pueda postularse alguien que no sea catedrático. Castells ha afinado las condiciones y el ministro lo explicaba así en EL PAÍS: “Los rectores ya están menos en contra. Lo de los asociados se entiende cuando se explica bien. Es para gente que sea doctor, esté acreditada y lleve al menos cinco años enseñando en la universidad, e incluye un número más amplio de personal, como los sustitutos. Eso reduce extraordinariamente el problema en términos cuantitativos”. Sin embargo, los rectores no dan ese punto por saldado.

José Carlos Villamandos, el presidente de los rectores, discrepa: “A los rectores nos preocupa más la constitución de los órganos de gobierno y representación y la carrera profesional. Así como que la autonomía universitaria y la financiación se vean reforzadas y sometidas a rendición de cuentas”.

Respecto al perfil del candidato a rector, Castells no estaba dispuesto a ceder. “No, algunas cosas son de sentido común. No hemos dicho que tienen que ser rectores los profesores titulares o los catedráticos, hemos cambiado un criterio de rango por uno de méritos: tres sexenios de investigación, tres quinquenios de enseñanza y años de experiencia de gestión”, sostuvo en este medio.

Negociaciones con Esquerra

Aunque Castells aseguró en la entrevista que el Gobierno tenía los votos para aprobar la LOSU “salvo algunos ajustes”, lo cierto es que las universidades catalanas ―con un modelo propio de competencia entre ellas para recaudar una parte grande de los fondos― reclaman una independencia jurídica que el proyecto no les concede y la negociación con Esquerra será dura. A preguntas de este diario, el Departamento de Investigación y Universidades de la Generalitat ―en manos de Esquerra― argumentó por escrito sobre la norma: “Esta ley orgánica no presenta ningún modelo de universidad y, por tanto, el sistema universitario catalán no se siente reconocido. No hacemos una valoración positiva, ya que esta ley es uniformadora y centralista”.

“El articulado de la ley plantea el 55% de funcionarios porque en todas las comunidades autónomas (excepto Cataluña y País Vasco) son las únicas figuras de profesorado permanente. Nuestra propuesta es que cambien en la ley la palabra ‘funcionarios’ por ‘permanentes’. De esta forma, el espíritu de la ley seguiría, pero las comunidades autónomas podríamos desarrollar carreras académicas y programas de PDI (Personal Docente Investigador) propio”, sostiene la Generalitat, que presentó un centenar de páginas de alegaciones a la LOSU, en la respuesta por escrito a este diario.

El Ministerio de Universidades tiene un presupuesto de apenas 258 millones de euros. Legisla, pero son las autonomías las que gestionan las partidas y hay resquemores en la puesta en marcha de la LOSU. Tras la última conferencia con las autonomías, el consejero madrileño Enrique Ossorio expresó una preocupación compartida: “El ministerio invita a esta fiesta, pero la vamos a tener que pagar los demás”. Desde la izquierda también se reclaman más fondos. La consejera de Aragón, Maru Díaz, de Podemos pidió a Castells que cambie el modelo y que sea el ministerio quien mediante una financiación finalista ―ahora no puede forzar a las regiones a destinar la partida a una política concreta― se haga cargo de las iniciativas que lanza. Por ejemplo, el complemento salarial que desde hace unos meses premia la transferencia de conocimiento o el que está en marcha de docencia (unos 100 euros mensuales por cada sexenio).

La memoria económica de la LOSU no cifra un aumento de la inversión, sino que remite a la ley Celaá, la Lomloe (diciembre de 2020). Esta norma marca que la inversión en todas las enseñanzas alcance en 2025 al menos un 5% del Producto Interior Bruto y en proporción a universidades le correspondería en torno a un 1% del PIB. Jorge Sainz, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos y secretario general de Universidades con el PP, cree que “la financiación de la ley de universidades es irreal”. Invertir un 1% del PIB en universidades supondría que en Madrid debería crecer el gasto un 36%, en 536 millones. O con España como referencia, la inversión tendría que agrandarse un 18%. “El 1% del PIB de España en 2021 son 11.212 millones y el gasto público en universidades en 2018 ―el último año del que hay datos―, fue de 9.504 millones. Es decir, habría que invertir 1.715 millones más en universidades”, calcula.

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